VALÈNCIA (EP). El que fuera jefe de la Sección de Personas Mayores del Ayuntamiento de València en el momento en el que el consistorio adjudicó a Transvia, mercantil del empresario Urbano Catalán, un contrato para la celebración de una fiesta para personas de avanzada edad por más de 652.000 euros, ha asegurado este martes que no recibió "ninguna indicación" del exvicealcalde Alfonso Grau para beneficiar a esta firma ni escuchó ninguna instrucción a ningún otro de los intervinientes en la elaboración de pliegos ni en la valoración de las ofertas.
Así se ha pronunciado el funcionario, que continúa trabajando en el consistorio de la capital valenciana, en la segunda sesión de la vista en la que se juzga por cohecho y blanqueo al que fuera número dos de la exalcaldesa Rita Barberá, que también se encuentra investigado en el conocido como caso Imelsa.
Supuestamente, Grau aceptó dos relojes de lujo del empresario, los cambió por otros más caros y pagó la diferencia, lo que constituiría un presunto blanqueo, mientras que mercantiles relacionadas con Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege, habrían resultado adjudicatarias de un total de 16 contratos por un importe aproximado de 2,5 millones de euros entre 2006 y 2015.
La Fiscalía solicita para Grau una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 75.000 euros, mientras que para el empresario reclama un año de cárcel por cohecho.
En esta segunda jornada de juicio están llamados a declarar hasta siete testigos propuestos por las defensas. Está previsto que el proceso se prolongue durante un total de ocho sesiones repartidas entre esta semana y la que viene.
La primera en prestar declaración este martes, a propuesta de la defensa de Grau, ha sido una mujer que ha explicado que acudía a la consulta de la primera esposa del exvicealcalde, médico, y le pagaba 60 euros en cada visita en efectivo, puesto que no disponía de datáfono. Grau sostuvo en fase de instrucción que pagó la diferencia entre los relojes devueltos y supuestamente regalados por Catalán y los seguidamente adquiridos, más caros, con dinero en efectivo que guardaba en su domicilio.
Después ha llegado el turno de los funcionarios del Ayuntamiento. El jefe de la Sección de Personas Mayores ha relatado que en febrero de 2011 se puso en marcha el concurso para la adjudicación de un contrato para la celebración de una fiesta para personas de avanzada edad por más de 652.000 euros y ha afirmado que siguió el proceso habitual.
Posteriormente, en el momento de la elaboración de los pliegos del concurso, ha indicado que no tiene conocimiento de que el exvicealcalde "interviniera para que se elaboraran de una determinada manera" y ha explicado que la mesa de contratación estaba formada por técnicos de contratación, un secretario, el concejal de contratación y jefes de los servicios para los que se llevaba a cabo el trabajo.
Así, ha asegurado que Grau "no exigió a ningún funcionario ningún pronunciamiento a favor de nadie" y ha apuntado que "los juicios de valor los efectúan técnicos", mientras que la valoración económica "se hace según una fórmula matemática, no cabe interpretación". "Yo no recibí ni oí que recibieran ninguna indicación al respecto", ha insistido.
Además, ha expuesto a preguntas de las defensas que el contrato del Ayuntamiento de València se ha renovado con el nuevo equipo de gobierno municipal, después del cambio de color político tras las elecciones locales de 2015.
En la misma línea se ha pronunciado el que fuera jefe del servicio de Bienestar Social, que ha dicho que hasta donde él conoce "Grau no intervino" en el concurso y ha afirmado que "en el proceso de contratación no hay intervención política nunca, salvo que presida la mesa el político". Además, ha remarcado que "los procedimientos de adjudicación eran genéricos del Ayuntamiento de València" y "lo que era determinante era la parte económica".
La siguiente en testificar ante el tribunal ha sido la jefa del servicio de Contratación, que ha señalado que el contrato con el que se hizo Transvia "siguió el camino habitual" y "no había intervenciones por parte de concejales". "Grau no me dio ninguna indicación. No teníamos ninguna consigna de beneficiar a Transvia", ha puesto de relieve.
Finalmente han declarado otros dos funcionarios, entre ellos el interventor del consistorio, que han coincidido en que no recibieron "nunca" ninguna directriz sobre la adjudicación de contratos. "Siempre he actuado con total autonomía", ha destacado el interventor.
