VALÈNCIA. Los ayuntamientos siguen a la espera de respuesta sobre las medidas que se plantearon hace un mes por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para las localidades afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. El organismo intermunicipal aprobó por unanimidad el 17 de diciembre una declaración institucional que instaba al Ejecutivo central a implementar numerosas medidas de agilización administrativa, económicas y fiscales, que se solicitaban para complementar las ya aprobadas por el Ejecutivo central y de las que poco más se ha sabido.
Entre las peticiones de la FEMP destacaba la suspensión de las reglas fiscales para los municipios afectados por la Dana. O lo que es lo mismo: que se les deje gastar más que al resto de los ayuntamientos españoles, al tener que hacer frente a desembolsos extraordinarios como consecuencia de la catástrofe. Se puede considerar una de las principales exigencias pero por ahora, desde el Ejecutivo central, nadie ha dicho en público 'esta boca es mía'.
Este martes, aprovechando la visita de una delegación de la FEMP a la 'zona cero' de la tragedia, el presidente de la Diputación de València, el popular Vicent Mompó, aprovechó para recordarla y pidió a la Federación que "alce la voz" para que el Gobierno central apruebe esta medida porque es "de justicia". Así, se mostró "muy preocupado" porque municipios como Chiva, Macastre o Carlet, dijo, lo habían pedido al Ejecutivo con una respuesta "negativa".
Así, tras visitar dos municipios afectados por la tragedia, la presidenta de la FEMP, la también popular María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera, recogió "la inquietud" de Mompó y señaló que actualmente no hay "información de las reglas fiscales a aplicar en 2025" por parte del Ministerio de Hacienda. Por ello, dijo que espera que "una vez se definan, reflejen la realidad de lo ocurrido en Valencia y se tenga en cuenta la excepcionalidad territorial", más allá de que sean "generosas con todos los ayuntamientos en general".
Tuvo que ser la representante socialista, vicepresidenta primera de la FEMP y alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, la que, admitiendo que es "absolutamente justo y necesario" suspender las reglas fiscales para estos municipios, dijo que está en fase de estudio por el Gobierno. "Es algo que se está valorando y que está sobre la mesa", señaló Rey sin mayor especificación, para recordar a continuación que el Gobierno ha movilizado 16.000 millones de euros para afectados por la catástrofe, de los cuales 11.000 son ayudas directas.
Sin embargo, esta es sólo una de las múltiples peticiones a las que instaba la Federación y sobre las que, por el momento, poco más se sabe. La declaración pedía, por ejemplo, la exención en el Impuesto de Vehículos para 2024 y 2025, aplicable tanto a los vehículos dañados como a los adquiridos en sustitución, y ampliación de la exención del IAE y el IBI a 2025 -por el momento sólo se ha aplicado a este año-, así como "no condicionar" la de este segundo gravamen al realojamiento de los afectados, pues en la zona cero son habituales las viviendas de varios pisos que han evitado la necesidad de un realojo.
En el marco fiscal, también solicitaba que los municipios pudieran echar mano de los remanentes para financiar inversiones necesarias para la recuperación, y no sólo poder disponer del superávit del año anterior como había aprobado el Gobierno en sus decretos. Todo ello junto a la flexibilización y ampliación de las líneas del ICO y la modificación de la normativa de contratos para permitir, de manera excepcional, la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción de infraestructuras dañadas.
Preguntada precisamente por el estado de estas peticiones al Gobierno, García-Pelayo esquivó pronunciarse con claridad y no quiso "entrar en cuestiones" para que "el protagonismo hoy lo tenga València", alegando que la presencia de la delegación de la FEMP buscaba un "claro gesto de unidad". Con todo, sí dijo que se sigue "trabajando" y que hay "interlocución". "No renunciamos a nada", señaló al respecto.
Con todo, la también alcaldesa de Jerez de la Frontera sí planteó en su intervención la necesidad de la simplificación administrativa. "Es fundamental abordar con el Gobierno todo lo que tiene que ver con la simplificación administrativa", señaló, algo que ya se pedía antes de la dana en "el día a día" pero que ahora se pide aplicar de manera excepcional para "situaciones de emergencia". "Es esencial que, en situaciones de crisis, los procesos sean mucho más sencillos y rápidos. Esto permitirá a los ayuntamientos centrarse en la reconstrucción sin estar atados a trámites largos y complejos", indicó al respecto.
Cabe recordar, sin embargo, que el Gobierno central ya ha aprobado varias medidas dirigidas a los ayuntamientos en sendos decretos por la dana. Así, además de permitir el uso del superávit del año anterior para ejecutar actuaciones de emergencia, también ha previsto dos líneas de ayudas: unas para "actuaciones inaplazables" en los momentos justo posteriores a la tragedia para mantener "servicios públicos esenciales para la vida y la seguridad de las personas", y otras para obras en infraestructuras que hayan resultado dañadas como consecuencia del temporal y las inundaciones.
Asimismo, ha aprobado beneficios fiscales para los afectados, como la concesión de exenciones y reducciones en las cuotas del IBI y el IAE, aunque solo para 2024. Y ha especificado que estos beneficios serán compensados a los ayuntamientos por la Hacienda del Estado con el fin de evitar pérdidas de ingresos a las entidades locales afectadas por la catástrofe.
Por otra parte, el presidente de la Diputación de Valencia pidió al Gobierno que incluya en el Real Decreto en el que se mencionan los municipios afectados a otras localidades valencianas que "incomprensiblemente se han quedado fuera". "No cabe ninguna discriminación a ningún ayuntamiento afectado; no queremos que haya pueblos de primera y de segunda", subrayó. "El objetivo es garantizar que ningún pueblo se quede atrás en este proceso", señaló el dirigente popular.
Así, se refirió a las localidades de Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Énova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguassil, Benimodo y Castielfabib.