Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. Pesa sobre la Comunitat valenciana una suerte de maldición: aparecer siempre desenfocada a los ojos del Estado, gobierne quien gobierne. 7 años, 47 aplazamientos, pero a la tercera va la vencida. Llegó el momento esta semana de debatir la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, que las valencianas y valencianos llevamos esperando desde 2011. Luz verde por fin de las Cortes Generales.
Ha pasado mucho tiempo de aquella histórica manifestación de más de medio millón de personas que el 9 de octubre de 1977 recorría la ciudad de Valencia bajo el lema: "Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomía". Tan sólo dos años después de la muerte de Franco, a pocos meses de las primeras elecciones democráticas, aún sin Constitución Española, la ciudadanía valenciana salía masivamente a la calle. Lo hacía ilusionada y alegre, no hay más que ver las fotos de aquella manifestación; lo hacía unida para reivindicar -por encima de todas las diferencias políticas, de edad, y de condición social- nuestra identidad como pueblo, nuestra voluntad de autogobierno y nuestro derecho a la prosperidad.
Yo no pateé entonces esas calles, tenía apenas 5 años cumplidos, pero reconozco que me gusta esa gesta épica, ese espíritu de superación de las diferencias, esa generosidad, valentía y alegría que representó en aquel momento la unidad. El pueblo valenciano valedor de un consenso a la altura de su tiempo, pisando con fuerza las calles en defensa de su libertad, su dignidad, y consciente de su responsabilidad al abrazar la modernidad tan deseada.
Muchas de aquellas reivindicaciones, desgraciadamente, siguen hoy vigentes. Más de 40 años después somos el vagón de cola de la inversión del Estado y los peores financiados, lo que hipoteca y de qué manera nuestro estado de bienestar cada día, y agudiza la brecha social y territorial. No es de recibo. No valoran nuestro peso poblacional, ni nuestra aportación al PIB nacional, ni el número de exportaciones que realizamos, ni la importancia de nuestro territorio por su posición geoestratégica en el Mediterráneo y la inmejorable conexión que favorece con los mercados europeos, ni el motor turístico y cultural que representamos.
A los valencianos y valencianas nos sobran los motivos para no cejar en el empeño de reivindicar lo que nos corresponde. Por eso no dudé en recorrer las calles nuevamente en 2017 con una marcha de consenso social, empresarial, sindical y casi político, porque el Partido popular decidió incomprensiblemente faltar a esa cita.
Otra instantánea tomada esta semana en Madrid, nos recuerda la importancia de aquello de que la unión hace la fuerza, que hemos aprendido de tantas maneras y en tantos contextos la ciudadanía. La Reforma del Estatuto valenciano consiste en blindar las inversiones en nuestra Comunitat en función de nuestro peso poblacional en el conjunto del Estado. Una cláusula no vinculante, según doctrina del Tribunal Constitucional, pero con indubitado peso político, porque seremos parte de las decisiones en una Comisión cuyos acuerdos se deberán respetar y traducir presupuestariamente. Es una ventana abierta a nuestra tierra. Los significantes importan.
Esta reforma recoge una de las reivindicaciones importantes que había llegado a Madrid envuelta en unidad, pero que al final ha quedado empañada por la abstención del partido político de Albert Rivera, Ciudadanos, cuya palabra es siempre volátil y en esta ocasión hiriente por el menosprecio que comporta. Un postureo incomprensible e inexplicable incluso por parte de los dirigentes autonómicos de esta fuerza política que huyen de hacer declaraciones y prefieren que el tiempo pase rápido para que se olvide cuanto antes, porque saben que esta actitud choca frontalmente con la defensa de los intereses del pueblo valenciano. Por eso, porque son conscientes, mandaron a un diputado asturiano a defender lo indefendible en la aprobación del dictamen en la Comisión constitucional del Congreso.
Nuestros mayores salieron de sus casas hace cuarenta años a reivindicar otra manera de organizarnos a nivel territorial. Hoy, con ocasión del aniversario de la Constitución, el debate sobre el modelo territorial sigue más que nunca abierto, y no sólo por Cataluña, que también. No hemos de perder la oportunidad de seguir defendiendo unitariamente y con optimismo el modelo de país que queremos, el autogobierno al que aspiramos para seguir mejorando, desde los principios de proximidad y subsidiariedad, la vida de los valencianos y valencianas; y el modelo de financiación justa que merecemos para que el Estado de bienestar signifique eso, vivir realmente mejor. Y exigir la condonación de la deuda que nos atenaza.
El pesimismo es un lujo que no podemos permitirnos quienes queremos seguir avanzando en la defensa de los derechos humanos. Precisamente actuamos en su defensa esta semana, en que también tomamos conciencia en el 70 aniversario de la Declaración Universal, de todo lo que aún en término de derechos sigue pendiente en la agenda de todos los gobiernos y en todos los niveles territoriales, dentro y fuera de nuestro país.
El último Pleno del Congreso de los Diputados de 2018 nos traerá a la Comunitat valenciana, vísperas de Navidad, un gesto político convertido en norma, que increíblemente representa toda una gesta y un avance. Queda lo más difícil, lo que durante cuatro décadas no hemos logrado, que los valencianos estemos unidos reivindicando en la centralidad política desde la que se nos ignora, que en el centro de la acción política estatal esté de una vez por todas la ciudadanía valenciana y sus derechos. Lo demás serán de nuevo cantos de sirena y de ellos ya estamos suficientemente vacunados. Seguiremos demostrando por todas las vías hasta que depongan su actitud, quienes tienen asumida la responsabilidad de hacernos más felices y mejorar nuestras vidas, que nuestra voz es una porque som un sol poble en peu.
Fabiola Meco es diputada y portavoz adjunta de Podem en Les Corts Valencianes