Un arquitecto de Ciegsa asegura que Caturla hacía las cosas "por sus huevos"

VALÈNCIA. La pieza que investiga el presunto saqueo de la empresa pública de construcción de centros escolares Ciegsa comienza a tomar forma con las declaraciones de varios testigos. Entre ellos, un extrabajador, arquitecto de la casa, que ha asegurado que el exgerente de Ciegsa Máximo Caturla hacía las cosas "por sus huevos". Tanto es así que este testigo apuntó esta frase en un papel que obra en el sumario junto al nombre de una obra en un colegio.

Cuando el magistrado instructor, Víctor Gómez, le preguntó este viernes que a qué se refería con dicha expresión manuscrita, el testigo le contó que lo escribió cuando Caturla se empeñó en poner césped artificial en un colegio que se estaba construyendo en su localidad natal, Fontanars dels Alforins. El arquitecto le espetó a Caturla que eso era demasiado caro y una locura, a lo que el responsable de Ciegsa le dijo, según el relato del testigo: "Eso se va a hacer por mis huevos".

Este arquitecto explicó que desde que entró Caturla y cesó su predecesor, Javier García Lliberós, todo se hacía según Caturla decía. Cuando el testigo le preguntaba el porqué de algunas cosas, Caturla le contestaba"aquí mando yo", siempre según la versión del testigo. De hecho, a este respecto, este y otro testigo declararon que Caturla tenía el control absoluto de las obras tanto por su cargo como gerente de Ciegsa como por ser secretario autonómico de Educación.

Tanto era así, que el testigo reveló que obligó a cambiar el sistema de baremación para que "no entraran empresas extranjeras". Preguntado a qué se refería con lo de extranjeras, el declarante aclaró que "a empresas que no fueran valencianas". Añadió que se cambió de tal forma el sistema de baremación de empresas que ninguna que no fuera valenciana podía acceder a los concursos. Un hecho que de comprobarse sumaría una nueva piedra en el camino judicial de los investigados, sobre todo de Caturla, pues es ilegal.

Pero no se quedó ahí, ya que a partir de que asumió el control de la empresa pública los modificados en las obras pasaron de ser anecdóticos a ser generalizados. De hecho, esta pieza del sumario investiga si de dichos modificados la trama corrupta se llevaba un 3 % en mordidas, tal y como en su día declaró el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.

Por otro lado, otro arquitecto que en su día declaró ante la Guardia Civil que una de las empresas investigadas había pagado una obra realizada en el domicilio de Caturla se desdijo este viernes. Más bien ha matizado que “él no puede saber si después Caturla le pagó a ese empresario la obra”.

Ciegsa

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia abrió recientemente una pieza separada en el caso Imelsa para investigar el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de las infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana.

El juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de “legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad” con la finalidad de “favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva”.

En la resolución del magistrado, añade que esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.

En esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent, considerado el “recaudador”; el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla, cuatro técnicos de esta empresa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si “pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano” y si justificaron sobrecostes “sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación” para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente “perjuicio económico para el erario público de la Generalitat”.