TTIP: ¿Libre comercio o juego de bloques?

VALENCIA. Un jugoso mercado que roza el 60% del PIB mundial con más de 800 millones de consumidores está en juego. Mientras la vía de los acuerdos multilaterales impulsados por la Organización Mundial del Comercio en pro de una economía global apenas sobrevive con respiración asistida, Estados Unidos y la Unión Europea negocian desde 2013 sumar sus fuerzas bajo la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, conocida como TTIP en inglés. Unas siglas que van más allá de integrar un acuerdo de libre comercio entre ambas superpotencias del Atlántico.

Partidarios y críticos de esta nueva alianza en fase de negociación –la última de sus nueve rondas se celebró el pasado mes de abril– coinciden al señalar lo limitado de su impacto económico inmediato, aunque los pronósticos más optimistas auguran beneficios de 119.000 millones de euros anuales para la hucha europea y de 95.000 millones para la americana, así como la creación de 400.000 empleos en la UE.

El eje del libre comercio no parece tan significativo cuando ambas regiones comparten una extensa tradición bilateral y una media arancelaria del 4%, por lo que cabe preguntarse qué razones motivan este tratado de nueva generación entre zonas ya bastante abiertas. "El acuerdo no es importante porque Europa vaya a despegar como un cohete, sino por lo que supondrá negociar con terceros", afirma Vicente Pallardó, investigador senior del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València.

En la era del regionalismo recuperado en los tratados comerciales tras el fracaso de la OMC y el Acuerdo Multilateral de Inversión, la estrategia bilateral "inteligente" de Estados Unidos –califica este economista– tiende su mano a la UE para crear una plataforma occidental, a la vez que negocia el Acuerdo Transpacífico, todavía pendiente de la decisión de Japón. "Con esa plataforma común, los que quieran vender en nuestro mercado, el más importante del mundo, deberán respetar nuestros principios, como la propiedad intelectual o la apertura de los contratos públicos a empresas extranjeras, cruciales para generar riqueza", apunta Pallardó.

En forma de tratado bilateral, el TTIP ahorra negociar con muchos otros países intentando imponer sus normas a nivel multilateral, según observa Adoración Guamán, profesora titular de Derecho del Trabajo en la UV. "Se vuelve a la guerra geopolítica de polos por fijar estándares mundiales proteccionistas frente a una tercera potencia que no protegerá los derechos de las personas frente a las grandes empresas, sino los intereses de los capitales y las multinacionales norteamericanas y europeas".

Lobbies y política comunitaria

Si el TTIP recupera la política de bloques, el debate que suscitan sus negociaciones rescata las clásicas lecturas antagónicas de la integración económica internacional. Para los partidarios como Pallardó, los acuerdos de liberalización son siempre positivos, aunque puedan perjudicar a ciertos colectivos. "El lobby pro libre comercio es tan potente como el lobby anti libre comercio. No hay una parte que sólo busque el beneficio económico y otra el bien de las personas o del planeta. La Comisión Europea está sometida a ambas, por lo que cuando se firme el TTIP, ciertos grupos como el lobby francés de la excepción cultural o el de la Política Agraria Común (PAC) por los transgénicos impondrán excepciones".

En Alemania, Francia y los países nórdicos, donde el TTIP levanta gran revuelo entre varios movimientos sociales, los partidos políticos reculan sin marcarse para no restar votos, según Guamán. "En España, el PP y el PSOE se han lanzado a decir que es lo mejor que nos podía pasar, lo que equivale a no conocer la evolución de los derechos laborales en la UE con el dumping social y la carrera hacia el abismo. El sur de Europa es quien más ha sufrido las consecuencias nefastas de la integración europea, compartiendo una tradición constitucionalista entre sus miembros. Cuando entremos a competir con EEUU, reacio siempre a ratificar convenios de la OIT como la libertad sindical, nos encontraremos a la cola de la cola".

"Sin cláusulas sociales potentes que impidan recortar estándares a los estados, algo que ningún tratado de libre comercio contempla, vamos hacia una armonización hacia abajo", advierte Guamán.

La cooperación reguladora constituye unos grandes ejes del acuerdo comercial, cuyo propósito persigue crear un consejo de regulación que reduzca diferencias normativas y armonice estándares entre ambas superpotencias en materias espinosas como el uso de fitosanitarios o los derechos laborales. "Sin cláusulas sociales potentes que impidan recortar estándares a los estados, algo que ningún tratado de libre comercio contempla, vamos hacia una armonización hacia abajo", advierte Guamán.

Sin embargo, el economista Pallardó refuta que un acuerdo de libre comercio perjudique a los derechos sociales y los servicios públicos. "Ninguna cláusula ni ejemplos históricos lo demuestran. Dependerá de los gobiernos nacionales y de las instituciones europeas. Nadie va a obligar a los alemanes a reducir su estado de bienestar o a los daneses a que bajen sus salarios al nivel portugués por el acuerdo".

El TTIP encuentra en Europa dos puntos de pulsión política, en función de si se le valora como un tratado de libre comercio o un acuerdo mixto. El Parlamento Europeo no participa en las negociaciones y solo puede votar sí o no al texto sin enmendarlo. "Además de si el Consejo debe aprobarlo por unanimidad o por mayoría, la decisión podría bajar a los estados miembros estimando el TTIP como acuerdo mixto, una situación que abriría el melón de los 28 y la petición de referendos, aunque es poco probable", explica Guamán.

Para esta jurista, el punto crítico reside en la política comunitaria diseñada a partir de la reforma del Tratado de Lisboa, impulsada por Merkel y Sarkozy, para impedir a los estados miembros negociar en los acuerdos comerciales de la UE. "El Tratado es el traje a medida del TTIP. La aberración democrática es haber llegado a que los estados deriven competencias de regulación a la UE, la cual se remitirá a una instancia superior elegida con EEUU, usurpando el poder del legislador para imponer decisiones sin contar con los ciudadanos".

Inversores y estados al mismo nivel

Las zonas más beneficiadas, indica Pallardó, serán aquellas cuyas empresas tengan mayor dinamismo y sepan leer las ventajas del acuerdo.

Sin aventurar datos del posible crecimiento económico tras la firma del tratado, las zonas más beneficiadas, indica Pallardó, serán aquellas cuyas empresas tengan mayor dinamismo y sepan leer las ventajas del acuerdo. "Si se reduce la política del Buy American de la Administración Obama, que restringe la capacidad de contratar con una preferencia americana muy fuerte, muchas empresas europeas podrán acceder a los contratos, entre ellas las empresas de construcción españolas de infraestructuras de élite internacional, que beneficiarían a las Pymes que las suministran".

El augurio de impulsar cientos de miles de empleos en la UE tras la firma del acuerdo resulta engañoso para la jurista Guamán. "En todo caso, esos empleos se van a crear, con o sin TTIP. Según estudios de economistas de la UE, el acuerdo empeorará nuestras condiciones económicas, aumentando el desempleo y provocando el traslado de sectores empresariales a EEUU, como le pasó a México tras el Nafta. La idea de que se va a abrir un gran mercado por el que circulen sin problemas los trabajadores tampoco será real, porque la movilidad de los países mediterráneos es reducida por las graves dificultades idiomáticas".

Pero el punto que mayores enfrentamientos despierta corresponde a la posibilidad de que las compañías multinacionales demanden en tribunales de arbitraje internacionales a los países firmantes del acuerdo a través del mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estado (ISDS), sistema de resolución de conflictos con el que se equipararía la posición de las grandes empresas a la de los estados nación.

Según define Guamán, el ISDS se orienta a la confianza en la inversión, saltando la justicia como tercer pilar de la división de poderes. "Se justifica por una desconfianza histórica en los tribunales de países en desarrollo. Se protege a los inversores extranjeros frente a posibles ‘veleidades políticas’ —aunque ese poder público proteja los derechos de la población— asegurando que la controversia no se dirima ante jueces nacionales, al entender que son corruptos o poco fiables. La Comisión Europea reconoce que el sistema plantea muchos problemas y lo trata con cautela".

Oponerse a esos tribunales internacionales, dice Pallardó, sería creer que los jueces prevaricarán a favor de las multinacionales en los casos que éstos les den la razón

Oponerse a esos tribunales internacionales, dice Pallardó, sería creer que los jueces prevaricarán a favor de las multinacionales en los casos que éstos les den la razón. "Para las empresas que intentan crear empleos en los nuevos mercados como India o China, donde crece la demanda pero enfrentándose a condiciones legales inaceptables, cediendo tecnología o violando sus derechos con sanciones arbitrarias, es vital porque podrán denunciarlo ante un tribunal internacional independiente", celebra Pallardó.

Cuando los países democráticos padecen la corrupción y la desconfianza en la política, este economista observa con inquietud que la potencia más poblada del mundo experimente la economía de mercado sin un sistema democrático. "Hoy todos los países desarrollados son democracias con economías de mercado, pero el ejemplo chino, con su especie de despotismo ilustrado, será una alternativa preocupante si consigue su objetivo, porque tendrá mucho tirón en Asia y en Europa occidental con gente dispuesta a apoyarlo a cambio de no perder cierto nivel de bienestar. Una posición común negociadora más fuerte con el resto del mundo podrá proteger mejor a nuestras empresas y trabajadores frente a ese modelo emergente".

La alternativa al TTIP, reflexiona Guamán, consiste en cambiar la perspectiva que prima los derechos de las multinacionales, los lobbies y grandes inversores, atendiendo a un mundo global de igualdad mediante una acción internacional de cooperación con terceros y el fomento del comercio local y el desarrollo de servicios para la ciudadanía. "La alternativa no es no aprobar el TTIP, ni hacer de Europa una fortaleza. Es una UE de los derechos de los ciudadanos del mundo que apruebe tratados con la cooperación al desarrollo y la justicia social como puntos de partida".

(Cara a cara publicado en la revista Plaza de junio de 2015).