Juan Cámara, presidente de Torrescamara. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Torrescamara ha dado un golpe sobre la mesa en el marco de la investigación de las adjudicaciones de la empresa pública Acuamed, que hace casi cuatro años levantó la sombra de la sospecha sobre los trabajos encargados a la UTE formada por la empresa valenciana y Sogeosa para la canalización de la rambla Gallinera (en Oliva) y la construcción de una presa.
La causa, denominada Operación Frontino e impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, investiga un total de diez contratos de obra de Acuamed por presuntos desfases entre las cantidades certificadas y los importes realmente ejecutados.
En el caso de la UTE Torrescamara-Sogeosa, que se adjudicó las obras en 2009 por un importe de 30 millones de euros, la cantidad que se creía no invertida era de alrededor de dos millones, motivo por el que se paralizaron las obras y rescindió la adjudicación.
Pero la alianza empresarial, que ha defendido desde el primer momento que ejecutó todas las cantidades que certificó, no esperó a que resolviera el asunto la Audiencia Nacional y denunció su situación en 2016 ante la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (Cima).
El resultado, según subraya la constructora valenciana, es un laudo de la Cima que "da la razón a la UTE, obligando a la empresa pública Acuamed a indemnizar y resarcir a la UTE por los gastos incurridos en las obras".
La empresa, preguntada al respecto, rehusa a precisar el importe de la indemnización, que sería superior a los dos millones de euros según precisan fuentes conocedoras del proceso.
Ahora Acuamed se encuentra con las obras paralizadas y la obligación de indemnizar a la UTE, y la Audiencia Nacional investigando un sobreprecio que la Cima ha considerado inexistente en el proceso de arbitraje.
Actuación en la rambla Gallinera
