VALÈNCIA (EP). La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha acordado desconvocar la protesta prevista para este miércoles 24 de abril frente al Complejo 9 d'Octubre de València para denunciar la "falta de inspección" y la situación de "competencia desleal e intrusismo" de las VTC, y ha establecido un plazo de un mes para ver si la Conselleria "realmente cumple los compromisos" adquiridos.
Así lo ha decidido la entidad después de haber mantenido en los últimos días varias reuniones con la Dirección General de Transportes de la Generalitat, que se ha comprometido, según subraya la Confederación en un comunicado, a "proteger" del "intrusismo" a este sector con "todos los medios" a su alcance.
En este sentido, el colectivo de taxistas ha marcado un plazo de un mes para ver si "realmente se cumplen los compromisos" y ha aplazado a la última semana de mayo la decisión para acordar si vuelve a convocar protestas en junio, julio y agosto.
Al respecto, la Confederación ha insistido en la "difícil situación" creada ante la falta de una inspección "eficaz" a causa del "intrusismo" que sufre el sector "desde hace años", tanto de VTC como de "taxis piratas" en "toda" la Comunitat Valenciana. A ello se suma la "inquietud" generada por la sentencia del Tribunal Supremo contra la ratio 1/30, que puede suponer que "más de 4.000 VTC solicitadas entre 2015 y 2018 salgan a la calle en los próximos meses".
Desde la entidad han subrayado que el director general de Transportes de la Generalitat les ha trasladado "de forma reiterada" que la Consellera "apuesta por el taxi como un referente en el servicio de transporte público" y que lo va a "proteger del intrusismo" con "todos los medios a su alcance".
Además, desde la Administración autonómica han alegado que llevan "tan solo ocho meses al frente" de la Conselleria, por lo que no son "responsables de la herencia recibida" por el anterior gobierno, y han avanzado que en las "próximas semanas" se convocarán las "mesas contra el intrusismo" para ver "en que se está fallando" y con el fin de "encontrar soluciones".
En concreto, la Conselleria se ha comprometido, según la Confederación, a ampliar el número de inspectores, dar instrucciones para "clarificar" la aplicación "correcta" del régimen sancionador y que sea "eficaz" y, en caso de no ser "suficiente", se modificará la normativa autonómica para evitar que las VTC realicen servicios urbanos "sin autorización".
Además, la Administración autonómica ha apuntado que, de "las más de 4.000 VTC solicitadas entre 2015 y 2018", se han denegado "unas 3.000 de forma definitiva". Y sobre las 1.000 VTC "pendientes", la Conselleria facilitará a la Confederación datos "con más detalle", aunque, en cualquier caso, ha garantizado que va a destinar "todas las herramientas necesarias" para que sigan "el mismo recorrido que el resto".
En esta línea, desde la Confederación han manifestado que comprenden que "muchas de las deficiencias" que sufre el sector "no son responsabilidad de esta nueva Conselleria", pero han subrayado que "gobierne quien gobierne" van a seguir con su "política de diálogo y firmeza" en la defensa de unas condiciones de trabajo "dignas" y "sin competencia desleal".
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