Ximo Puig y Vicent Soler. Foto: INMA CABALLER/CORTS"Si yo tuviera el dinero que tiene Cantabria, no tendría que hacer todo esto". El conseller de Hacienda, Vicent Soler, admitía así el miércoles su heterodoxia contable después de tres horas de rueda de prensa sobre el proyecto de Presupuestos de la Generalitat recién aprobado por el Gobierno de Ximo Puig. Una rueda de prensa en la que nadie le preguntó por las carreteras, centros de salud o colegios que va a construir la Generalitat en 2019, ni siquiera por la inversión de 45 millones de euros para barracones aprobada ese mismo día para los próximos cuatro años por Consell que iba a acabar con los barracones.
Todas las preguntas giraron en torno a los ingresos ficticios con los que Puig ha conseguido contentar a casi todos los consellers con una lluvia de millones para celebrar el año electoral. Los ingresos inflados o directamente ficticios son una suerte de máquina de fabricar dinero que desearía tener todo gobernante, dinero que al final no llega y se convierte en más déficit y más deuda que dejar a nuestros nietos.
En la rueda de prensa más incómoda de su vida, Soler pidió explicaciones a los periodistas –"¿De qué estamos hablando? ¿Tienen que tener menos derechos los valencianos?"– por cuestionar una y otra vez la propuesta del Consell, que es lo que suelen hacer los periodistas cuando no ven claro algo tan importante como el presupuesto público. La vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, llegó a recriminar a nuestro Xavi Moret que preguntara por tantos detalles de los Presupuestos en la rueda de prensa sobre Presupuestos.
No hay que irse muy lejos en la hemeroteca para encontrar la denuncia de Mónica Oltra contra el Consell de Alberto Fabra y los diputados del PP por prevaricación al aprobar unos Presupuestos de 2015 con un anticipo de 1.178 millones que Rajoy no contemplaba. Que la denuncia fuera archivada no quiere decir que inventarse ingresos esté bien. Está muy mal. Lo que ha hecho el Gobierno de Puig no es la misma trampa que hacía el PP tolerada por el Gobierno, es peor.
"La tesis nuestra valenciana es que estamos maltratados fiscalmente", argumentó el conseller. La nuestra, la de este periódico, también. Pero eso no justifica que de unos "ingresos reivindicativos" –ficticios– de 1.325 millones, para reclamar lo que nos toca y no nos dan, hayamos pasado a más de 2.200 millones de ingresos de dudoso o imposible cobro que, eso sí, permiten a Puig regar con generosidad casi todos sus departamentos y especialmente el de Oltra. Solo en Sanidad andan enfadados por un recorte de última hora, mientras en À Punt se les ha quedado cara de tontos al ver que no han participado de la fiesta por haber echado un pulso que no podían ganar.
Yendo a las cifras, nótese que los estudios del Ivie cifraban en unos 800 millones de euros anuales la infrafinanciación valenciana respecto a la media de las CCAA, cifra que pasó a ser de 1.325 millones como generosa partida "reivindicativa" –ficticia– para ahora dispararse a más de 2.200 millones de ingresos improbables.
Un rápido repaso a las grandes partidas dudosas permite comprender los recelos sobre los ingresos:
1) Los 1.325 millones "reivindicativos" ya estaban en los últimos Presupuestos y es, según el Consell, la cuantía de transferencias del Estado que le falta a la Comunitat para tener un "trato justo". Dado que el Gobierno central reiteró, mientras Soler y Oltra daban la rueda de prensa, que no habrá nuevo modelo de financiación en esta legislatura, es obvio que esa transferencia tampoco va a llegar en 2019.
2) Buena parte de los 644 millones del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) es otro agujero. El FOGA para compensar la atención sanitaria a pacientes de otras CCAA estuvo suspendido por ley entre 2012 y 2017 y, a pesar de ello, el Consell contempla 344 millones de "FOGA histórico" por lo no ingresado años atrás. La base documental de tal pretensión es una carta de la consellera Carmen Montón al Ministerio hace dos años que ella misma podía haber atendido cuando fue ministra y no lo hizo.
3) El Consell incluye ingresos de 255 millones por las liquidaciones de las concesiones sanitarias, a pesar de que recientemente reconoció por escrito al Gobierno que de los 300 millones presupuestados para 2018 no va a ingresar al menos 117 debido a reveses judiciales.
4) La previsión de aumento de ingresos por impuestos directos (+11,6%), indirectos (+8,6%) y tasas (+75%) es, en palabras de Soler, "optimista porque nos interesa ser optimistas". Lógico, cuanto más optimista es un conseller de Hacienda, más se puede gastar. La previsión de crecimiento de la economía valenciana fijada en el Presupuesto es del 2,8%.
Hay más, pero dejémoslo ahí para hablar de capítulo de gasto, que tampoco se libra de los agujeros. Si ya tenemos presupuestado, aunque sea sobre el papel, el dinero que nos corresponde gracias al optimismo de Soler y la confianza en el Gobierno de Sánchez, lo lógico es que los gastos reflejados en ese papel se ajusten a la realidad. Pero no, el presupuesto de Sanidad sigue estando por debajo del coste real en varios cientos de millones de euros.
No menos alarmante es la inexistencia de una partida para el rescate de la concesión de Dénia que Puig prometió culminar antes del fin de la legislatura y para la que se barajó una cifra de unos 60 millones de euros. Dice la consellera Ana Barceló que el rescate se pagará con parte del dinero destinado a la concesionaria, el llamado pago capitativo, que son 121 millones de euros en 2019. Pero eso es lo que cuesta la gestión del hospital en el año, es dinero es para que funcione el hospital, sea bajo gestión pública o privada. Si se gastan esa partida o parte de ella en el rescate, ¿con qué dinero van a costear la gestión pública del hospital cuando lo compren? Se lo hemos preguntado a la Conselleria y no tiene respuesta.
En conclusión, de la partida de "ingresos reivindicativos" –ficticios– de 1.325 millones de euros, ante la que el ministro Montoro –no así la AIReF– hizo la vista gorda porque sabía que no había otra forma de cuadrar los ingresos y los gastos, pasamos en 2018 a los "ingresos reivindicativos" aderezados con otros 300 millones de liquidaciones de Sanidad, ante los que Montoro –no así la AIReF– también hizo la vista gorda. Y de ahí hemos pasado en 2019 a unos presupuestos directamente ficticios llenos de futuros agujeros y con los que no se reivindica nada más que el derecho a gastar aunque se genere más déficit y más deuda para las generaciones futuras.
Solo nos queda saber si la ministra Montero hace como Montoro y envía a Bruselas estas cuentas con déficit latente con la tranquilidad de que si un día llega una multa a España por esta cuestión la pagaremos los valencianos, como ocurrió con las facturas en los cajones del PP.
