VALÈNCIA. “El agua debe tratarse como un valor y ya no como un recurso”, con esta declaración comenzaron las jornadas técnicas ‘Retos del nuevo contexto regulatorio en el saneamiento y la depuración’, impulsadas por Facsa, que han congregado a especialistas de toda España para profundizar en torno los retos del nuevo contexto regulatorio en el saneamiento y la depuración.
Durante las diferentes sesiones, que se han celebrado los días 27 y 28 de septiembre en Castelló, los y las intervinientes y asistentes han debatido en torno a las nuevas restricciones y objetivos impuestos por la reciente normativa y si esta anticipa y resuelve los retos que debe afrontar el sector del agua en un escenario cambiante y que debe poner el foco tanto en la disponibilidad del recurso, cada vez más cuestionado, como en las oportunidades que de él se desprenden en torno a la energía y la gestión de residuos.
Pese a la capacidad de adaptación del sector y su búsqueda constante de soluciones que permitan gestionar este recurso tan limitado de manera eficiente y con unos estándares cada vez más exigentes en cantidad y calidad, no será posible afrontar los escenarios actuales y futuros “si no existe una buena planificación y financiación que permita aprovechar los retos del nuevo contexto” en el marco de una estrategia integral de país, tal y como ha explicado el director del área de saneamiento y depuración de Facsa, Luis Basiero. El responsable ha incidido en “el abismo entre el vertiginoso ritmo de cambios que se están produciendo a nivel mundial, con consecuencias económicas de impacto inmediato sobre el sector (pandemia, guerras, inflación, volatilidad de mercado energético, entre otras), y el ritmo de planificación, publicación y aplicación de las políticas y leyes nacionales, autonómicas y locales que puedan dar solución a estos retos y desafíos de la nueva realidad”.
Con todo ello, el propósito de las jornadas ha sido desgranar el nuevo contexto regulatorio que se dibuja en el saneamiento y la depuración y que también ha puesto el foco en el biogás, los fangos y la reutilización de agua, así como los pasos que deberían darse para construir, a través del agua, el mejor modelo de convivencia y contribución a la sostenibilidad de las ciudades. El fin último es el de “aprovechar los retos del nuevo contexto regulatorio para acercar el precio del agua a su valor real”, ha señalado Basiero.
La tecnología juega un papel muy relevante en el tratamiento de aguas residuales y la gestión de residuos o generación de bioenergía y por ello ha ocupado gran parte del discurso. Los y las especialistas han coincidido en que, en España, la actual planificación económica no está diseñada para promover la inversión en tecnologías que ayuden al sector del agua a ser más eficiente y sostenible.
El ejemplo de Dinamarca, expuesto en las Jornadas por parte de Laura Bailón, asesora de tecnología del agua en la Embajada del país nórdico, ha servido para demostrar que el mercado nacional e internacional dispone de desarrollos tecnológicos suficientes para abordar los retos presentes y futuros, pero falta planificación e inversión para acceder a estas tecnologías y alcanzar así los requisitos de la recién publicada normativa o la que está en desarrollo, tal y como han señalado los expertos y expertas durante el encuentro. “Llegar al desarrollo tecnológico no preocupa”, afirman, siempre que se impulse la inversión en tecnología e innovación como eje prioritario para ganar eficiencia y garantizar el cumplimiento del nuevo marco regulatorio en determinados ámbitos, como pueden ser la neutralidad energética o paliar situaciones de escasez de recursos".
El primer bloque del encuentro ha analizado el nuevo escenario del dominio público hidráulico. La intervención de Ángel Mena, de Emasesa, ha servido de punto de partida para conocer las claves de la regulación de los desbordamientos de las redes de saneamiento que contempla el nuevo Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que obliga a regular, tratar y controlar los desbordamientos o alivios de los sistemas de saneamiento, que exigirá una coordinación necesaria con organismos de cuenca.
Ante este escenario, se han compartido algunas soluciones. Facsa ha expuesto soluciones orientadas a la retención de sólidos para paliar el grave impacto al medioambiente y los importantes daños que genera en la red de saneamiento la problemática de las toallitas, un aspecto que también regula el RDPH. Por su parte, Hydrens ha compartido su experiencia en herramientas de simulación para estudiar el comportamiento y funcionamiento de las estructuras hidráulicas.
El debate en la sala puso de manifiesto la preocupación del sector por el elevado coste para poner en marcha las medidas que exige este nuevo Reglamento, la importancia de la medición en España, que a diferencia de otros países europeos, como Gran Bretaña, presenta un régimen de lluvias irregular que no facilita la gestión, así como la viabilidad de reducir los residuos de origen para reducir la inversión en el tratamiento de algunos de los residuos tan presentes en nuestras aguas residuales, como son las toallitas.
Enrique Baquerizo, de Emasesa, ha abierto el bloque de depuración con una ponencia en la que ha analizado los aspectos más destacables del borrador de la nueva Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas que está siendo discutido actualmente en Europa.
Como objetivos principales de esta nueva normativa ha destacado la reducción de la carga de contaminación vertida, alinearse con los retos del Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mejorar la gobernanza.
No obstante, en el debate se ha puesto de relieve que los plazos de aplicación que se han establecido son muy ajustados y que para que su aplicación sea un éxito va a ser necesaria una estrategia de financiación sólida.
En los tres siguientes bloques se ha demostrado la capacidad de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) como sistemas de recuperación de recursos. Uno de los ámbitos más recientes en los que se está trabajado es el aprovechamiento energético del biogás generado en estas EDAR y en la producción de biometano, que se considera la vía para llegar a la neutralidad energética exigida. Por este motivo, el biogás y el biometano han ocupado un espacio relevante en estas jornadas que han permitido conocer la evolución del marco normativo y los usos de estos dos gases renovables. Como se ha visto en los casos expuestos, uno de ellos, el proyecto BioVO, tanto el biogás como el biometano son ejemplo de economía circular y contribuyen al desarrollo de un modelo sostenible, por lo que es necesario impulsar su despliegue como vectores energéticos para alcanzar la neutralidad climática, tal y como han apuntado los expertos y las expertas.
La gestión de los fangos que se generan en las depuradoras urbanas también es clave desde el punto de vista económico, medioambiental y de explotación. Sin embargo, del nuevo marco normativo, que ha explicado Maria Luisa Ballesteros, consejera técnica en la Subdirección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se desprenden disparidad de interpretaciones que es necesario aclarar para que todos los actores implicados tengan claras las reglas del juego. En esta línea, Facsa ha compartido a través de diferentes casos prácticos su experiencia en el compostaje fruto de la explotación de la Planta de Tratamiento de Purines de Todolella, de la Planta de Compostaje de Biosólidos de Burgos o de la Planta de tratamiento de residuos Valorizaciones Dueñas.
Ante el actual escenario -estrés hídrico, lluvias torrenciales, incremento de la presión demográfica, etc. -, el agua regenerada adquiere cada vez más interés, y aunque su uso todavía es incipiente en gran parte del territorio nacional, algunas zonas están abanderando su implementación, como es el caso de Murcia, como ha demostrado Román López, de Esamur, o la Costa Brava, otro ejemplo de buenas prácticas defendido por Silvia López, del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.
Entre los principales desafíos para el sector en el nuevo panorama de la reutilización han sido identificados la voluntad política, la confianza de usuarios y usuarias, la delimitación de las responsabilidades de los agentes implicados (operador, transporte y usuarios/as finales) vía los planes de gestión de riesgos, la inversión necesaria y, especialmente, la financiación.