Toni Such, director general de Administración Local. EVA MÁÑEZVALENCIA. El Gobierno valenciano con su presidente Ximo Puig a la cabeza ha iniciado un ambicioso proyecto en esta legislatura dirigido a reestructurar el poder en el ámbito local. Así, permitir una mayor autonomía de los ayuntamientos, dotar de impulso y respaldo a las mancomunidades o coordinar y limitar la maniobra de las diputaciones, son algunos de los caminos adoptados por el Consell.
Una de las piezas clave en todos estos movimientos es el director general de Administración Local, Toni Such (Valencia, 1963). Ex alcalde de Alcàntera de Xúquer, fue portavoz adjunto en Les Corts Valencianes y diputado también en el Congreso de los Diputados. Forma parte además del núcleo duro del presidente de la Generalitat y de la cúpula del PSPV.
-Uno de los retos del Consell en el que está inmerso junto a las diputaciones es el impulso al Fondeo de Cooperación Municipal. ¿En qué fase se encuentra y por qué es tan importante?
-Este fondo es una vieja reivindicación del municipalismo tanto progresista como conservador. Ya en 1999 se aprobó en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias la necesidad de este fondo. En el año 2006 se trasladó al Estatuto de Autonomía esta exigencia. Cuatro años después, el PP aprobó a solas en la Ley de Régimen Local la creación del Fondo de Cooperación Municipal pero nunca lo dotó de fondos. Esta vieja aspiración es la que nosotros retomamos en estos presupuestos porque hay un compromiso del presidente Ximo Puig de impulsarlo. De hecho, en el Seminario de Torrevieja fue la primera medida que se hizo pública: nosotros decidimos aportar 40 millones de euros y pedimos a las diputaciones que colaboren con otros 40 millones, porque entendemos que uno de sus objetivos es la transferencia de recursos a los ayuntamientos y éste es demasiado bajo.
-¿Qué características tiene este fondo?
-La principal es que es incondicionado. No se dirige desde las diputaciones o la Generalitat: lo que los ayuntamientos no quieren que ocurra es lo que pasaba con Alfonso Rus. Te doy dinero para un campo de hierba artificial pero no tienes dinero para pagar la dependencia, las escuelas de adultos u otras necesidades básicas. Los ayuntamientos quieren decidir en qué se gastan los recursos y no que los dirijas.
-¿No cree que es arriesgado dejar que los consistorios puedan gastar en lo que quieran sin tutelaje?
-Lo que es irresponsable es decirle a un consistorio que ponga bombillas leds y a la vez alguien se esté llevando comisiones, tal y como está investigándose en la Operación Taula. Nosotros confiamos en la mayoría de edad de los consistorios y tienen la capacidad para decidir lo que quieren hacer. El tutelaje se ha aplicado para el bienestar de algunos bolsillos y no de la gente.
-¿Este fondo podrá utilizarse también para pago de la deuda por ejemplo si el ayuntamiento así lo considera?
-Sí. Tú le das una inyección económica para que el municipio decida si quiere hacer inversiones, pagar cosas pendientes o lo que vea más oportuno.
-¿Cómo se distribuirá?
-Estamos discutiéndolo todavía porque queremos que las diputaciones colaboren. Nuestra propuesta es por población pero con índices correctores para que los municipios más pequeños multipliquen por cuatro, tres, dos... una fórmula en definitiva para que las grandes ciudades no se lleven el grueso del reparto.
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-Las diputaciones de Alicante y Castellón están en manos del PP. ¿Cree que finalmente colaborarán?
-Nuestro esquema es voluntario, más que nada porque no queremos acabar en los tribunales. Opinamos que es algo bueno para todos. Cuando las diputaciones están transfiriendo pocos recursos a los municipios estamos ofreciendo que les den dinero a los ayuntamientos, no que nos los den a nosotros para que los distribuyamos. Yo entiendo que el PP tiene poco poder institucional ahora en la Comunitat y tienen que hacer algo de resistencia y oposición política. Pero desde el punto de vista de necesidad de los ciudadanos esto son criterios objetivos. Antes se hacían convenios singulares en función de ayuntamientos más afines o menos afines, pero este sistema acaba con la discrecionalidad y la falta de objetividad.
-¿Entonces esto está avanzado y acordado?
-Estamos hablando con ellos para ver cómo colaboramos y pueden incorporarse al proyecto. A la Diputación de Alicante le pedimos 13,6 millones de euros, a Castellón 5,7 millones y a Valencia 20,6 millones de euros, todo ello bajo criterios poblacionales.
-¿Cuándo cree que estará listo el fondo para ser repartido?
-Es una transferencia que se puede hacer en una o dos veces y está previsto que a finales del primer trimestre de 2017 pueda activarse. Es algo que los ayuntamientos están pidiendo: los PPO's de las diputaciones tienen problemas de aplicación, porque al final desde la corporación ponen un porcentaje pero le piden a los municipios que completen con otro porcentaje. Y ocurre a menudo que los ayuntamientos no pueden aportarlo. Además de que para este tipo de inversiones se requiere proyecto, licitación etc.. lo que nosotros proponemos es aportar dinero directo.
-¿Y la fiscalización?
-Se realiza a través de los interventores municipales. Nosotros tendremos conocimiento, claro, pero no nos van a justificar con facturación.
-¿Usted está a favor de la desaparición de las diputaciones?
-Las diputaciones igual que las provincias tienen un reconocimiento constitucional en estos momentos. Debemos hacer un gran acuerdo entre todos los partidos políticos y ver cómo se puede reorganizar el sistema. Buscar un nivel de acuerdo respecto a las competencias de las distintas administraciones. La historia, es cierto, nos ha llevado a que algunos consideren que las diputaciones son una especie de gobierno provincial alternativo al gobierno autonómico. Esto se utiliza mucho en la Diputación de Alicante que preside el PP y la realidad es que eso no está recogido en ningún sitio. No existe. Así que yo opino que habría que llegar a un acuerdo político entre todos de hacer la distribución competencial para que las diputaciones ejerzan unas competencias que les marca la ley como la asistencia técnica a los pequeños municipios y procurar que éstos tengan garantizados ciertos servicios. La Generalitat, por otro lado, con las competencias de las localidades más grandes. Las diputaciones de esta manera deben transferir la mayoría de sus recursos a los ayuntamientos sin ejercer como posesoras de competencias que no les tocan. Por poner un ejemplo, aquí está el Hospital General o algunos museos donde la diputación tiene capacidad de gestión y eso no debería ser así. Estos recursos a competencias impropias podrían destinarse a los pequeños municipios.
-Como modelo de la Comunitat Valenciana, ¿cree que deberían caer las provincias?
-Las provincias no creo que sean la estructura más adecuada porque han demostrado que son poco eficaces en el desarrollo tanto de vertebración territorial como social y de gestión. Yo apuesto por un gobierno autonómico que no esté sometido a la veleidades de Madrid tal y como pasa a la mayoría de CCAA. Sí haría falta abordar un replanteamiento sustancial que podría llevar incluso a una modificación constitucional. Las provincias no son el sentimiento que tengo: preferiría un sentimiento más comarcal, más arraigado al territorio, a las costumbres y tradiciones de las personas. Pero bueno, esto es un sentimiento mío.
-En campaña electoral, el candidato socialista, ahora presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya anunció su intención de impulsar los decretos de Coordinación de las diputaciones. Se ha empezado por los de Turismo y Deportes, pero ha habido recursos por parte de las diputaciones de Alicante y Castellón. ¿Van a seguir avanzando en esto?
-A ver, seamos claros. Las competencias de Turismo y Deportes son de la Generalitat, no de las diputaciones, pese a que han ejercido competencias que no les correspondían. Lo han recurrido sí, pero tenemos la tranquilidad absoluta de que los tribunales no pueden decir cosas distintas a la ley, que indica que son competencias de la Generalitat. Todo el mundo, empresarios, hosteleros, agencias de viajes... han aplaudido el decreto y que alguien se haya decidido a coordinar esto. Si esto fuera solo un empeño político y fuera en contra de ellos sería otra cosa pero es que coincidimos plenamente.
-¿Están trabajando en otros decretos?
-En principio no tenemos más avances.
-Están preparando una ley de mancomunidades. ¿Cuál es la intención del Consell con esta medida?
-En estos momentos tenemos 52 mancomunidades, los entes administrativos que se componen de las aportaciones voluntarias de los ayuntamientos. Con esta ley les damos un reconocimiento explícito y un impulso a las mancomunidades que dan cobertura a los consistorios de una comarca natural, que ya están funcionando y ofreciendo servicios.
-¿Y una ley de comarcalización explícita?
-No estamos en eso ahora que yo sepa. En Cataluña fracasó esta ley porque no puedes generar costes añadidos a la Administración a la búsqueda de una descentralización de la Generalitat en pos de una estructura comarcal. Si es únicamente para una delimitación territorial no es tanto problema, pero bueno, cabe recordar que el Estatut exige una mayoría de dos tercios de Les Corts Valencianes para aprobar esto.
-¿Cree que mejorará la línea de comunicación con las diputaciones de Alicante y de Castellón?
-Están colaborando en muchas cosas que se les plantean. Es cierto que hay marcaje político que yo creo que procede de la pérdida de alcaldías del PP en 2015. Eso les lleva a tratar de marcar distancia para consolidar lo que tienen y eso se intenta conseguir con cierta confrontación política. Pero como administración están colaborando mayoritariamente en lo que la Generalitat plantea.
-La Diputación de Valencia está en manos de los socialistas, concretamente bajo la batuta de Jorge Rodríguez. ¿No hay quejas por este control que ejerce la Generalitat?
-No. La Diputación de Valencia está trabajando muy bien. De hecho, nada más llegar sacaron los 70 millones de euros de remanente que se activaron para ayudas directas a los ayuntamientos. Eso muestra la voluntad que tiene la institución de apoyar a los consistorios. Recientemente por ejemplo, Jorge Rodríguez anunció que va a adelantar los recursos económicos de los planes provinciales que siempre se han pagado a posteriori para que los ayuntamientos tuvieran tesorería. Eso no se había hecho nunca.
-¿Qué opina de la propuesta hecha por Isabel Bonig en Les Corts para una proposición de ley de régimen local?
-Le digo a Bonig que nosotros estamos dispuestos a hablar de la ley de Régimen Local de 2010 que ellos aprobaron. Le felicito por reconocer que esa ley del PP no vale para nada y claro que no hay problema en cambiarla, de hecho ya lo teníamos previsto.
-¿Cómo está afectando la ley local de Montoro a los ayuntamientos?
-La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) de Montoro es un desastre, una trampa mortal. Dice que las competencias impropias no serán ejercidas por el ayuntamiento: por ejemplo, si quieres hacer un programa de juventud en el ayuntamiento le tienen que pedir permiso a mi departamento. Esto produce atascos brutales. Lo único que han pretendido es que los consistorios no pudieran ejercer su función de atender a los ciudadanos. Eso conllevaba un ahorro económico en los ayuntamientos que así podían pagarle la deuda a Montoro. Es lo mismo que ocurre con el techo de gasto y con la tasa de reposición. Si no puedes contratar en capítulo I sí que puedes a través del capítulo II contratar a una empresa. Así, la privatización de los servicios públicos ha sido un hecho clarísimo a través de la LRSAL. Nosotros hemos amortiguado el golpe como hemos podido haciendo un reconocimiento explícito de que los ayuntamientos tienen las capacidades y ayudándoles a que las tengan.
