Núñez Feijóo va a la Moncloa a hablar tres horas con Pedro Sánchez y no abordan el problema de la financiación autonómica, que nunca fue una prioridad para Sánchez y menos aún lo es para el todavía presidente de Galicia. Nada nuevo. Tres horas dan para mucho, pero había tantas cosas de qué hablar: Marruecos, la guerra de Ucrania, el Consejo General del Poder Judicial, los tres goles de Benzema… Y, claro, el decreto-ley anticrisis aprobado por el Gobierno central el 29 de marzo, que ya está en vigor pero debe ser votado en el Congreso en el plazo de un mes.
Feijóo ha propuesto alguna medida adicional para que el PP vote a favor del decreto-ley en lugar de abstenerse. No votará en contra, no tendría sentido puesto que las medidas son necesarias aunque puedan ser insuficientes –por ejemplo, el Gobierno olvidadizo no incluyó entre los sectores que merecen una ayuda por su alto consumo de gas a las esmalteras o al textil–, así que la convalidación del decreto-ley está asegurada.
La propuesta más importante de Feijóo es lo que en el PP continúan llamando "una bajada de impuestos", lo que provoca el inmediato rechazo de la izquierda. "¿Y la sanidad quién la paga?", zanjan quienes están en contra de cualquier rebaja de impuestos por considerarlo algo liberal y de derechas, argumento tan simple como el de que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos", que repiten los del otro lado. El debate está polarizado pero hay una cosa obvia que los cerriles no quieren admitir: se pueden bajar algunos impuestos. La prueba está en que, tras resistirse durante meses y negar que fuera posible, el Gobierno central bajó en su día el IVA de las mascarillas y después los impuestos que gravan la factura de la luz, y ahora regala 15 céntimos de euro por litro de gasolina a los conductores en forma de bonificación, que para las arcas de la administración es lo mismo que si le rebajara 15 céntimos en impuestos. Creando, por cierto, otro problema donde no lo había, en este caso con los gasolineros.
El debate está hoy en el IRPF, en la adaptación del Impuesto sobre la Renta a la altísima inflación que padecemos. Sin esta corrección –técnicamente denominada "deflactación"–, el Estado y las CCAA están contribuyendo a ahogar con más impuestos al ciudadano que está padeciendo la subida de precios. Se lo han pedido los economistas, se lo han reclamado varios partidos políticos y el otro día en La Moncloa se lo pidió Feijóo, una deflactación "de forma selectiva y temporal" para las rentas medias y bajas, que son las que más sufren esta subida encubierta del impuesto. Esta propuesta no es en realidad una bajada de impuestos sino una 'no subida' del IRPF.
La ministra Montero lleva meses resistiéndose y volvía a rechazarlo este viernes mientras el Gobierno de Puig tampoco está por la labor de actualizar el tramo autonómico. Y podría hacerlo, como Camps en 2009 cuando Zapatero se negó a deflactar el tramo estatal. ¿Y Feijóo? Porque si tan buena medida le parece, podría aplicarla mañana al tramo autonómico de Galicia. También han deflactado este año sus impuestos –y las retenciones en la nómina, que tiene efecto inmediato para aliviar las estrecheces en las familias– las diputaciones vascas y el Gobierno de Navarra presidido por la socialista María Chivite, que igual también es de derechas y no nos hemos enterado.
Conviene no apasionarse demasiado a la contra porque, como ocurrió con las mascarillas y la factura de la luz, quienes ahora se oponen a esta medida, todos ellos sin estrecheces económicas, tendrán que defender justo lo contrario –sin ruborizarse, están acostumbrados– cuando el Gobierno, otra vez tarde, rectifique y deje de dar armas al populismo.
"La inflación ataca a quien menos tiene", dijo el otro día Ximo Puig, que en el Plan Reactiva presentado esta semana solo incluyó una medida real para ayudar a las familias a sobrellevar la subida de los precios de los últimos meses: aumentar del 25 al 30% el bono de ayuda energética incluido en la Renta Valenciana de Inclusión. La inflación "es el peor combustible para la convivencia y es el mejor combustible para los populismos", añadió Puig, que percibe el cabreo generalizado al observar cómo sube Vox en las encuestas igual que sube Marine Le Pen en Francia.
Da la impresión, aunque sea un tópico, de que Sánchez y Puig no pisan la calle y no conocen el alcance del drama. Que solo miran grandes números y no la factura del gas que pagan por igual ricos y pobres; que les mueven los 4.000 millones que van a ingresar por la no deflactación del IRPF porque no les bastan los muchos miles de millones de IVA adicionales por la subida de la inflación. ¿Van a presumir de eso ante los ciudadanos? Cientos de miles de familias que están soportando el aumento de precios de los carburantes, la calefacción y los alimentos tienen que soportar, además, una subida de impuestos y la respuesta es: tenemos 4.000 millones más para ayudar a las familias necesitadas, pónganse a la cola; o 'ayudo' con más impuestos a que no llegues a fin de mes pero puedes pedir el bono social…
El riesgo de pobreza y/o exclusión social afectó al 29,3% de la población en la Comunitat Valenciana en 2020, es decir a 1,47 millones de personas, según los datos de la EAPN España y la EAPN Comunitat Valenciana (European Anti-poverty Network). Las personas que no podían mantener la vivienda a una temperatura adecuada se duplicó hasta alcanzar al 13,6%. Esto era en 2020, cuando la factura de la calefacción era menos de la mitad que en la actualidad.
Según los datos del estudio Camins d'incertesa i frustració. Les classes mitjanes valencianes (2004-2018), del profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València Rafael Castelló-Cogollos, "las clases medias valencianas se acercan a las bajas y han empeorado durante los últimos años sus condiciones de vida más que en el resto de España". Bien, pues a estas clases medias que se acercan a las consideradas más humildes y a todos aquellos que ganen más de 15.000 euros el Gobierno y la Generalitat valenciana también les subirán el IRPF de manera encubierta a poco que aumenten su sueldo por el efecto de la inflación. La inflación interanual está en el 9,8% y el Banco de España estima que la inflación media este año acabará en el 7,5%, que se suma al 3,1% medio de 2021, cuando tampoco se deflactó la tarifa del IRPF.
Esta no actualización del IRPF afecta sobre todo a las familias que están pasando más estrecheces de las que estaban acostumbradas, esas sin una ideología definida que igual acaban votando al partido que está captando el voto del cabreo. La no deflactación es regresiva, impropia de un gobierno que presume de hace pagar más "a los ricos". Aquí los castigados son los que van camino de la pobreza por un agravante añadido que no alcanza a las rentas medias y altas: las deducciones de las que se benefician las rentas medio-bajas y bajas en el IRPF tienen un límite, generalmente en 23.000 euros de base liquidable. Las familias que por un leve aumento de sueldo sobrepasen ese límite perderán poder adquisitivo, pagarán más IRPF por subir de tramo y, además, perderán las deducciones. Serán más pobres por culpa de la inflación, del Gobierno y de la Generalitat. La inflación ataca a quien menos tiene, como decía Puig. Y el empecinamiento de algunos gobernantes también.