Posiblemente la política no pueda arreglarlo todo. Menos aún si no plantea oportunidad para el diálogo, la cesión y la conclusión de un acuerdo ante posiciones enfrentadas. Pero no parece lógico que sea incluso un obstáculo para mejorar la vida de la gente, porque no debiéramos olvidar que la política es, o habría de ser, precisamente eso: cómo tomar las mejores decisiones para el mayor número de personas que vivimos en sociedad.
Quizá por esa clase de política que no lo es en realidad es por lo que sigue hoy sin solucionarse el conflicto del agua en España. Por eso y porque la posición de unos y otros durante muchos años ha emponzoñado de manera constante y cada vez más la cuestión. Y es que solo la eterna miopía de quienes han gobernado desde Madrid, o en autonomías como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia o Castilla-La Mancha, sin observar criterios meramente técnicos y científicos, y con ello, perfectamente posibles de explicación y demostración, tiene la culpa de que de nuevo andemos guerreando por el agua entre territorios.
El Trasvase Tajo-Segura no es una ocurrencia sin más, producto de una época desarrollista en materia de infraestructuras. Es mucho más que eso y responde a la solución técnica ideada por el ingeniero madrileño Manuel Lorenzo Pardo en su proyecto de obras públicas hidráulicas de 1933, que partía de dos hechos objetivos: primero, el desequilibrio hídrico entre la España húmeda y la España seca; y segundo, y a pesar de lo anterior, la mayor productividad agrícola demostrada en las tierras de esa España seca, o más bien altamente irregular en tema de lluvias. De hecho, la solución de Lorenzo Pardo era la continuación de proyectos de canalización, embalse y trasvasado de aguas fluviales que se iniciaron a mediados del siglo XVIII en la España de Fernando VI, tras alguna iniciativa previa ya en el siglo XVI durante el reinado de Felipe II para trasvasar agua del Guadalquivir al sureste peninsular. Sin embargo, no fue hasta ese año 1933 cuando Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, elevó a las Cortes de la II República para su aprobación el proyecto inicial de Trasvase Tajo-Segura. Pero si algo ha de recordarse especialmente de aquella propuesta es el profundo sentido de Estado que conllevaba, y que se refleja en las palabras de aquel ministro socialista, refiriéndose al trasvase como “una obra que no es favoritismo, ni local ni regional, sino una obra genuina, honda y netamente española”, llegando a reclamar la colaboración para tal empresa “de quienes hoy gobiernan, de quienes están en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano, y, oídlo, de quienes están contra él”.
La Guerra Civil y las penurias económicas consecuentes en España fueron causa del parón del trasvase, pero no de su olvido, y por ello se retomó la solución al problema en 1968, aprobándose definitivamente el Trasvase Tajo-Segura e iniciándose sus obras. Poco más de una década después, ya en periodo democrático, llegaban las primeras aguas al sureste español a través de la que es, seguramente, la mayor obra de ingeniería hidráulica llevada a cabo en nuestro país.
Tan innegable e indiscutible como el impacto económico y social del Trasvase en tierras almerienses, murcianas o alicantinas es la eficiencia en la gestión del recurso, dado que la contribución al PIB nacional de un sector estratégico como el agrícola en tierras regadas por aguas del Trasvase se eleva ya a más de 3.000 millones de euros, la mitad directamente por la agricultura, y la otra mitad por actividades vinculadas, generando más de 100.000 mil empleos en la zona, según datos de la consultora PwC, cuando nunca, ni de lejos, se ha alcanzado el máximo nivel trasvasable previsto desde 1979.
Hoy, con la reciente noticia de la decisión de recortar el Trasvase Tajo-Segura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a cargo de Teresa Ribera, también socialista como aquel Indalecio Prieto que hace casi un siglo reclamaba defender el proyecto más allá de condicionantes ideológicos como una obra netamente española, cabe plantearse, una vez más, si los políticos están para solucionar problemas o para generarlos. Porque siendo evidente que el modelo de gestión hídrica pueda tener que ser revisado por causas como el innegable cambio climático, ni la imposición ni los cambios unilaterales pueden ser la opción. En ello ha incidido el Consejo de Estado hace unos días al señalar la necesidad de que las decisiones en gestión de recursos hídricos se tomen con base en la coordinación y la coherencia general entre instrumentos de planificación de cuenca particulares.
En pocas palabras: menos política y, sobre todo, menos electoralismo en materia de gestión de agua, y más evidencia científica y perspectiva técnica en su planificación. Si tuvimos gestores en su día a la altura de las necesidades, seguro que ahora podemos encontrar alguno.
