VALÈNCIA. Continúa la batalla de la Asociación de Vecinos del barrio de Penyaroja, en València, contra la recalificación urbanística de dos parcelas impulsada por la concejalía de Urbanismo, que dirige la socialista Sandra Gómez. La plataforma ha llevado a cabo numerosas actividades contra la operación, que ha transformado suelo educativo y de zonas verdes a residencial con el propósito de saldar la deuda del consistorio con la Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (Igsa) tras la sentencia de Tabacalera.
Entre otras iniciativas, la Asociación ha llevado a cabo un proceso participativo entre el tejido vecinal de la zona que, si bien no era explícitamente contra la operación aprobada por el consistorio, iba implícitamente encaminada a ello bajo el nombre de "Proceso de activación colectiva de equipamientos públicos de Penyaroja". Y los resultados no son para nada sorprendentes; las conclusiones rechazan de todas todas la modificación de planeamiento.
"La Modificación del Plan General aprobada no responde a las necesidades puestas en valor por el proceso de participación pública, merma la capacidad del planeamiento de asumir las necesidades dotacionales detectadas, empeora las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de los ODS y aumenta la población potencial de una zona densamente poblada", reza una de las conclusiones, y otra añade que lo aprobado "empeora la calidad de vida" de los vecinos y son los barrios circundantes los que "suplen las disfuncionalidades detectadas" en Penyaroja.
Pero más allá de las numerosas actividades realizadas en el marco del proceso participativo -talleres, concursos, vídeos, encuestas, etcétera-, lo curioso es que el programa ha sido financiado con fondos procedentes de la concejalía de Participación, cuya responsable es la edil, también del PSPV, Elisa Valía. A finales de 2020 se aprobó en Junta de Gobierno Local la propuesta de la concejalía para repartir más de 37.000 euros en ayudas a proyectos participativos en el distrito del Marítimo. Una de ellas, de 3.000 euros, iba para financiar el proceso de Penyaroja.
Se trataba de una convocatoria de subvenciones dirigidas precisamente a fomentar el asociacionismo en los barrios de València. En el Marítimo fueron 12 entidades ciudadanas las que recibieron la ayuda. Según explicaron en el departamento de Valía, es una comisión técnica la que evalúa los proyectos presentados por todas las asociaciones, de manera que rechazaron ninguna intencionalidad tras la aprobación de la ayuda a los vecinos de Penyaroja. Sin embargo, la casualidad de que ambas concejalías, la de Urbanismo y la de Participación, estén dirigidas por ediles del mismo partido no escapó al escrutinio de algunos miembros de la corporación.
