La secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los aspirantes a gestores de fondos europeos todavía tratan de encajar el jarro de agua fría que recibieron la semana pasada por parte de la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Función Pública trasladó a los sindicatos su intención de cubrir apenas una decena de los 267 puestos que anunció para esta bolsa de empleo temporal que buscaba constituir un cuerpo de funcionarios (interinos) de élite dedicados exclusivamente a captar el dinero procedente de Europa para la reconstrucción de la Comunitat.
El cambio en las reglas del juego se produjo después de que más de 4.500 personas se presentaran al examen y cerca de 2.200 lo superasen. El cabreo y decepción conviven a partes iguales entre los que hincaron codos para presentarse a la prueba -equiparable a un A1, la escala más alta de la Administración valenciana-, pero también entre las organizaciones sindicales, que no entienden el porqué se contemplaron cerca de 270 plazas para la convocatoria y finalmente tan solo se requerirá a un 3,7% de las anunciadas.
Tampoco comprenden que, desde que se convocó el proceso hasta el momento actual, el Consell haya ido haciendo llamamientos y cubriendo estos puestos de gestores de fondos europeos utilizando interinos de otras bolsas que no habían superado previamente un examen específico sobre el tema como sí han tenido que hacer los aspirantes de este proceso.
El lío es mayúsculo, el cabreo de los afectados monumental y las expectativas de encontrar una solución que pueda resolver el perjuicio a los aprobados limitadas porque Función Pública ha trasladado que en el futuro las consellerias y organismos dispongan de más puestos y hagan más llamamientos desde la bolsa. Sin embargo, los sindicatos tratan estos días de intentar llegar a un acuerdo con el departamento gestionado por Gabriela Bravo.
Así, la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, propuso el pasado jueves a la consellera durante la reunión de la Mesa General de Negociación que cuando se disponga de un listado definitivo de la bolsa conformada por los que han aprobado el examen de gestión de fondos europeos, se priorice a estas personas cuando el Consell deba cubrir puestos de cuerpo A1 de Administración General. Esto es, que cuando la Generalitat tenga una vacante de A1, fiche a una de estas casi 300 personas que han demostrado su preparación en el proceso selectivo, en lugar de realizar un llamamiento y cubrir el puesto con interinos que no han superado un examen. La
Desde el sindicato explican que, en más de una ocasión, la bolsa de A1 se ha quedado desierta. Una situación que ha obligado a la Administración a contratar interinos sin superar ningún examen, tan solo debían contar con los requisitos que contemplara la bolsa en cuanto a titulaciones. En lugar de esto, y como solución al embolado en el que ha quedado la bolsa de gestores de fondos europeos, UGT-FesP ha solicitado a la Conselleria esta medida transitoria que evitaría que los aspirantes a funcionarios 'de élite' se queden a la espera de trabajar en la Generalitat después de haber superado un complejo examen.
De momento, y según trasladan desde el propio sindicato, la Conselleria de Bravo no ha dado respuesta a esta propuesta. Confían, no obstante, en que pueda ser atendida pero, también, recibir una explicación de lo que ha ocurrido con este proceso selectivo.
El pasado mes de junio, hace ya seis meses, el Consell anunció una fórmula novedosa para contratar interinos con experiencia en fondos europeos para reforzar las distintas consellerias. El objetivo era formar un cuerpo funcionarial de élite que gestionara de forma eficiente el dinero europeo destinado a la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la pandemia de la covid-19.
La metodología consistía en activar una bolsa de empleo temporal en la que los aspirantes debían demostrar su experiencia en la materia superando un examen tipo test de medio centenar de preguntas. Una prueba que no sería en absoluto sencilla: el temario era muy extenso y se equiparaba a un grupo A1 de la Administración de la Generalitat. La remuneración también sería acorde al puesto, dada la escasa cantidad de personal cualificado y experto que existe en esta materia.
Tras recabar las peticiones de personal de las distintas consellerias, Función Pública contempló que la convocatoria tendría 267 plazas temporales que estarían repartidas principalmente en tres departamentos: la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural, que reclamó 108 expertos; Vivienda, que solicitó reforzar su plantilla con 78 interinos; y Política Territorial, que pidió 40 funcionarios que les ayudaran a ejecutar estos fondos. Por tanto, el 80% de los puestos se concentrarían en estas tres carteras que serían las encargadas de desarrollar los ejes fundamentales de los Next Generation: movilidad sostenible, eficiencia energética en edificios y transición ecológica.
El examen se realizó el pasado 1 de octubre y a la convocatoria se presentaron más de 4.500 personas. Un fallo en un aula mantuvo el proceso de selección paralizado más de mes y medio: a unos estudiantes les dieron, por error, menos tiempo para realizar la prueba, por lo que el jurado tuvo que estudiar qué solución era mejor para subsanar este perjuicio. Finalmente, decidieron que los afectados -apenas 16 personas- debían volverse a examinar.
A pesar de todos estos tropiezos, ahora ya se sabe que 2.200 personas han aprobado. Pero ni un 0,4% pasará a trabajar en la Administración para gestionar la llegada y ejecución de los fondos europeos. El departamento gestionado por Gabriela Bravo ha explicado a los sindicatos que "por ahora tan solo hay una decena de puestos por cubrir", a pesar de que la convocatoria era para 267 plazas.
Mientras el proceso selectivo se dilataba en el tiempo, la Conselleria de Hacienda apremió a los distintos departamentos para que ejecutasen los fondos procedentes de Europa que ya se encontraban en la Comunitat -pues tienen unos plazos de ejecución- para que estos no se esfumasen. Por lo que desde que se convocó el proceso de junio hasta ahora que ya se ha conocido el número de aprobados, "se han ido haciendo llamamientos de personal para poder desatascar la gestión", explicaron fuentes del Ejecutivo a este diario.
