Foto: ESTRELLA JOVER. VALÈNCIA. La cuenta pendiente del gobierno central y autonómico por lo que respecta a mejorar la situación administrativa del Museo de Bellas Artes de València (MUBAV) es histórica. Tanto es así que han sido distintos los gobiernos que han puesto sobre la mesa la necesidad de atacar esta situación y hasta se han llegado a poner sobre la mesa distintas opciones, aunque ninguna ha llegado a cuajar. El asunto sigue, pues, sin resolverse, una cuestión que con mayor o menor urgencia se ha mantenido siempre en la agenda del gobierno valenciano, que en distintas ocasiones ha verbalizado su intención de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Cultura –titular del centro, aunque gestionado por la autonomía- para cambiar su naturaleza, un movimiento que sin embargo no acaba de arrancar y que, parece, da tantos pasos adelante como atrás.
La cuestión volvió a cobrar protagonismo hace algunas semanas cuando, tal y como adelantó Culturplaza, el gobierno autonómico incluyó en la Ley de Acompañamiento de 2023 una enmienda que fijaba como objetivo encaminar la autonomía del museo, para lo que “se podrá crear una Entidad de Derecho Público del Museo de Bellas Artes de València, que dispondrá de personalidad jurídica propia, autonomía funcional y de gestión”, reza el texto de la enmienda, firmado por PSOE, Compromís y Unides Podem. Sin embargo, el relato ha ido tomando distintos tonos dependiendo del agente implicado. El mensaje más reciente lo dio la pasada semana el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Ximo López, quien, preguntado por la agencia Europa Press al respecto, declaraba: “No queríamos que, si abrimos con el Ministerio negociaciones para ver una fórmula de autonomía, el problema fuera que nuestra ley no lo permita. Avanzándonos a eso, se ha añadido una fórmula que está redactada de una manera deliberadamente ambigua que plantea que el museo se convierta en entidad de derecho público”.
Lo cierto es que la “ambigüedad” a la que hace referencia en la Ley de Acompañamiento fue, en realidad, un matiz expresado a posteriori por la Conselleria de Cultura, puesto que en el texto únicamente menciona la fórmula de Entidad de Derecho Público, un camino que ahora se abre a distintas opciones todavía por aterrizar. “Hay diferentes posibilidades, pero todo ha de pasar por tener el visto bueno del Ministerio de Cultura”, remarcó López. No está clara cuál de esas posibilidades es la que se va a llevar a cabo, aunque sí está definidas cuáles son las líneas rojas del gobierno central, quien ya ha rechazado algunas de las propuestas de la Conselleria de Cultura en los últimos años, como la creación de un consorcio. Pese a todo, el secretario autonómico se mostró “optimista” al respecto, aunque subrayó que aunque “hay diferentes posibilidades […] todo ha de pasar por tener el visto bueno del Ministerio de Cultura”.
Este relato parece contradecir al de la propia directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, quien, en una entrevista concedida a Culturplaza el pasada año, declaró que el proceso para crear una ley del Museo de Bellas Artes, al estilo de la del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), estaba más que encaminado y, de hecho, ya contaba con la luz verde de los despachos del Ministerio de Cultura. “Estamos trabajando para que sea una entidad de derecho público, un acuerdo que hemos alcanzado con el Ministerio de Cultura. Hemos preparado un articulado de un anteproyecto de Ley junto con un equipo de la Universitat de València y la propia Abogacía, un texto que en el Ministerio conocen y al que han dado el visto bueno. Una vez este articulado tenga todos los vistos buenos pasará a la fase de creación de nuestra propia Ley. Cuando la legislatura acabe la Ley del Museo de Bellas Artes estará aprobada”.
Con todo, la directora general confirmó que una vez sea aprobada la nueva norma también afectaría a la propia dirección del museo, que habría de pasar por un nuevo “proceso” de selección, uno de tantos cambios que, sin embargo, meses después siguen sin aterrizar. “Ahora [con la nueva ley] el museo será autónomo y el director no tendrá que ser funcionario ni será jefe de servicio, sino la persona más válida que se considere para el puesto. También es muy importante que la reposición y la creación de plazas no estará sujeta a la Ley de Función Pública, que es el gran problema que arrastra el museo, sobre todo en el tema de conservadores y los restauradores”, relató Amoraga el pasado mes de abril.
El relato de la directora general de Cultura y Patrimonio parece ir por una vía distinta a la del actual secretario autonómico... pero no solo. También el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel, presenta una relato alejado del de Amoraga. “A mí no me consta. Si hay una ley redactada con articulado y se está trabajando en ello conmigo no se ha hablado”, aclaró hace apenas unas semanas. En este sentido, el director de la pinacoteca fue tajante durante una reciente entrevista publicada por Culturplaza. Preguntado también por la enmienda incluida recientemente en la Ley de Acompañamiento expresó: “Sabiendo un poco de legislación, todos somos conscientes de que lo que se ha aprobado en la Ley de Acompañamiento no es nada”.
“Se ha aprobado la inclusión de un ítem dentro de la preexistente Ley de Patrimonio que, simplemente, verbaliza la posibilidad de que se cree una Entidad de Derecho Público para gestionar el museo, pero no lo crea. Pero esa posibilidad ya existía, ahora está verbalizada, ¿Hemos dado algún paso más para la creación de una Ley propia para el Museo de Bellas Artes? Ninguno”, añadió el director del Museo de Bellas Artes, quien tildó de “fundamental” crear una mesa de diálogo entre el museo, el Ministerio y la Generalitat. Sobre plazos, un apunte: “hay que tener en cuenta que entramos en un año bastante complicado”. Efectivamente, estamos en año electoral, una mirada fijada en la convocatoria de elecciones tras las que se determinará si, finalmente, se ha avanzado realmente en la que es una de las grandes cuentas pendientes del ámbito cultural valenciano.
