VALÈNCIA (EP). El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido la legalidad de las encuestas realizadas en plena campaña electoral de las elecciones generales, que, según el PP, son "trackings electorales que, diariamente, permiten ir detectando la evolución de la intención de voto a lo largo de la campaña".
Ante esto, Tezanos ha reaccionado en declaraciones a Europa Press negando que estas encuestas fueran "trackings electorales" y apostillando que el estudio sobre tendencia de voto, aunque se realizó en plena campaña del 23J, se publicó dos semanas después de los comicios y, según ha dicho, no se dio a conocer a ningún partido ni al Gobierno hasta que no fue público.
En el escrito que ha presentado este jueves el PP ante la Junta Electoral Central (JEC) para que se acuerde la apertura de expediente sancionador por estas encuestas, los 'populares' ven evidente que los datos tenían una aplicación práctica, ya que pudieron detectar la evolución de los apoyos a los partidos en una fase de la campaña que resultó crítica.
Ante esto, Tezanos cree que los de Alberto Nuñez Feijóo han decidido llevar esto a la JEC un mes después de la publicación de la encuesta como una "reacción de pataleo", que viene a emular a Vox, que ya le llevó a la Fiscalía en varias ocasiones.
En cualquier caso, el presidente del CIS ha defendido que la Junta Electoral Central estaba al tanto de que el organismo demoscópico realizaría este estudio durante la campaña electoral y no puso ningún tipo de impedimento.
Y tras esto, según ha explicado, hubo tres partidos --PSOE, PP y Soria ¡YA!-- que solicitaron los datos de este estudio, pero el CIS no se los proporcionó hasta que fueron publicados en la página web del organismo.
Al respecto, Tezanos ha reivindicado la legalidad de estas encuestas alegando que sí que se pueden realizar estas preguntas durante la campaña electoral, pero lo que no se puede hacer es publicar en este período.
En este contexto, el presidente del CIS ha recordado que el organismo hizo público este estudio sobre tendencia de voto el 3 de agosto y se dio a conocer a toda la ciudadanía a través de la página web, volviendo a negar que se cometiera ningún tipo de ilegalidad.
Por ello, Tezanos considera que "no hay ningún delito" en esta encuesta, titulada "estudio metodológico sobre las tendencias de definición/decisión de voto a lo largo de la campaña electoral de julio de 2023", augurando poco recorrido a la petición del PP a la Junta Electoral Central.
En su escrito, el PP defiende que el CIS debería de haber enviado esta información a los representantes de los partidos que lo hubiesen solicitado, como el Partido Popular.
Los 'populares' han indicado que "quien sí tuvo acceso a dichos datos fueron las dos empresas públicas dependientes del Gobierno, el CIS y TRAGSATEC". "Como para poder acceder a ellos es imprescindible un usuario y password, el PP solicita a ambas instituciones que no destruyan ningún documento, que identifiquen a las personas que han accedido y que un perito independiente certifique la trazabilidad del uso de las aplicaciones, los accesos y los posibles usos quese hayan hecho de los datos", ha agregado el PP en el mismo comunicado.
En este sentido, el PP considera que "se puede haber incurrido en un delito electoral e incluso de financiación irregular de la campaña de un partido, en este caso de las formaciones del Gobierno de coalición, que han podido concurrir a las elecciones con una ventaja sobre las demás candidaturas, al margen del reproche penal que pudiese tener el mal uso de fondos públicos por parte de las instituciones implicadas".
Por otro lado, el PP denuncia que "estas encuestas se produjeron sin anonimizar, algo que está absolutamente prohibido". "Resulta absolutamente intolerable y desborda cualquier precepto normativo en un sistema democrático que un organismo dependiente del Gobierno pregunte en periodo electoral sobre el sentido del voto ya emitido por correo", ha recalcado.