La consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez. Foto: CORTSVALÈNCIA. Exactamente un año. Ese es el tiempo que ha tardado la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo en rescatar la reforma de la Ley de la Sindicatura de Greuges que, entre otras cosas, pretende evitar contrataciones a dedo en la institución que actualmente preside Ángel Luna y que quedó por aprobar en la legislatura pasada por el adelanto electoral decretado por Ximo Puig en marzo de 2019.
Transparencia ha comenzado a realizar una ronda de contactos con los grupos de la oposición -este jueves, con Ciudadanos- para saber qué postura guardan ante esta ley. Esto es porque la reforma que se plantea requiere de un apoyo de dos tercios de la Cámara, por lo que las formaciones del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- necesitan el apoyo de PP o Ciudadanos para que esta normativa salga adelante, ya que ellos en solitario apenas suman 52 escaños y necesitar un total de 66 votos. Un hipotético respaldo de Vox tampoco sería suficiente porque este grupo parlamentario tiene diez diputados, por lo que la suma de los partidos del Consell y la ultraderecha seguiría sin bastar.
La reforma de la Ley de la Sindicatura de Greuges es el único proyecto de ley del Ejecutivo del Botànic I que queda por tramitarse, ya que semanas atrás ya fue validada la Ley del Juego y la Ley del Instituto Cartográfico Valenciano pasó por un pleno del Consell hace un mes. Hasta esta misma semana, los grupos parlamentarios no sabían nada de la normativa que debía retomar Transparencia. Una norma que quedó completamente redactada en la legislatura pasada y el proyecto de ley se aprobó en agosto de 2018. Es decir, quedó lista para volver a pasar en el actual mandato por un pleno del Consell para ser remitida al Parlamento, dado que no es necesario que vuelva a pasar por el Consell Jurídic Consultiu (CJC).
Desde la Conselleria de Transparencia explicaron en su día a Valencia Plaza que no la habían retomado porque quisieron esperar a que se renovara la presidencia del órgano -Luna tomó posesión en noviembre-, aunque señalaron que sí se tanteó a los grupos parlamentarios para conocer el grado de acogida que tenía esta ley. Un contacto que PP y Ciudadanos negaron, y que los dos socios de Unides Podem en el Botànic, PSPV y Compromís, también.
Una coincidencia de versiones entre los socios de los morados y los grupos parlamentarios de la oposición que, junto a la falta de mención alguna a esta nueva Ley de la Sindicatura de Gregues en el Plan Normativo Anual de 2020 -programa en el que el gobierno se fija año tras año cuántas leyes piensa sacar adelante- denostaba un más que probable olvido por parte de la Conselleria de Transparencia de Pérez Garijo.
Ahora, este departamento quiere conocer el apoyo que puede reunir esta norma. Y parece que, por el propósito que persigue, podría llegar a sumar los apoyos de Ciudadanos, si bien todo dependerá de cómo avance el debate parlamentario una vez la ley pase por un pleno del Consell e inicie su andadura en Les Corts. En concreto, la reforma de la Ley de la Sindicatura de Gregues busca evitar los enchufes o discrecionalidad del órgano para fichar personal.
La Sindicatura de Greuges, o el Defensor del Pueblo valenciano, es una institución que trata de garantizar la mayor transparencia en la administración autonómica valenciana. Sin embargo, la institución no se aplica su propia medicina en su organización interna, que es lo que pretendía el Botànic I con la reforma de la ley que da vida al organismo.
Así, las contrataciones de personal que realiza la entidad se hacen todas por libre designación. O lo que es lo mismo, a dedo. De hecho, de los 35 puestos de trabajo que especifica la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada en 2014, todos son elegidos a dedo por el Síndic, ya sea para cubrir plazas de asesores o traslados de funcionarios desde otras administraciones que buscan mejorar sus pluses. Para evitar coincidir con las legislaturas, el Síndic -que históricamente han pactado PP y PSPV- se renueva cada cinco años. La última, tuvo lugar en noviembre, cuando Les Corts Valencianes eligieron a Ángel Luna para que estuviera al frente de la institución y éste tomó posesión en diciembre.
