VALENCIA (EP). Un informe de un auditor interno de Divalterra --la entidad que sustituyó a Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia inmersa en una investigación judicial por causas relacionadas con la corrupción-- detecta "incidencias" en la actual gestión del ente. En concreto, cuestiona, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas.
Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la diputada portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, en una rueda de prensa en relación a este informe presentado esta semana al consejo de administración de la institución pública. Desde el PP han pedido explicaciones tanto al presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, como al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y no descartan acudir a la Justicia para que se investiguen estas presuntas irregularidades.
Estas "irregularidades" apuntarían directamente, según Contelles, a uno de los gerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo, nombrado por el PSPV, y a José Manuel Orengo, exalcalde de Gandia y ex número tres del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
En su informe, el auditor advierte contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin haberse iniciado el expediente de contratación con los documentos mínimos necesarios; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y Compromís.
Así mismo, se advierte, tal y como ha reproducido Contelles, de que Divalterra ha pagado más de 90.000 euros por tres contratos suscritos a una letrada que ha representado a José Manuel Orengo en otros procedimientos. Esta letrada --ha proseguido-- "tiene domiciliado el despacho en el bufete con un conocido penalista que ha representado al PSPV en muchos procedimientos y sobre el que por todos es conocido la cantidad que se le adeuda", ha apostillado.
Los contratos --ha agregado-- "contaron con el visto bueno de José Luis Vera --director de los servicios jurídicos de Divalterra-- y del exgerente de la empresa José Ramón Tíller, nombrados ambos por Jorge Rodríguez --presidente de Divalterra-- y por Orengo".
El informe del auditor también contempla incidencias en dietas, gastos de representación y otros gastos. En concreto, señala que antes del 1 de noviembre, en que entró en vigor una nueva norma que regula estos aspectos, se incluían en los tickets conceptos no regulados como bebidas alcohólicas; no existían limitaciones sobre el gasto en comidas diarias en jornadas de trabajo convencional; no existía un concepto claro de los gastos de representación; ni un procedimiento único para todo el personal en la justificación y pago de dietas.
Contelles también se ha referido al contrato de asesoría jurídica para Divalterra, por un importe de casi 600.000 euros, que se paralizó esta misma semana. En este expediente, la baremación era del 90% la parte técnica y solo del 10% la económica. Es decir, ha lamentado Contelles, "la parte más objetiva solo valía un 10%".
A la vista de este informe, el PP ha solicitado información "detallada" sobre la gestión actual de Sahuquillo, ha indicado Contelles, así como los expedientes de contratación sobre la letrada, Emma Ramón, que contrató también Divalterra por 90.000 euros.
Por su parte, la diputada provincial de EU en la Diputación, Rosa Pérez, ha indicado en un comunicado que ha presentado por registro de entrada tres solicitudes de documentación dirigidas a Rodríguez y a los dos directores gerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines, respectivamente. En concreto, ha reclamado una copia íntegra y literal del expediente de contratación de asistencia jurídica, que incluya el informe previo de un catedrático penal que no se encontraba a la documentación que se entregó al consejo de administración de Divalterra celebrado el martes.
Además, ha solicitado la copia íntegra y literal de los expedientes de los contratos menores adjudicados a la letrada Emma Ramón entre los meses de julio y septiembre de 2015 y el expediente del contrato de asesoramiento jurídico y dirección letrada en las diligencias previas del caso Taula, adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad a la misma abogada durante los meses de octubre y diciembre de 2015.
La diputada de izquierdas ha explicado, además, que el pasado 7 de noviembre presentó por registro de entrada otras dos peticiones de documentación dirigidas también a Sahuquillo y a Brines, donde solicitaba copia de todas las minutas, con indicación de qué se había abonado, presentadas por el abogado José María Calatayud, contratado por la anterior corporación para querellarse contra el exgerente de Imelsa Marcos Benavent por haberse llevado presuntamente documentación de la mercantil --diligencias instruidas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia--. Según Pérez Garijo, a fecha de hoy no ha obtenido respuesta.
Por su parte, Víctor Sahuquillo se ha defendido ante los medios de comunicación de las acusaciones del PP y ha indicado que en Divalterra "no ha habido fraccionamiento de contratos". "Hay informes de los servicios jurídicos que dicen que no existe fraccionamiento y la historia está en cómo se suman las cosas. Si son encargos distintos, no hay fraccionamiento", ha apostillado.
Así, interpelado por qué el auditor contempla entonces estos fraccionamientos, ha respondido: "Es posible que haya sumado determinadas cosas que no tienen nada que ver porque son conceptos distintos".
En relación a la inclusión del alcohol dentro de las dietas, Sahuquillo ha indicado que lo desconoce: "En el informe no habla el auditor de dietas. Solo aparece que en la empresa existía una carencia de regulación sobre este concepto y ahora ya la hay", ha señalado.
En general, Sahuquillo ha aseverado que el auditor "únicamente habla de incidencias, no de irregularidades", y se refieren "fundamentalmente" a contrataciones de publicidad con los medios de comunicación, "donde a veces las fechas entre que haces el encargo al medio, se firma, etc... existen dos o tres días", ha puesto como ejemplo.
Preguntado por los presupuestos efectuados por debajo de 18.000 euros para evitar la firma de la cogerencia, ha señalado que "eso son interpretaciones subjetivas, y ante ellas, no puedo opinar". "El PP intenta generar una serie de situaciones que no son reales", ha apostillado.
