Treinta municipios de La Safor se beneficiarán del Plan de Caminos y Viales provincial 2018-19

VALÈNCIA. El Plan de Caminos y Viales (PCV) de la Diputación de Valencia invertirá en La Safor 860.000 euros entre 2018 y 2019. Un plan, dotado con 12 millones de euros en total, del que se van a beneficiar 30 municipios de la comarca, que podrán acometer actuaciones de mejora en caminos rurales y pavimentar viales urbanos.

Oliva, con 25.000 habitantes, lidera el listado de ayudas recibidas de La Safor con un total de 97.353 euros. La actuación más destacada, que ocupa el 80% de la subvención, es el reasfaltado de la vía verde que une el municipio con Gandia. “Queremos que el tramo que pasa por nuestro término esté en las mejores condiciones para cicloturistas, ciclistas y peatones”, aseguran desde el ayuntamiento. El resto del PCV será para prolongar tres caminos que quedaron por completar en el anterior plan, como son Tossal Gros, Covatelles y Platja de Santa Anna. Con ello, cuentan, “se mejorarán accesos a parcelas agrícolas y a zonas residenciales” y, además, “se adecuarán para prevención de riesgos e incendios forestales”.

El municipio de Tavernes de la Valldigna recibirá 76.500 euros y, según explican desde el consistorio, “todavía se encuentran en fase de planificación para concretar las actuaciones que van a llevar a cabo”. Con el anterior PCV, el de 2016-2017, pudieron mejorar la calle Metge Paco Valiente y los caminos Herrera y Primer del Golfo.

En tercer lugar se sitúa Villalonga, que recibirá 42.448 euros a través de este plan bianual, con los que mejorará, entre otros, el camino La Llacuna, una senda rural que conecta el municipio con una urbanización y que, según aseguran desde el ayuntamiento, “está muy deteriorado y provoca congestiones de tráfico”. A esta actuación se destinarán 39.468 euros y el resto de la subvención será para la compra de maquinaria, en concreto, de desbrozadoras para “adecentar los caminos donde crece la vegetación que complica la circulación”.

A Oliva, Tavernes de la Valldigna y Villalonga les sigue Xeraco, con 37.714 euros de inversión, Benifairó de la Valldigna, con 29.118 euros y La Font d’En Carrós, con 28.083 euros. Así hasta completar los 860.000 euros que van a llegar con este PCV a 30 municipios de la comarca.

Criterios objetivos

El PCV para 2018-2019 mantiene la cifra (6 millones de euros en 2018 y otros seis en 2019) y el mismo prisma de objetividad y eficacia en el reparto de la edición anterior, que en esta ocasión ha concedido 860.000 euros a La Safor. A cada entidad local le corresponde una asignación en función de cuatro criterios: población, longitud de caminos rurales, superficie del término municipal y un porcentaje mínimo por municipio. 

Con este baremo, todos los municipios de hasta 50.000 habitantes, entidades locales menores y mancomunidades de la provincia de Valencia pueden formular solicitudes para realizar la pavimentación de caminos y vías rurales de titularidad municipal, titularidad pública o dominio público; la pavimentación o reasfaltado de vías públicas urbanas; o la adquisición de maquinaria específica para construcción y conservación de caminos.

Aportaciones de alcaldes

Con el objetivo de mejorar las distintas líneas de subvención que elabora la corporación provincial, el área de Carreteras ha incorporado algunas de las peticiones de los alcaldes y alcaldesas con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilizar los trámites de la convocatoria. Una de ellas, la posibilidad de mancomunar una parte o el total de la ayuda para la ejecución conjunta de obras o la adquisición de nueva maquinaria, es ya una realidad contemplada en las nuevas bases.

Esta característica, combinada con el carácter bianual del plan, favorece que los municipios más pequeños tengan una mayor capacidad para realizar obras o proyectos más ambiciosos, con la garantía de que el dinero llegará en tiempo y forma. Un impulso a la autonomía municipal que se complementa con otro cambio: serán ahora los ayuntamientos quienes presenten un visado de los proyectos por parte del colegio profesional correspondiente, en lugar de tener que esperar a que sea la propia Diputación quien se encargue de ello, lo que supone depositar una mayor confianza en los alcaldes y alcaldesas de la provincia y reducir tiempos.