VALÈNCIA. La medida era polémica y, como era de esperar, ya ha despertado voces en contra o que, por lo menos, exhiben sus dudas al respecto. La modificación que prepara el Consell de Carlos Mazón a la Ley de Acompañamiento de 2024 para permitir que los miembros de su gobierno puedan compatibilizar su cargo con la docencia no acaba de ser bien vista por UGT por los conflictos de intereses que pueden surgir y la pérdida de la imparcialidad que puede traer aparejada para el alto cargo en cuestión a la hora de tomar decisiones. De hecho, el sindicato tiene previsto presentar alegaciones porque creen que de llevarse a cabo, "afectaría a la prestación de servicios públicos", explica la secretaria general de FespUGT, Mayte Montaner. 

Las alegaciones que se trasladarán a la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública piden tres cosas concretas: que se controle el número de horas máximo de docencia y el límite de retribuciones a percibir, como también ocurre con los funcionarios; que cada vez que un alto cargo pida dar clase, se emita una "resolución administrativa por la Administración matriz o por el Consell que resuelva la compatibilidad del alto cargo"; y que la participación en seminarios y jornadas de forma retribuida se limite a un número máximo de eventos de este tipo. 

Así, la reforma pretendida por el Consell y que ahora analiza el Consell Jurídic Consultiu es la siguiente: el ejecutivo ha añadido un nuevo artículo a la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses aprobada hace siete años por PSPV y Compromís en el que permite que los cargos no electos, es decir, los miembros del Gobierno, puedan compatibilizar el "ejercicio del cargo con la docencia universitaria, la docencia en centros de selección y perfeccionamiento de empleados". Es decir, la medida busca que cualquier conseller, secretario autonómico o director general pueda desempeñar tales responsabilidades y, a su vez, ser profesor en una universidad pública, privada o una academia particular "en régimen de dedicación a tiempo parcial", según el anteproyecto. En definitiva, ser pluriempleados.   

La propuesta contempla también que en caso de que los altos cargos ejerzan de docentes en algún centro o universidad puedan percibir un salario nada desdeñable. "La cuantía de las compensaciones percibidas por la actividad docente o de investigación no podrá en ningún supuesto exceder del 30% de la retribución que corresponda al alto cargo", contempla la modificación planteada por Presidencia de la Generalitat. 

Un salario que, por tanto, se sumaría al que ya perciben como altos cargos y que en ningún caso es inferior a los 58.000 euros, ya que entre el primer y tercer escalón del Consell todos los sueldos oscilan de los 95.521 que cobra el president a los aproximadamente 58.000 euros anuales que percibe un director general. En definitiva, un cambio que, a la postre, permitiría que los altos cargos pudieran ver engrosadas sus nóminas aunque no fuera a través de una subida de salarios pura y dura a los miembros del Gobierno valenciano.