Toro: "Pensamos que Aerte tendría un papel más importante con este Consell"

VALENCIA. José María Toro quiere cambiar el modelo asistencial a mayores y dependientes en la Comunitat Valenciana desde la presidencia de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) aunque hasta el momento no está siendo fácil.

Venían de una situación nefasta con el Gobierno de Alberto Fabra por un colapso en las ayudas a la dependencia. A esto se sumaron los polémicos concursos de residencias por posibles favoritismos en los que apareció el nombre del empresario Enrique Ortiz, algo que criticaron duramente desde la asociación.

Toro, director general de la asociación desde 2015, ha sido miembro de su junta directiva desde 2012. Además, ha sido director general de Sercoval, la cooperativa de servicios sociales más importante de la Comunitat Valenciana, desde octubre de 2009 hasta 2015.

-Cómo cree que están avanzando las listas en dependencia. Hace unos días mostraban cierta preocupación porque el objetivo quedaba lejos de lo marcado por el Consell. 

-En el tema de lista de espera lo que planteamos no fue respecto a lo que había antes, porque sacar mejores notas es bastante fácil. Pero con lo que se había planteado la administración, resolver 22.000 expedientes anuales este y el año que viene para reducir la lista de espera, no se está llegando al nivel previsto. De hecho, el último dato que dimos no llegaba al 16% del total. En abril es verdad que se ha producido un repunte de resoluciones y de personas que se han incorporado al sistema y creemos que ha habido un avance, pero seguimos estando muy alejados de las más de 7.000 plazas que deberíamos tener resueltas a finales de abril. Solo llevamos 2.300.

-¿Confiabais en que se cumplieran las previsiones o lo veíais difícil?

-El que llegase al Gobierno sabía la situación económica en la que nos encontramos y el trabajo que tenía por delante. Lo que hay que hacer para resolver este problema es contar con todo el mundo y con todos los recursos existentes que hay en la Comunitat Valenciana. Incluso en la resolución de expedientes ya le recalcamos al anterior Gobierno y también a éste la posibilidad de que contaran con las trabajadoras sociales que están en nuestras empresas. Son unas 300 empleadas en la Comunitat que pueden ayudar y complementar la actividad de la administración para resolver expedientes. Estamos aquí para cumplir con una función social. 

-Políticas Inclusivas pidió a Función Pública 1.000 funcionarios más para equipararse a Sanidad y Educación y prestar servicios sociales universales. ¿Es esto ágil?

-Los periodos que tiene la Administración para funcionar son bastante más largos, con lo cual con este tipo de medidas el impacto suele ser a largo plazo, pero tenemos que trabajar ya porque la esperanza de vida para las personas con las que trabajamos es corta. 

- Criticabais recientemente que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no había acudido a vuestra asamblea a pesar de que era habitual que asistiera alguien de la administración. ¿Sabéis por qué se dio esta situación?

-Nosotros lo desconocemos. Desde Aerte siempre hemos invitado a la administración porque nos parece que somos un interlocutor importante dentro del sector y es importante que conozca a todas las entidades del sector.  Sí que nos sorprendió que no viniera nadie del Gobierno valenciano. 

-¿Qué problemas ha atajado de forma efectiva el nuevo Consell?

-Lo que han hecho bien es poner en el centro de la acción del Gobierno el atender a las personas de manera adecuada, lo que pasa es que después hay que llevarlo a la práctica. Es verdad que en la lista de espera ha avanzado y están resolviendo expedientes. Se ha avanzado también en el pago de las prestaciones a las personas y se han hecho incluso abonos de retroactividades que en la etapa anterior no se habían resuelto y se ha intentado dar periodicidad a los pagos de las personas que reciben prestaciones. Pero no están siendo igual con las empresas que prestan servicios en este sector, que están teniendo un retraso importante. Según nos consta, hasta el día de hoy, no se ha cobrado nada del año 2016 y eso es un tema que es complicado pero evidentemente ha habido avances. 

-El actual Consell da la sensación de que prefiere dar el servicio con su personal que contar con las empresas del sector. ¿Cómo lo ven?

-La Administración está hablando de la desmercantilización de los servicios sociales pero nosotros pensamos que eso consiste en evitar que haya situaciones de favor entre empresas, que se deriven personas que no es necesario que se derivasen, pero Aerte siempre ha estado en contra de ese tipo de prácticas. Denunciamos el plan de accesibilidad social con las cuestiones de exclusividad ampliada que se plantearon por parte de las asociaciones que estaban trabajando ahí. Hemos denunciado la paralización de los expedientes y que no tuvieran a la gente de manera profesional.

De hecho, hay una cosa importante, cuando la administración no atendía a las personas y dejó de pagar, las empresas y los trabajadores de las empresas siguieron prestando el servicio. Y los que han mantenido el sistema social en la Comunitat Valenciana también han sido en muchos casos las empresas y los trabajadores que participan en ellas que han podido soportar las circunstancias que se estaban produciendo. 

-Supongo que el que empresarios como Enrique Ortiz se beneficiaran incluso de los geriátricos no ayuda.

-Las propias empresas son las que nos hemos encargado de denunciarlo, lo que pasa es que ahora se hace un saco común y se denuncia a los que lo hacen bien y a los que lo hacen mal juntos. Se ha intentando deslegitimar la posición de las empresas en el sector cuando han jugado un papel fundamental para superar la crisis.

-¿Cuáles son los problemas más urgentes a resolver?

-Tenemos el de la dependencia en el que hay que seguir avanzando para que las personas reciban la atención que se merecen. Hay otro tema importante que son las plazas de concierto en residencias de personas mayores, que también está pendiente de resolver cuando en febrero hubieron dos sentencias que rechazaron la ampliación del plan de accesibilidad social.

La administración paralizó la derivación de personas a esas residencias pero no tenía una alternativa preparada. Ahí sí que se podía haber trabajado con tiempo para poder trabajar con un nuevo sistema y no se hizo. Ahora estamos pagando las consecuencias, de hecho en la parte de residencial se está ralentizando el tema y requiere que se ponga en marcha un sistema que permita lo que nosotros hemos defendido, la libertad de elección de usuario. 

-¿Y esto qué supone?

-Que cada usuario elija la residencia que mejor le venga cerca de su casa y le permita seguir en contacto con su entorno más cercano. Para eso es necesario que haya el mayor número de residencias en ese plan y después que puedan participar todas las entidades que están debidamente acreditadas en la administración y autorizadas a operar. Nosotros desde que el nuevo Gobierno llegó planteamos las iniciativas que se podían poner en marcha y los problemas que podían darse. Este fue uno de ellos pero prefirieron esperarse a tener la sentencia del juez. Sin embargo, la mejor residencia a la que puede optar una persona es a la de su población, la que está más cerca de tu casa, sobre todo porque al final son las personas de pueblos pequeños las que salen más perjudicadas y encima suelen ser las rentas bajas.

-¿Esto es habitual en otras comunidades?

-En otras comunidades sí. Por ejemplo, Cataluña está haciendo un esfuerzo muy importante por hacer un proceso de conciertos muy amplio, histórico, y además con una apuesta muy grande por las entidades sociales, tanto con las empresas como con las entidades sin ánimo de lucro. No se cuestionan el modelo de que las empresas participen. Al revés, se han dado cuenta de que los recursos que ponen permiten potenciar mucho más los servicios que se prestan. Cataluña sería un espejo donde nos podríamos mirar. 

-Habéis reclamado en más de una ocasión un acuerdo marco del sector para operar con la Generalitat.

-Nosotros lo que pedimos es lo que se está produciendo en otras comunidades autónomas como Aragón o Madrid. Se trata de un espacio donde todas las residencias pueden ofrecer un número determinado de plazas a la administración y la persona, cuando le toca su turno en el orden de la lista de espera, puede elegir entre éstas. Nosotros apostamos porque haya una única lista de espera para toda la Comunitat y transparente para que la gente pueda acceder para saber cuándo le toca y cuando recibirá la prestación.

La novedad es poder elegir el centro al que ir porque si se hace otro concurso como el que se hizo en 2001 sabes que se va a concentrar. Si se hace un concurso por comarcas, en cada una hay dos residencias, probablemente no será la de su pueblo y tendrá que desplazarse, algo que pensamos que no es bueno ya que como el Gobierno insiste, hay que tratar a la gente en su entorno social más cercano, y mientras más residencias haya para elegir, más personas podrán tener un servicio cerca de su casa.

-¿Qué pedís de forma inmediata a la administración? 

- Pedimos tanto lares, la patronal de las entidades no lucrativas y otras que trabajan en el sector como UGT, CCOO o nosotros el 3 de mayo una reunión con Mónica Oltra para que nos permitiese explicar en qué punto se encuentra este tema. El 22 de febrero tuvimos un encuentro con Sandra Casas y nos dijo que nos citarían en breve para poder explicarnos un poco que se iba a hacer y todavía estamos esperando. La otra que se inicie un proceso de participación de las entidades sociales que trabajan en el sector como las patronales y los sindicatos y nos dejen trabajar por un modelo que tiene que durar. El modelo de atención a las personas mayores cada vez será más necesario y requiere un buen consenso entre los agentes sociales que lo necesitan y que dé respuesta a los problemas de hoy y de 10 o 15 años.

-¿Hay ahorro en costes?

- Yo entiendo que no hay diferencia de costes con el anterior modelo. No se trata de que yo pueda elegir cualquier residencia al precio que sea. En un acuerdo marco hay un precio tasado y de todas las personas que demandan en el marco se paga un máximo. Nos hemos reunido con el conseller de Economía, Rafael Climent, para explicarle cómo afecta a la economía el distribuir los recursos de una forma u otra, tanto en el empleo como en algo que ha defendido mucho este gobierno, que es la distribución de la riqueza. Si tú en vez de trabajar con 14 empresas trabajas con 200 está repercutiendo el impacto de la administración en cada una de las residencias. Es evidente que ninguna residencia se puede mantener solo con las plazas concertadas, solo es un complemento más a su actividad privada. 

Pero no hay ninguna diferencia entre el servicio a la persona que viene de forma privada a la que llega de forma concertada. Sin invertir, el Gobierno puede aprovecharse de una red que atiende de manera inmediata. Yo creo que pasado este primer año, llega el momento de tomar decisiones y para dar soluciones no sobra nadie. Nosotros seguimos preguntado y convocando pero es verdad que la respuesta que estamos teniendo hasta ahora es ninguna. Nosotros hemos llegado a soportar impagos de un año, el 80% de nuestro coste es en personal y hemos tenido que pagar mes a mes. No ha cerrado ninguna residencia y entre los trabajadores y las empresas hemos aguantado mientras que los bancos echaban a la gente cuando no pagabas.

-¿Sentís que os tienen en cuenta desde el Consell?
-La interlocución con la Generalitat está siendo difícil. Hemos mantenido una serie de reuniones, se habla, pero podríamos avanzar mucho más. Lo que hemos planteado, incluso a Mónica Oltra directamente es, ¿qué podemos hacer desde nuestra asociación y desde nuestras empresas para cumplir con los objetivos de Gobierno que tenéis para atender a la gente de la mejor manera? ¿De qué manera podemos colaborar con su objetivo?. Porque nosotros entendemos que nuestro trabajo consiste en mejorar la vida a las personas y pensamos que podemos estar alineados con el objetivo de la Generalitat. 

-La secretaria autonómica de Economía, Maria José Mira, fue gerente de Aerte y se le valoraba por ello. ¿No os extraña el trato?

-Nosotros pensábamos que en esa circunstancia nueva que se producía con el nuevo Gobierno Aerte tenía un papel importante. Somos 200 centros y además de todos los sectores, desde salud mental a personas con discapacidad funcional, personas mayores, mujeres en riesgo de exclusión, menores. Podíamos aportar de una manera muy amplia. Somos la entidad más representativa del sector y pensábamos que la administración podía valorar nuestro trabajo.

-¿Cómo era la situación con el anterior Consell?

-El Gobierno anterior, sobre todo en materia de la dependencia, en todos los observatorios y en todos los indicadores que había, salía como el peor e incluso como valoración 0 en la aplicación de la ley. Yo creo que es mejor que pensemos en lo que puede venir de futuro. Es verdad que este Gobierno una de las cosas que hizo fue aumentar el presupuesto un 19% en Políticas Inclusivas. Se pasó de 833 millones a 978, que yo creo que es un impulso fuerte, pero siempre hemos insistido en que el presupuesto tiene que estar dotado de recursos reales. 

-¿Hay alguna comunidad autónoma en la que fijarse?

-Respecto a la dependencia, Castilla y León. Nos parece importante recalcarlo porque tiene dos cosas que para mí son muy importantes. La primera es que no tiene el mayor gasto público en dependencia por población, está la octava en España, pero tiene la mejor valoración según datos del Ministerio. Eso quiere decir que no solo depende de cuánto gastas sino también de la gestión.

También está el empleo que genera. Con ese importe, los puestos de trabajo generados en Castilla y León es de 49,6 empleo por cada millón de euros de gasto público, nosotros estamos en 25,9. Es muy importante ver como se gestiona y esto ocurre si se potencian los cuidadores no profesionales, que está pasando.

Según los datos que tenemos hasta abril, de 2.351 personas beneficiadas que hay incorporadas al sistema desde este año hay de cuidador informal 2.105, eso son personas que no tienen seguridad social, que cobran 387 euros el que más. Normalmente no se suele hacer el trabajo ni por voluntad ni por dinero, sino por una cierta presión social. En casi todos los casos es una mujer la que se encarga. Y nos parece que es una situación que no genera empleo. Comunidades como Castilla y León lo que están haciendo es potenciar el servicio profesional con servicio a domicilio. También son muchas mujeres pero tienen su convenio colectivo, prevención de riesgos laborales, formación, seguridad social, una situación alejada de lo que se está produciendo ahora. 

Es verdad que el cuidador dentro de la familia tiene sentido en determinados casos. Me puedo imaginar una madre con un hijo que tiene diversidad funcional. Pero en otras circunstancias lo que se hace es asignar el recurso que es económicamente más asequible. Los servicios deben ser prestados por profesionales y aquí no hablamos de cariño, hablamos de atención. Nadie va a querer más a su padre que su hijo, pero hablamos de conceder un derecho a una persona para ser atendido de la mejor forma posible.

-Pero los cuidadores familiares, ¿están dados de alta en la seguridad social?

-De los cuidadores no profesionales, del ámbito familiar, están dados de alta en la seguridad social en la Comunitat Valenciana 806, si te coges el documento con los datos, te dice que hay prestaciones de cuidador en el entorno familiar 23.316 personas de las que solo están dadas de alta 806. Todos los demás reciben una paga, pero lo importante es que no se confunda con la renta básica de ciudadanía. Si la gente no tiene recursos hay que darle trabajo, pero es verdad que en este contexto la prestación no debería ir por esta vía.

Pero quien lo hace por dinero no pone en primer lugar lo que debería, que es la persona que debe ser atendida. Es un trabajo muy difícil y si es del ámbito familiar tienen mucha presión para que lo hagan bien, tienen poco reconocimiento, se produce una situación de frustración importante y al final es una sobrecarga emocional que no es necesario soportar porque se pagan impuestos para tener a la gente en condiciones. La familia lo que tiene que hacer es seguir con su vida y encargarse de que la persona tenga un servicio adecuado. 

-¿Dónde deberían poner más esfuerzo? Centro de días, residencias, asistencia a domicilio,…

-Pensamos que no hay recursos ni mejores ni peores sino que deben estar adaptados a las circunstancias de las personas. Al final, lo que hay es un recurso adecuado. Debe haber muchos recursos y mucha flexibilidad. 

¿Cómo está actualmente el sector de las residencias en la Comunitat?

-Actualmente hay 327 residencias en la Comunitat, de todo tipo. Privadas, públicas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Estamos por debajo en plazas de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que habla de un 5% sobre la población mayor de 65 años y en la Comunitat tenemos algo más de un 2%. Hay necesidad de generar más plazas y aún así se produce una paradoja y es que tenemos plazas libres para que puedan ser ocupadas. Y es que creemos que la Administración debería dedicar más recursos todavía al sector de la dependencia para atender a las personas de manera adecuada. ya que disponen de centros con disposición de plazas y solo se trata de encontrar los medios económicos para llevarlo a cabo. 

-¿Pero se abren nuevas residencias en el resto de España?

-Pues hay bastantes proyectos, sin embargo en la Comunitat no hay prácticamente ninguno en marcha. Aquí la gente no ve atractivo invertir en este aspecto. Cada centro que abre una empresa privada se lo ahorra la administración porque no tienen que buscar financiación, no tienen que invertir, no tienes que esperar tres años a que el centro esté abierto. Esto indica que la Comunitat Valenciana no se percibe como un buen sitio para invertir.

-La Conselleria de Políticas Inclusivas ha sido una de las primeras en adoptar las cláusulas sociales. ¿Qué les parece?

-Nos parece interesante. Creemos que ayudan a que la Administración pueda fomentar las mejoras en empresas que participan en la contratación pública. Pero siempre hemos pensado que deben ser de ejecución, que le permitan a todas las entidades hacerlas, no que excluyan por ser una fórmula jurídica u otra. Que cualquier entidad pueda ejecutarlas. Por ejemplo, que contrate a un 10% de personas en riesgo de exclusión social. Eso nos parece positivo. 

-El problema de las enfermedades crónicas, ¿se está resolviendo con Sanidad y Políticas Inclusivas de forma conjunta? ¿Necesitarían más compenetración estas consellerias?

-Creemos que la coordinación socio sanitaria es muy importante. Pero en ese aspecto la Administración ha avanzado bastante. Se ha creado una comisión de coordinación entre Sanidad y la Conselleria de Igualdad y tiene bastante recorrido. Se han incorporado las secretarias autonómicas para darle fuerza. Confiamos en que es un camino en el que se puede avanzar mucho pero nosotros seguimos insistiendo. En muchísimas ocasiones hemos planteado que personas que están siendo atendidas en hospitales de media-larga distancia pudieran en unas condiciones determinadas, y siempre que las residencias estuviera adecuada, pasar a ser atendidas en esos cuidados profesionales que tenemos para hacerlo, en la cual permites liberar los hospitales y atender a la gente en un entorno mucho más acogedor como es la residencia.

-Había tres encomiendas en Igualdad, han finalizado y tienen que contratar a más gente en la Conselleria. ¿Es mejor renovarlas? 

Nosotros hemos denunciado los concursos de residencias con bajadas temerarias. Nosotros  no entendemos que incluso con informes negativos de la propia dirección general de Mayores se adjudicaran contratos con un presupuesto que hasta la propia dirección general dice que no da para atender a las personas en condiciones. Eso es otro elemento en el que la asociación ha estado luchando para que se comprenda que no pueda ser. 

Los últimos concursos ya fueron publicados por este Gobierno. Nosotros en diciembre presentamos un acuerdo que firmamos con UGT y CCOO en el que planteábamos diez puntos en la mejora de la contratación administrativa. Tampoco sabemos si ha caído en saco roto o se ha tenido en cuenta. Pero pensamos que el marco más fácil sería sentar a las entidades que participan en el sector, calcular lo que valen los servicios, ver lo que vale el coste del personal, ver lo que valen los servicios de suministro, luz, comida y con ese precio marcar un precio de partida que debería ser respetado siempre. Y a partir de ahí, que la empresa que ofrezca el mejor proyecto gane el concurso. Pero en el precio deberíamos insistir en mantenerlo lo máximo posible porque pagar por algo lo que no vale es bastante complicado. 

-Entre las reivindicaciones cuando entró en la presidencia estaba el respeto de las condiciones de las plantillas. 

-Lo que ocurre es que cuando se produce un concurso hay un listado de las personas que están trabajando actualmente en ese servicio y cuando la empresa nueva se incorpora porque ha habido un cambio en la licitación tiene que subrogar a todo el personal con las mismas condiciones que tenía y el mismo convenio. Nosotros hemos insistido en darle seguridad a los trabajadores del sector porque a veces venían empresas con otros convenios o entendían que el personal no había que subrogarlo. Otras veces ha sido la propia administración la que nos ha dicho que el personal no hacía falta subrogarlo pero es una ignorancia importante del convenio colectivo. Las plantillas tienen que tener estabilidad y en el concurso debe tenerse en cuenta el convenio colectivo de referencia. Y si además se dan concursos con una bajada de precios muy importante puede llegar a afectar a los salarios con los que están trabajando las personas y eso no se puede admitir.