Trabajadores de salones alertan que la Ley del juego traerá "despidos masivos"

VALÈNCIA. (EP) La Unión de Trabajadores de Salones de Juego (Utsaju) ha vuelto a presentar alegaciones al proyecto de decreto para la aplicación de la ley del juego de la Comunitat Valenciana y a denunciar que el cierre de salones comportará "despidos masivos y una drástica reducción de la recaudación pública".

En un comunicado, los trabajadores de los salones de juego aseguran que "no tiran la toalla" después de su oposición de los últimos meses a la ley del juego aprobada recientemente en Les Corts, con lo que han llevado sus propuestas a la subdirección general de juego de la Conselleria de Hacienda y Modelo.

"Cada nuevo paso que da la administración supone un nuevo mazazo a nuestras expectativas laborales. Está haciendo todo lo que está en su mano para acabar con los salones de juego de la Comunidad Valenciana, y, con ellos, con nuestros empleos", ha lamentado el vicepresidente de la organización, Vicente Contreras.

Utsaju muestra así la "enorme preocupación" de los trabajadores y de sus familias por unas medidas que "lejos de dulcificar la normativa aprobada, imponen nuevos obstáculos al mantenimiento de sus puestos de trabajo".

En las alegaciones, los trabajadores advierten que "tanto la ley como este decreto impugnado ponen en serio peligro el mantenimiento de los puestos de trabajo". La distancia establecida por la regulación supone, a su juicio, la precarización de sus empleos porque "van a depender de unas distancias que nunca serán fijas ni seguras".

Es decir, con la actual ley, aquellos salones que se encuentren a menos de 800 metros de un centro educativo deberán cerrar y "en el mejor de los casos, trasladarse a otra ubicación". Pero, se pregunta la plataforma, qué ocurre si después del traslado y compra o alquiler del local, su adecuación y la contratación de personal, alguna administración decide construir un centro educativo a menos de 800 metros del salón.

Al no cumplir la ley y este reglamento, el salón deberá volver a trasladarse y Utsaju duda que los empresarios afectados "quieran y puedan soportar esos gastos, lo cual significará, irremediablemente, el despido de los trabajadores". Por tanto, exige que la obligación de las distancias se aplique solo a las nuevas autorizaciones.

En relación a la información comercial en el exterior de los establecimientos, los trabajadores creen que la Generalitat "invade" competencias del Estado y de los ayuntamientos al prohibir la publicidad en fachadas, ventanales o cristaleras y puertas, unas restricciones no contempladas por la Ley General de Publicidad de 1988. Mientras, la Ley de las Bases del Régimen Local de 1985 establece que los municipios son los que pueden regular los lugares en los que puede o no haber publicidad.