La Consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Días. Eso es lo que queda para que finalice el año. Un ejercicio en el que la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo tenía previsto a sacar adelante el nuevo decreto de teletrabajo de los empleados públicos y que, todo parece indicar, que concluirá sin que este pueda ver la luz en el último pleno del Consell previsto para el 29 de diciembre dados los plazos ajustados.
En este sentido, conviene apuntar que desde el pasado mes de septiembre el departamento de Bravo inició los trámites para actualizar la normativa de 2016 que regulaba el trabajo no presencial en la Administración valenciana y que a raíz de la pandemia de la covid-19 las consellerias consideraron oportuno modificar para adaptarse al contexto de la pandemia actual.
En aquel momento, Justicia trasladó a los sindicatos que su intención era aprobar el nuevo texto legal antes de que finalizara el año. Sin embargo, el varapalo que supone el informe de Abogacía de la Generalitat -determina que los límites introducidos en la norma por la Conselleria de Justicia no se ajustan a la ley-, retrasaría que el nuevo decreto pueda validarse a tiempo, o, al menos ajustarse a los plazos que manejaba el departamento de Bravo.
No en vano, la Abogacía concluía hace unos días en su informe que el decreto elaborado por Justicia, que condiciona el acceso al teletrabajo a la aprobación de un plan de teletrabajo o a la existencia de un plan de formación, no puede imponer restricciones al teletrabajo al margen de las previstas por la Ley. De ese modo, las únicas condiciones para negar el trabajo a distancia de los empleados públicos serían la incompatibilidad de las funciones del puesto con el trabajo a distancia o la imposibilidad de hacerlo por las necesidades del servicio "debidamente justificadas", pero no las que ha previsto Bravo en su decreto.
Unas conclusiones ante las que la consellera de Función Pública advirtió que los técnicos presentaría alegaciones. Este procedimiento, a todas luces, alargará el proceso. Pero no solo eso, a este trámite se suma además el descontento de las consellerias gobernadas por Compromís: los subsecretarios de los cuatro departamentos dirigidos por la coalición remitieron en bloque la semana pasada un documento a Justicia en el que pedían que se frenase el proyecto para revisarlo. Además, reprochaban que sus observaciones no fueran atendidas antes de que la Abogacía de la Generalitat emitiera su informe.
La carta de los cargos de Compromís resulta significativa porque, además de tratarse de un evidente conflicto con Bravo, supone un posicionamiento político claro para los siguientes pasos del decreto. Éste tiene que ser evaluado ahora por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), cuyo dictamen resultará clave dado que en principio la Conselleria lo remitirá sin cambios pese a las consideraciones de la Abogacía.
Luego habrá de pasar por el pleno del Consell, con la celebración previa del llamado 'consellet' -reunión de secretarios y subsecretarios autonómicos de cada departamento todos los jueves-. Un filtro que no suelen superar los asuntos en los que no hay acuerdo entre los partidos que conforman el Gobierno. El aviso de Compromís, por tanto, con la carta es claro: habrá conflicto en todos estos espacios para sacar adelante el decreto de teletrabajo si no se modifica previamente.
Con todo, tanto el desacuerdo con la coalición valencianista, las alegaciones de Justicia a las conclusiones de la Abogacía y la espera del informe del CJC, son una suma de trámites por los que distintas fuentes en el Consell dan por hecho que el nuevo decreto de teletrabajo tendrá que esperar a ver la luz ya en 2021.
