Un juez investigará los contratos de Vaersa con la Fundación de la visita del Papa

VALENCIA (EP). El juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que investiga el caso Vaersa, ha remitido al decanato de los Juzgados la información que existe en la causa sobre las contrataciones de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del Papa a Valencia en 2006, para que estos hechos sean investigados por otro juzgado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Este órgano judicial investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños; a la exconsejera delegada, Ángeles Ureña; a la exdirectora de Recursos Humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

En el curso de esa investigación, se practicaron registros y se intervino documentación y correos electrónicos algunos de los cuales hacían referencia a la relación de Vaersa con la Fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Este hecho constituye, según recoge el auto de la instructora, un "hallazgo casual" sobre hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y malversación "presuntamente cometidos por las personas que firmaron dichos contratos, tanto el responsable de la empresa pública Vaersa como el de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias".

Se trata, según la jueza, de "hechos nuevos que no guardan relación alguna con los que inicialmente dieron lugar a la incoación" del llamado caso Vaersa, motivo por el cual estima la petición de la Fiscalía y, de conformidad con lo indicado por la Audiencia Provincial de Valencia, acuerda enviar esa parte de la causa al decanato para que sea investigada por el juzgado de instrucción en el que recaiga por orden de reparto.

El fiscal, en su razonamiento, pedía una deducción de testimonio --procedimiento similar a una denuncia-- dado que en las entradas y registros practicados en esta investigación y del acceso a la información contenida en los dispositivos incautados a los investigados y en los correos electrónicos sobre la contratación de la Fundación VEMF, el director general indicaba que no era "conveniente" que se conociera, según consta en el auto.