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c's cifra el coste público en 400.000€

Un informe ya advirtió de las irregularidades del ayuntamiento de Sagunto con el Music Port Fest

El documento de Secretaría General apunta que la Junta de Gobierno era consciente de las irregularidades que estaba cometiendo y supone un empeño casi personal porque se celebrara el evento

15/12/2018 - 

VALÈNCIA. Las sospechas que tenían algunos grupos de la oposición en el Pleno de Sagunto sobre el Music Port Fest se han confirmado. El Partido Popular y Ciudadanos recibieron este lunes una notificación de que ya disponían de la información solicitada meses atrás. Mientras los grupos pedían una copia de algunos documentos del expediente, el Ayuntamiento –cuyo retraso provocó una queja formal en el Síndic de Greuges por parte de los populares- les ha acercado a Secreataría los tres tomos que conforman toda la documentación disponible sobre el festival y el consistorio. Como ya adelantó Cultur Plaza esta misma semana, los grupos querían saber las razones por las que la administración pidió una subvención como organizadora del evento, si eran los promotores privados los responsables de esta tarea.

Sin embargo, el expediente va mucho más allá. Dos informes de la Secretaría General ya advirtieron al Ayuntamiento de Sagunto de las irregularidades que se estaban cometiendo pocos días antes de la celebración del festival. De hecho, no solo dicen explícitamente que se estaba incurriendo un caso de enriquicimiento injusto, sino que desaconsejaba el solo hecho de permitir la celebración del festival. En la redacción del último informe, la Secretaría General utiliza un tono duro y de advertencia y pone el foco en el hecho de que los promotores solo habían presentado un documento (titulado “Proyecto de Actividad Eventual del Music Port Festival 2018 en Puerto de Sagunto”), completamente insuficiente para cualquiera de las acciones que desde el ayuntamiento hicieron con el certamen.

Lo primero en lo que se fija el secretario general es en “los gastos que ha pretendido asumir el Ayuntamiento por la celebración de un evento de carácter privado con importantes connotaciones públicas, siempre realizadas sin procedimiento alguno que lo amparase”. Esto se refiere –entre otros- al gasto directo de 54.450 euros de los contribuyentes que se destinaron a la campaña de promoción del festival, desde la presentación de este en la feria FITUR celebrada el pasado enero como una de las grandes apuestas de la localidad. Más tarde, el mismo ayuntamiento acudiría como organizador a una línea de ayudas que irían destinadas al festival. Un error de forma les haría perder esta convocatoria y dejaría a los promotores sin una importante inyección de dinero público que si los empresarios reclamaran ahora, el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo previsiblemente.


Por otra parte, cuando el informe señala que “no hay procedimiento alguno que lo ampare”, se refiere a que el Ayuntamiento no firmó un contrato de colaboración ni abrió expediente administrativo alguno en ningún momento que formalizara la relación público-privada con el Music Port Fest. Esto provoca que se incurra, según el secretario general, en un “principio de enriqueciemiento injusto”, dejando así a la corporación municipal en una difícil situación legal. La falta del expediente es algo a lo que se aduce constantemente en el informe (se llega a decir que lo repite como argumento “machaconamente”). El secretario general tiene incluso que documentarse a través de las notas de prensa y las fotografías de la presentación en FITUR para trazar la difusa relación entre el consistorio y los promotores del Music Port Fest.

El Ayuntamiento autorizó el festival cuatro días antes de su celebración

Pero el informe no se queda únicamente en la crítica a la gestión del dinero público, sino que cuestiona la falta de documentación incluso para pedir la autorización que permitió celebrar el festival, y lo deja así de claro: “El funcionario que suscribe entiende contraria a derecho otorgar cualquier tipo de autorización para la realización del Music Port Festival 2018” a la promotora.

No es hasta el 2 de julio, cuatro días antes de la celebración del festival, cuando la Junta de Gobierno Local se reune de manera extraordinaria para autorizar la cita. Lo hacen aunque los promotores aún no habían presentado el seguro de responsabilidad y les faltaba una certificación administrativa. El equipo de gobierno local resuelve el conflicto favorablemente, aunque advierten que si no resuelven esas dos faltas, no podrán abrir puertas el viernes 6.

Todas estas irregularidades han provocado que el grupo municipal de Ciudadanos ponga el grito en el cielo y exija un pleno extraordinario en el que piden que el gobierno de explicaciones del supuesto “abuso insitucional”: “este asunto tiene toda la pinta de acabar costándole a los vecinos de Sagunto más de 400.000 euros. Ya que no solo vamos a tener que hacernos cargo de los compromisos que el gobierno local adquirió con la empresa promotora, íntimamente relacionada con Compromís, sino que además, tendremos que afrontar judicialmente las demandas con las que ésta exigirá el pago de todos los importes pendientes de cobrar”, sentencia Raúl Castillo, portavoz del grupo municipal. Además, pone el foco en toda la información que aún les queda por conocer: “no se sabe nada de la gestión de la venta de entradas ni del número de asistentes. No se ha puesto a nuestra disposición ningún contrato que establezca las condiciones en las que se iba a desarrollar el festival, quién pagaba qué”. El mismo secretario general del ayuntamiento, según afirma hasta seis veces en su informe, tampoco dispuso de esa información.

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