Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). La técnico-artística Raquel Gutiérrez, trabajadora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) desde 2005 hasta la actualidad, ha atribuido a la entonces directora del museo Consuelo Ciscar y al experto Tomás Llorens la decisión de compra de obras para la entidad: "Había una comisión de adquisiciones pero allí no se votaba nada. Solo había un diálogo entre Ciscar y Llorens".
Gutiérrez se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Ciscar, el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda, por la pieza 2 del caso IVAM, relativa a un presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.
La pieza principal del procedimiento, centrada en presuntas irregularidades de Ciscar para promocionar la carrera artística de su hijo, Rafael Blasco, conocido como 'Rablaci', acabó en septiembre con una conformidad: Ciscar reconoció que malversó y aceptó la pena de un año y medio de cárcel --frente a los 12 que le pedían--.
En la pieza de Rueda, la Fiscalía reclama para Ciscar la pena de seis años de prisión y multa de 144.000 euros por un delito continuado de prevaricación administrativa, de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Para Lledó pide cinco años y seis meses de cárcel y multa de 63.000 euros; y para Rueda, cinco años por un delito continuado de malversación. Además, solicita una indemnización para el IVAM de 3.456.876 euros.
Gutiérrez, quien estuvo imputada durante la instrucción del procedimiento y luego varió su condición a la de testigo, ha explicado que cuando aterrizó en el IVAM no había escuchado "nada" de Rueda.
Ha indicado que el proceso de adquisición de obras de arte pasaba por una comisión de la que ella formaba parte como vocal junto a la director, el entonces director económico y el experto Tomás Llorens. "Tenía un carácter consultivo y se modificó con la llegada de Ciscar, que eliminó a dos conservadores", ha dicho.
La testigo ha indicado que no había "ningún protocolo" que estableciera una manera de funcionar para la comisión. "Se recibían las distintas propuestas de adquisición, yo las archivaba y las preparaba para la comisión. Antes se las presentaba a Ciscar y ella seleccionaba lo que finalmente se trasladaría a la reunión de la comisión", ha expuesto.
"Era un documento Word, algo muy sencillo", ha puntualizado Gutiérrez, que ha agregado que las reuniones se celebraban en el despacho de Ciscar. "En ellas había un diálogo entre Tomás Llorens y la directora. Lledó y yo éramos meros vocales sin ningún tipo de palabra. No se nos pedía ningún tipo de opinión al respecto. No había votación. Yo solo estaba ahí para saber lo que entraba y lo que no y luego gestionar las tareas administrativas", ha apuntado.
Después de que la comisión aprobara la obra --sin voto-- y cuando la gestión económica hacía la propuesta de gasto, el conservador hacía su informe. "Ahora esto no funciona así. Es todo lo contrario", ha apostillado.
La testigo no pudo ver el contrato firmado con Rueda en 2004 pero sí participó en el del año 2006, relativo a la venta-donación. Ha expuesto que se enteró de la propuesta por un mail de la directora en el que había una carta de Rueda con más detalles. Ésta luego no se llevó a la comisión de adquisiciones y, tras ello, recibió una llamada de Ciscar para ir a su despacho junto a Lledó y allí se les dijo: "Esto es lo que va a comprar el IVAM y en su día se hará una exposición" --en relación a la obra de Rueda--.
"Fue una reunión muy fugaz, en su despacho y sin sentarnos. Nos dijo que le había llegado la propuesta y que consideraba que era interesante. Y ya está", ha reproducido.
La testigo, que ha corroborado que fue José Luis Rueda quien estableció que las obras debían fundirse en la Fundición Capa, ha explicado que el hijo del artista estaba "siempre" muy presente en las exposiciones y trabajos de su padre: "A mí me podía llamar muchas veces y mandar correos con indicaciones pero yo todo antes tenía que pasar por Ciscar y contar con su visto bueno porque Rueda no es el IVAM".
Preguntada por si Ciscar estaba al corriente de las gestiones que realizaba el IVAM o, por contra, tal y como ella mantiene, solo hacía labores institucionales, la testigo ha manifestado que la entonces directora "sabía perfectamente lo que se gestionaba". "Tenía muy claro lo que decía, lo que le interesaba y había que darle un reporte continuo. Mi trabajo lo tenía muy marcado. Ella era una persona cien por cien volcada en su trabajo, con una dedicación absolutamente exclusiva", ha narrado.
Por otro lado, este martes ha declarado como testigo el sustituto de Ciscar en el IVAM entre los años 2014 a 2020, José Miguel García Cortés, quien ha explicado que cuando accedió al cargo se le requirió durante varios meses una ingente cantidad de documentación por parte del juzgado: "Colaboramos y dimos todo", ha dicho.
Así mismo, ha explicado que designó al actual director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, como interlocutor con la Generalitat y la Intervención y ha señalado que al llegar al cargo recuperaron el informe del conservador con expresa mención al valor de la obra. "Eso no existía anteriormente y era para que avalase la compra en todos los sentidos, artístico y económico", ha dicho.
Por su parte, el administrador y accionista de la Fundición Capa, que también ha declarado como testigo en el juicio, ha explicado que trabajó durante muchos años con Gerardo Rueda, al que le propuso ir a una chatarrería para coger piezas con las que hacer una reproducción del Gran Relieve puesto que no disponía de presupuesto. "En la chatarrería descubrió un mundo nuevo. Cogimos piezas y montamos un collage. Fue una de las últimas cosas que hicimos juntos", ha dicho. "De ahí salió el Gran Relieve y otra serie de piezas", ha manifestado.
Tras la muerte de Gerardo Rueda, el testigo ha indicado que siguió trabajando con su hijo, José Luis, quien le encargó varias reproducciones. En este punto, preguntado por qué en la factura de pago por el Gran Relieve se indica que es una "prueba de autor", el testigo ha señalado que porque lo diría el heredero de Rueda.
Los magistrados concluyen que las obras del citado escultor vendidas al museo eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso"
