¿Son sostenibles las pensiones?

VALENCIA. A día de hoy, cada dos ocupados estaríamos “sosteniendo” a un jubilado. Dicho con otras palabras, como el sistema español de pensiones utiliza el criterio de reparto, los jubilados actuales reciben las pensiones resultantes de las aportaciones de los que estamos trabajando en el momento presente. Si ello no fuera suficiente, se recurriría al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la “Hucha”, de la que ya hemos hablado anteriormente en esta columna) y, en última instancia, los Presupuestos Generales del Estado completarían la aportación necesaria para atender todos los derechos generados.

Este tema ha vuelto a ser de actualidad después del debate “a cuatro” del pasado día 7 de diciembre, donde se mencionó que, en la actualidad, existirían unos 17 millones de perceptores de pensiones o subsidios (éstos últimos incluirían no sólo a parados, sino también a becarios y otros grupos que recibirían transferencias públicas).

Dejando aparte los subsidios, el último dato de ocupados procedente de la Encuesta de Población Activa (EPA) es de 18 millones (y un número de parados de 4.850.000, lo que supone un total de casi 23 millones de activos). La cifra más alta de la serie histórica se alcanzó en 2007, con 20 millones y medio de ocupados. Los afiliados a la Seguridad Social serían algunos menos, puesto que parte de los trabajadores se encuentran en otros regímenes (aproximadamente 1 millón). Respecto al número de pensionistas, la cifra de la Seguridad Social actualizada a noviembre de 2015 es que hay un total de 9.349.000 perceptores de pensiones (bien sea de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad).

De ellos, más de 5 millones y medio son de jubilación, más de 2.300.000 lo son de viudedad, mientras que hay un millón de incapacitados de forma permanente y más de 300.000 huérfanos que reciben una pequeña pensión. De la comparación de los 18 millones de ocupados y los algo más de 9 de pensionistas saldría la ratio 2 a 1 que he mencionado más arriba (en el gráfico 1 se muestra la evolución de la ratio, que alcanzó un 2.71 en 2007).

Por otro lado, no debemos olvidar que la cifra record de ocupación por encima de los 20 millones se logró, precisamente, en 2007, el año de mayor entrada de trabajadores inmigrantes. Recientemente en el blog de Bruegel el español Jaume Martín harealizado una entrada muy interesante sobre la inmigración en España, incluyendo una serie de gráficos muy ilustrativos, diferenciando grupos de edad y formación. Destaca la elevada cifra de inmigración entre 2002 y 2012, la segunda del mundo, sólo después de Estados Unidos y, en especial, pasar de ser un país con un 2% de población extranjera al 12%. Estos grandes flujos pueden verse en el gráfico 2.

Pero, lo más importante, desde mitad de los años 2000 no sólo hubo importantes flujos de inmigración, sino también de emigración, al tiempo que el principal grupo objeto de estas migraciones es el europeo, seguido por Latinoamérica y, a mayor distancia, África. En 2015, de los 18 millones de personas que trabajan en España 15 millones y medio son de nacionalidad española, casi 2 millones son extranjeros (en el gráfico 3 se ve su evolución) y 460.000 tienen doble nacionalidad. De los trabajadores extranjeros, casi un millón pertenecen a otros países europeos, mayoritariamente socios de la UE. 

Como la mayoría de la población extranjera ha llegado a nuestro país para trabajar, tiene una tasa de actividad mucho mayor a la española. Hoy en día y según la EPA, el 73% frente al exiguo 57% de los nacionales. También el paro les afecta más duramente: un 30% frente al 21%, con datos de noviembre de este año. 

Desde el punto de vista económico, el profesor George Borjas, de la Kennedy School de Harvard, es uno de los mayores expertos en este tema. Generalmente la emigración reporta beneficios para el país receptor, principalmente, puesto que suelen contribuir al crecimiento de la producción y contribuyen a través de sus cotizaciones sociales y el pago de impuestos. También se beneficia el país emisor, puesto que recibe las transferencias realizados por éstos a sus familias. No obstante, estos beneficios potenciales dependen de la cualificación de los emigrantes, así como de la estructura demográfica del país receptor. 

En el caso español, los casi 3 millones de trabajadores extranjeros que durante la década de los 2000 llegaron a estar empleados contribuyeron con su aportación al (entonces) superávit en la Seguridad Social y ayudaron a llegar a los famosos 20 millones (casi 21) de personas ocupadas. Desde el punto de vista de la cualificación, los de origen europeo tienen, en promedio, un poco más de formación que los nacionales, mientras que ocurre lo contrario con las restantes procedencias. Pero no debemos olvidar que, simultáneamente, también trabajadores españoles se desplazan a otros países, un proceso iniciado ya antes de la crisis y que también es resultado de la integración europea y de la globalización, con una población cada vez más cualificada que no siempre encuentra trabajos adecuados en España.

Lo que hemos vivido en los últimos años ha sido un proceso de apertura en los mercados de factores productivos: la libre circulación de capitales y la de trabajadores, propias de un mercado común, han cambiado, por un lado, la forma de financiarnos y, por otro, el mercado de trabajo español. Merece la pena reflexionar sobre si ambos procesos han sido lo suficientemente ordenados pero, sin duda, son irreversibles. Debemos acostumbrarnos a que nuestra referencia va más allá de las fronteras españolas y que nuestro territorio es, al menos, el europeo. Compartimos también con buena parte de los países europeos que somos una sociedad envejecida y que la sostenibilidad de nuestro sistema (y de nuestras pensiones) depende de la capacidad que tengamos para crear puestos de trabajo que empleen a la mayor parte de los que quieren trabajar y no pueden, procedan de donde procedan. Y también que, en ocasiones, sea necesario buscar trabajo más allá de los Pirineos.