Trabajadores del Punto de Encuentro Familiar critican "el desprecio" a sus derechos laborales

VALÈNCIA (EP). Trabajadores del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de València han criticado "el desprecio" a sus derechos laborales por la gestión del Ayuntamiento y por la forma en la que se ha decidido que la Generalitat asuma este servicio "público y gratuito, que sirve de espacio neutral para garantizar el derecho a las relaciones familiares y régimen de visitas de los menores".

Los profesionales explican, en un escrito remitido a Europa Press, que el Ayuntamiento de València puso en marcha este punto en 2001 mediante la formalización de sucesivos convenios anuales de colaboración con otras entidades, como el Consejo General del Poder Judicial, y los colegios profesionales de Abogacía, Psicología, Trabajo Social y Educación Social. A tal convenio se unió posteriormente la Generalitat Valenciana.

Los acuerdos se mantuvieron hasta 2017, cuando el consistorio prosiguió con el servicio a través de "un modelo de contratación directa a los colegios profesionales y al coordinador del centro".

Sin embargo, aseguran, "las trabajadores del PEF han venido manteniendo la condición formal de autónomos", pese a que "el personal propuesto por los colegios profesionales era seleccionado y aprobado a su vez por el propio Ayuntamiento, desarrollaba su función en las instalaciones municipales, en la calle Pintor Genaro Lahuerta, y concurrían en el desarrollo del trabajo todas las características propias de las relaciones laborales por cuenta ajena".

En 2017, como consecuencia de una inspección laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, recayó acta de inspección en la que se concluía que el Ayuntamiento "encubre una relación laboral bajo la apariencia formal de una relación mercantil", lo que coloquialmente se denomina "falsos autónomos".

Consecuencia de ello, la propia Tesorería General de la Seguridad Social interpuso demandas de oficio ante la jurisdicción social, y ya se han resuelto dos de ellas, con reconocimiento de la relación laboral, y una tercera está pendiente de juicio en el Juzgado de lo Social número 18 de València, aseveran los trabajadores.

"Pero, lejos de subsanar tal situación, el Ayuntamiento ha decidido ahora, como solución a sus problemas, que la competencia de dicho recurso ya no es suya y que este PEF de València capital debe ser asumido por la Conselleria de Igualdad". En tal "estrategia", se ha establecido que el PEF preste sus servicios solamente hasta el próximo 30 de junio de 2021, fecha en la que debe pasar a formar parte las competencias de la Generalitat.

La Conselleria, apuntan, "parece estar conforme con ello, puesto que inmediatamente lo ha sacado a concurso público, junto con el resto de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat, por vía de urgencia (con las limitaciones de garantías que ello supone)".

"Sin medidas que garanticen continuidad"

"Esta actuación, sin tener en consideración los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del PEF de València y sin prever medidas que garanticen su continuidad, supone un burdo modo de desembarazarse del personal pese a las resoluciones judiciales recaídas y las que son previsibles que recaigan", reprochan.

En este sentido, critican que en las condiciones del concurso presentado por Conselleria "aparezca el listado de trabajadores de los Puntos de Encuentro Familiar que, hasta la fecha, siendo de su titularidad (de la Generalitat), gestionaba una empresa --previendo claramente la necesidad de la subrogación por la empresa adjudicataria-- y, sin embargo, queden exceptuados en tal subrogación las trabajadoras y trabajadores del punto de encuentro familiar de València capital (PEF que entra, según se expone, a ser novedosamente de su titularidad)".

Los profesionales recalcan que la actuación del Ayuntamiento con el personal de este servicio "ha sido y sigue siendo de absoluto desprecio y desatención a los mínimos derechos laborales". "Sirva como pequeño ejemplo de tal desprecio --prosiguen-- el hecho de que durante el tiempo del Estado de Alarma decretado por la pandemia, y hasta inicios del mes de junio, decidió mantener en suspenso los contratos del personal. De tal modo las trabajadoras y los trabajadores del Punto de Encuentro Familiar de Valencia no cobraron ni un solo euro durante dos meses y medio".

"Sin embargo, lo más grave fue, sin duda, que, optando con el cierre del servicio, se dejó a las familias usuarias del recurso sin posibilidad de ejercer su derecho de relación familia", apostillan.

Además de ello, advierten que, "con esta actuación del Ayuntamiento, en connivencia con la Conselleria, se va a causar un gravísimo perjuicio a las familias usuarias del Punto de Encuentro Familiar de València, y, dentro de ellas, de un modo fundamental, a los niños y niñas que se sirven de nuestro centro para desarrollar su fundamental derecho a sus relaciones familiares".