¿Un Síndic de Comptes en funciones?

Ahora que sabemos lo que ya suponíamos, que un gobierno tanto tiempo en funciones es un lastre para el país, no cometamos el error de pensar que no va a pasar lo mismo en cualquier otra institución cuyos responsables estén a la espera de acabar su mandato prorrogado no se sabe por cuánto tiempo. Sobre todo si, como ocurre en la Sindicatura de Comptes, el Síndic Major va diciendo a quien quiere escucharle que su mandato acaba el 19 de mayo y no quiere continuar ni un día más. Por él y por la institución.

Que el mandato del Síndic Major y los otros dos síndics acaba el próximo 19 de mayo se sabe con exactitud desde el 19 de mayo de 2010, así que los diputados de Les Corts, que tienen la obligación de renovar los cargos, no pueden alegar que les ha pillado el toro por desconocimiento. Porque, además, el propio Rafael Vicente Queralt acudió hace mes y medio a la Cámara a avisar a Enric Morera y se hizo una foto con él.

Si con alguien se las ha tenido tiesas la Sindicatura ha sido con algunos consellers populares –¿eh?, Gerardo–, hartos de tirones de orejas

El 19 de mayo cesan los tres síndics, Rafael Vicente, Marcela Miró y Antonio Mira Perceval, después de 12 años al frente de la institución –13 en el caso del primero–, pero todo indica que seguirán algunos meses más en funciones, por desgracia.

Por desgracia, no porque lo hayan hecho mal, todo lo contrario. El reconocimiento a su labor de fiscalización de las instituciones valencianas es casi unánime, sobre todo de la Generalitat, aunque no sirviera para evitar los desmanes. Baste decir que, habiendo sido designados sus miembros mayoritariamente por el PP, si con alguien se las ha tenido tiesas la Sindicatura ha sido con algunos consellers populares –¿eh?, Gerardo–, hartos de los tirones de orejas que contenían los informes. Al contrario que otras instituciones controladas por el PP, los síndics mostraron la independencia suficiente para ganarse críticas como la del otro día del diputado popularJosé Juan Zaplana, que los acusó de hacer trampas en el informe sobre el negocio de las resonancias magnéticas a costa de la Sanidad pública.

Cuando uno está de salida no trabaja igual que cuando acaba de llegar ni cuando tiene un mandato con fecha de caducidad. Es tan evidente y hay tantos ejemplos en el ámbito público y en el privado, que no hace falta explicarlo.

El motivo del retraso es que Antonio Montiel se ha empeñado en cambiar la ley que regula la Sindicatura de Comptes antes de elegir a los tres nuevos síndicos, y como Podemos manda más de lo que parece, el bipartito ha tragado con el retraso, que no con el proyecto de ley. El informe del Consell sobre el proyecto de Podemos contiene tantas observaciones, que en Les Corts dan por hecho que en el trámite de enmiendas se va a rehacer entera. Hasta Montiel admite que propuestas como rebajar de 3/5 a mayoría absoluta la mayoría necesaria para elegir a los síndics era un error. Tampoco rebajar los requisitos para ser síndic hasta no exigir siquiera una titulación superior parece una buena idea.

Otoño es el peor momento para la renovación porque el informe de las cuentas de la Generalitat se empieza en julio y se entrega en Navidad

En cualquier caso, la reforma de la ley –como pronto en julio– no excusa a quienes tienen la obligación de designar nuevos síndics antes del 19 de mayo, porque esté quien esté aplicará la ley vigente en cada momento. Además, otoño es el peor momento para hacer la renovación porque el gran informe anual de la Sindicatura, el de la Cuenta General de la Generalitat, se empieza a elaborar en julio y se entrega justo antes de Navidad.

Y si el problema es Mira Perceval, que se perfilaba como nuevo Síndic Major pero a quien Podemos rechaza por su pasado socialista, ese problema lo van a tener ahora y después, mejor que lo resuelvan cuanto antes. En los relevos siempre ha repetido al menos uno de los tres síndics, por aquello de dar continuidad. Mira Perceval es un buen candidato y dejó la política hace 16 años. No nos pasemos de exquisitos.

Un proceso kafkiano

El pasado jueves, Valencia Plaza abrió su edición con la siguiente noticia: "Absuelven a los tres directivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) juzgados por la quiebra de un hotel en Jalance". La noticia de una absolución nunca alcanza en los medios de comunicación la importancia de una imputación o de una condena, salvo en casos muy sonados como el de los trajes de Camps. Es así de injusto para los implicados y requeriría casi una tesis analizar los motivos, que tienen más que ver con la dinámica del día a día en los periódicos y la jerarquía de las noticias según su potencial impacto que con la mala leche. No news, good news, y a la inversa.

La noticia de la absolución de José Manuel Uncio, Enrique Pérez Boada –exdirectores del IVF–, Enrique Benedé –exdirector de Riesgos de la entidad– y otras siete personas merecía ser portada en todos los periódicos –algunos no hicieron ni mención– que durante nueve años han (hemos) relatado el devenir de un proceso que a muchos desde fuera nos parecía kafkiano. Y sí, fue kafkiano, como demuestra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, algunos de cuyos pasajes podrían servir de base para otro relato como el protagonizado por Josef K.

El runrún sobre los préstamos del IVF a amiguetes o a empresarios con influencia en la Generalitat ha acompañado al llamado banco público desde su creación. Las pérdidas afloradas en los últimos años prueban que se hicieron cosas mal.

Sin el apoyo del fiscal, que no veía delito, lograron mantener a todos como imputados nueve años hasta lograr sentarlos en el banquillo

Pero precisamente en el caso del hotel de Jalance el IVF hizo lo que debía, como reconoce el tribunal. Se otorgó un préstamo para construir un hotel, el hotel quebró y la entidad ejecutó las garantías hipotecarias y recuperó parte del dinero. 

Pues bien, dos empleados que habían sido despedidos presentaron una denuncia contra los empresarios y después la extendieron en forma de querella a los exdirectivos del IVF y a otros, como el exalcalde de Jalance, cuatro años después del cierre. Sin el apoyo del fiscal, que no veía delito por ningún lado, lograron mantener a todos como imputados durante nueve años hasta lograr sentarlos en el banquillo.

Según la Audiencia Provincial, los querellantes "mantuvieron, sin prueba alguna ni argumentos trascendentes o de entidad penal, la autoría de los acusados, los cuales, a criterio de esta Sala, nunca debieron formar parte de este juicio oral, por lo que en este aspecto la acción entablada contra ellos es calificada de temeraria, con mala fe, exenta de toda base jurídica y de pruebas". Nueve años después.