Incertidumbres y miedos de los colegios concertados ante la nueva política educativa del conseller Vicent Marzà
VALENCIA. Las reglas del juego de la enseñanza concertada han cambiado. La nueva Conselleria de Educación se ha puesto firme en la política de financiación a los colegios subvencionados y, como su titular Vicent Marzà ha reiterado, «se acabó la barra libre» para quienes «incumplan la legalidad» con el riesgo de acabar en la fiscalía. Para empezar, se prohíbe cobrar a las familias por la adquisición de material, equipamiento escolar o por cuotas en asociaciones (las de padres) como tampoco se pueden incrementar las ratios —número de alumnos por aula— por encima de la media.
Estas medidas, recogidas en el reciente decreto del Consell que regula la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos de la Generalitat —sin distinción entre públicos o subvencionados— y otras que se están conociendo en las últimas semanas, han puesto en vilo a todos los agentes de la enseñanza concertada. Decisiones como la desaparición del distrito único en la matrícula, el arreglo escolar con la anulación de unidades o la implantación de aulas de dos años en la pública inquietan a este sector que escolariza a más de 225.000 estudiantes en la Comunitat Valenciana.
Los titulares, tanto de centros privados concertados como de los religiosos, se sienten «atacados» por la Conselleria y temen que las medidas afecten considerablemente a un sector que «no está aquí para hacer negocio. Existimos porque hay una demanda social, como lo demuestra que las familias, cada curso, nos escogen mayoritariamente en primera opción», afirma a Plaza la presidenta autonómica de de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez.
En su opinión, estos colegios realizan «una labor social. Hay más de caridad que de negocio porque trabajamos a favor de los más necesitados. Considerar a la concertada como el cubo que recoge a los alumnos que la pública no puede asimilar y pretender que vaya a desaparecer puede ser peligroso; se les puede volver en contra», advierte.
El presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval-Cece), José Manuel Boquet, coincide con Rodríguez, al asegurar que la Conselleria está «adoptando decisiones ideológicas. Es una política acorde con su programa electoral». Para él, «estas medidas son un ataque y parecen encaminadas a hacer desaparecer la enseñanza concertada que defiende la libertad de elección de los centros por parte de las familias. Plantear una enseñanza pública única no tiene sentido», añade.
(Lea el artículo completo en el número de mayo de Plaza)