VALÈNCIA. Una de las asociaciones de afectados por iDental –Adafi Valencia– ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial contra más de 20 cargos públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Valencia, Conselleria de Sanidad y el Ministerio de Sanidad por “la inacción y la omisión de responsabilidades en el caso de las clínicas iDental” según explican en un comunicado.
Por el contrario la otra asociación, Afedent, que está registrada oficialmente, no ha compartido esta vía y, según explicó este miércoles a Valencia Plaza su representante Sol Sánchez, siguen en negociaciones con las administraciones públicas y no creen que sea solución ir a juicio.
Esto no significa que estén satisfechos con el comportamiento de las administraciones públicas valencianas. Más bien al contrario. Hasta la fecha se han sentido mareados y ninguneados al tiempo que denuncian que desde la Conselleria no se están observando los criterios más elementales de privacidad.
“Se están repartiendo los historiales por duplicado, se está entregando documentación de personas diferentes en un mismo folio, se nos han negado desde Conselleria los informes de las inspecciones que se llevaron a cabo de las dos clínicas de València… Pero de momento no nos interesa ponernos a denunciar a las administraciones porque aún tienen que darnos mucha de esa información. Debe ser el juez De la Mata el que decida, no nosotros”, asegura la portavoz de esta plataforma.
La asociación que ha denunciado, minoritaria, reclama que no solo se investigue por la estafa a las empresas y sus administradores, sino también a los responsables políticos y se proceda a la apertura de una investigación paralela a la que sigue la Audiencia Nacional por la estafa, con el fin de esclarecer quiénes eran los responsables de “salvaguardar la salud y derechos de los ciudadanos y pacientes de estas clínicas”.
Además, denuncian que desde la administración no han llevado a cabo ninguna de las acciones ni protocolos eficientes ante la sospecha de un daño contra la salud pública, silenciando de esta forma el mayor escándalo de salud bucodental y de consumo de la historia de nuestro país, siendo la Comunitat Valenciana una de las más afectadas con 120.000 pacientes perjudicados.
Desde esta plataforma insisten en que tras el cierre en cadena de las clínicas sin previo aviso en junio de 2018 les siguen llegando pacientes “a diario” que se han quedado con los tratamientos a medias, en una situación dramática; que hay cientos de personas que presentan tratamientos muy deficientes, mala praxis, negligencias, daños y lesiones irreversibles, además de un gravísimo deterioro emocional y psicológico, que incluso limitan hacer vida social o buscar trabajo con normalidad, y en determinados casos se están dando intentos de suicidio.
Pese a compartir experiencias y situaciones, la portavoz de la otra asociación insiste en que sus asesores jurídicos les aseguran que no es el momento para presentar esta denuncia. “Si es necesario y llegado el día la presentaremos, pero no estamos aún en esa situación”, explicaba Sánchez. Todo ello no es óbice para que denuncien el malestar por el trato recibido por parte de la administración valenciana, que no actúa con la diligencia necesaria.
Un ejemplo de ello es que en València se han encontrado paquetes de historiales que no corresponden a ninguna clínica de la Comunitat. Nadie ha podido determinarles de dónde proceden estos historiales que, especulan, pueden venir de otras comunidades. Y aquí se preguntan por qué no se certifica su lugar de origen y se envía a dónde corresponda.
“No nos dan soluciones, esto se está alargando eternamente, y nos vemos obligados a hacer el trabajo de Consumo y nos estamos viendo obligados a reunirnos en una cafetería porque no nos prestan ni un local. Todo ello para que venga la concejal del PSOE [en referencia a Maite Girau] y nos presente una contramoción que tumbó nuestra petición al Ayuntamiento”, criticó.
Como ejemplo citó el hecho de que, mientras Consumo presumía de que habían atendido a 300 personas, ellos habían atendido a más de 1.000 afectados. Sin medios, sin local, sin presupuesto, habían ofrecido asistencia de manera altruista a tres veces más personas que la administración pública.
Igualmente denunciaron que las financieras siguen “acosando” a los afectados. “Los audios de algunas llamadas son terribles”, aseguró Sánchez. Y señaló específicamente a los responsables de EVO, cuyos interlocutores, explicó, se muestran agresivos y desagradables con las víctimas de iDental.
La otra asociación ha decidido desoír las recomendaciones de los abogados y seguir los pasos de otras plataformas de afectados de España. Las primeras denuncias se presentaron en Madrid, Oviedo, Alicante, Girona, Zaragoza y ahora se suma la de esta asociación en València. En las próximas fechas anuncian que seguirán interponiéndose en todas las ciudades donde iDental ejercía actividad.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Valencia, se menciona a más de una veintena de cargos públicos entre los que se encuentran el alcalde de València, Joan Ribó; la Concejala de Salud, Girau; a la directora territorial de Sanidad de València, Teresa Cardona Ribes; la Consellera de Sanitat, Ana Barceló Chico; a la directora de Alta Inspección Sanitaria, María Victoria Garrido Manzano; e incluso a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo Robles. Más allá de la utilidad de la demanda, lo que evidencia es la falta de respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades a la tragedia de los afectados.