GRUPO PLAZA

El TSJ obliga a València a pagar una deuda de 350.000 euros a Cleop por la anterior gestión de la grúa

Foto: KIKE TABERNER
1/07/2022 - 

VALÈNCIA. Casi 350.000 euros ha tenido que desembolsar finalmente el Ayuntamiento de València al grupo Cleop por los intereses de una deuda que mantenía en litigio con la compañía desde que esta dejara de gestionar la grúa municipal del Cap i Casal en 2014. El TSJ ha fallado en favor de la empresa valenciana y el consistorio ha tenido que abonarle la mencionada cuantía por la demora en el pago de cuatro facturas para cerrar el conflicto judicial.

La UTE Servicleop-Cleop grúa de Valencia gestionó el contrato de la grúa municipal de València -uno de los más importantes del consistorio- desde que se le adjudicó en 2004 hasta 2014. Durante aquel período, el Ayuntamiento de València pagó con retraso cuatro facturas emitidas por la compañía. Dos de ellas aquel mismo año, pero otras dos no se pagaron hasta 2017, fruto de otro conflicto judicial abierto entre ambas partes sobre la liquidación del contrato.

Así pues, la normativa establece que cuando la administración tarda más de dos meses en pagar -el caso de estas cuatro facturas-, debe abonar también unos intereses. La disputa abierta en este caso entre la UTE y el Ayuntamiento tenía que ver con el período que se contabilizaba en la demora para calcular los intereses.

El consistorio, por un lado, defendía que los intereses se calculaban desde la emisión de la factura hasta la liquidación del contrato -2015-. Por contra, la compañía sostenía que este plazo acababa con el abono efectivo de la factura -207, en el caso de las dos últimas facturas satisfechas-. He aquí el conflicto, que primero el juzgado contencioso y luego el TSJ ha acabado decantando de la parte de la empresa que preside Carlos Turró.

Carlos Turró

En definitiva, la demora en el pago de estas cuatro facturas, emitidas en 2014, ha hecho que el Ayuntamiento haya tenido que pagar ahora 347.773 euros a la compañía. La pasada semana, el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, resolvió acatar la última sentencia del pasado mes de febrero y aprobar el pago a la firma valenciana.

La grúa, una contrata problemática

Estos litigios no han sido los únicos relacionados con la contrata de la grúa del Ayuntamiento de València, que bien podría calificarse de problemática: en los últimos años, la gestión de este servicio, dependiente de la concejalía de Seguridad, ha protagonizado no pocos conflictos.

Hay que recordar que en 2014, ganó la licitación de este servicio la unión de empresas Pavapark-Auplasa. Pero tampoco salió muy bien parada con el consistorio, pues las previsiones económicas que se habían hecho en el contrato no se cumplieron: se preveían 6.000 retiradas de coches mensuales, pero a la postre no llegaban a las 3.000. Y esto hizo que la UTE alegara falta de rentabilidad para solicitar el cambio de las condiciones.

El consistorio se negó, ya con la edil Sandra Gómez al frente de la concejalía, lo que llevó a la empresa a reclamar la resolución del contrato, explicando que la administración había "impuesto como nuevo principio de su política de movilidad" el criterio de "la grúa amable" -menos agresiva, y que conllevaba menos gasto para el Ayuntamiento-, "con las graves consecuencias" económicas para la adjudicataria, según sus palabras.

Sandra Gómez (centro) y Aarón Cano (1izq). Foto: ESTRELLA JOVER

El asunto acabó en los tribunales y el Ayuntamiento ganó, si bien las compañías recurrieron. Pero ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso: el Ayuntamiento resolvió el contrato con una indemnización para la empresa de 2,5 millones de euros y el consistorio debía sacar un nuevo concurso, pero hasta que se adjudicara de nuevo, el servicio continuaría prestándolo la UTE fuera de contrato y percibiendo un abono mensual de 360.000 euros. Y según la Agencia Valenciana Antifraude, muy por encima de lo que debía percibir.

De hecho, la Agencia Valenciana Antifraude considera "acreditado" que esta compañía "ha obtenido unos beneficios" extracontractuales de más de 614.000 euros desde 2017. Y como publicó este diario, el organismo que dirige Joan Llinares instó al Ayuntamiento de València a revisar estos pagos injustificados de dinero que nunca debió haber salido de las arcas municipales. El Ayuntamiento acabó rechazando esta recomendación de la Agencia.

Esa situación se ha mantenido hasta este mes, cuando el concurso público del servicio se ha adjudicado a la compañía Trans-asistencia La Chica por 9 millones de euros, incluyendo esta una 'tarifa plana' mensual a la empresa de 300.000 euros independientemente de los enganches.

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