¿Una firma pública de energía en València?: mismo precio al cliente pero ahorro para el Ayuntamiento

VALÈNCIA. Una empresa pública comercializadora de energía en la ciudad de València probablemente no tendría mucho margen para ofrecer a sus clientes precios de la electricidad más baratos que las operadoras privadas. Tampoco reduciría per se la dependencia de la volatilidad del mercado energético. Pero sí podría prestar mejor servicio al cliente y ahorraría costes en el consumo de energía al Ayuntamiento de València.

Son algunas de las conclusiones recogidas en un trabajo académico elaborado en la Universitat Politècnica de València (UPV) durante 2020 por uno de sus estudiantes de Ingeniería de la Energía, Sergio Mateo, que analiza precisamente la "viabilidad" de crear una empresa pública de energía en el Cap i Casal. Una idea que Compromís llevaba en su programa electoral de 2019 y que ahora el alcalde, Joan Ribó, ha recuperado con motivo de la crisis energética actual.

Aunque la idea más madurada de Ribó es que sea una firma mixta -con capital privado- al estilo de la mercantil comercializadora que opera en Cádiz, el análisis más próximo a este planteamiento en la ciudad es el realizado por Mateo. Y sus conclusiones auguran que "la hipotética comercializadora pública probablemente no podría competir con precios más baratos para sus clientes" respecto al resto de operadoras privadas.

El autor explica que tras analizar otros casos como el de Cádiz o el de Barcelona -donde opera una empresa pública 100%-, se comprobó que no había sido posible ofrecer al cliente precios mucho más competitivos. El motivo es que la actividad tiene "unos márgenes muy acotados". En una comercializadora tradicional, el beneficio oscila entre el 2% y el 7%, y algunas estimaciones los sitúan entre el 1% y el 3%.

Sin embargo, eso sí, Mateo destaca que la firma municipal podría competir en una mejor atención al cliente y servicios más personalizados, así como en "valores" y en "transparencia", según el estudio, siguiendo la estela de la operadora pública de Barcelona. A lo que se sumaría otro beneficio: un "potencial ahorro económico muy grande" del 5% -más de 600.000 euros- en el peor de los casos para los costes energéticos del Ayuntamiento: edificios municipales, alumbrado, semáforos, parques, etcétera.

Esto depende de los llamados desvíos en la compra de energía -el desfase entre la energía comprada y la que efectivamente se consume-, que conlleva el pago de unas multas. Sin embargo, el ahorro del 5% se produciría en el peor escenario, "altamente improbable" porque se ha calculado con unos desvíos casi imposibles en la vida real.

Ciertamente, este riesgo se reduce en empresas públicas porque en los ayuntamientos, casi dos tercios del gasto eléctrico es para iluminación y semáforos, que suponen consumos "muy estables" y previsibles. Y lo mismo ocurre con las oficinas municipales, que tienen "horarios muy definidos" y predecibles. En el mejor de los casos -sin ningún desvío-, el ahorro ascendería al 9% y más de un millón de euros.

Con todo ello, el trabajo proyecta que un primer presupuesto anual estimado para una empresa pública en València ascendería a 11,7 millones de euros, de los cuales 10,4 se irían a la compra de energía. El resto, activos, los mencionados desvíos, personal y software.

¿Independencia del mercado?

Aunque estos proyectos buscan una reducción de costes y un aumento de la soberanía energética del municipio, lo cierto es que "no reducen la dependencia del mercado eléctrico y su volatilidad", resalta el estudio, de manera que el coste energético "puede ser muy elevado" en un contexto de precios altos del mercado, aunque ciertamente habrá más ahorro con la firma pública.

En ese sentido, para conseguir una mayor independencia del mercado libre, "se considera imprescindible" que la creación una empresa pública de la energía fuera acompañado de un plan para aumentar la generación local de energía renovable y así reducir la demanda neta de la ciudad. Precisamente la gestión de estos sistemas podría ser el punto de partida para la compañía, al proporcionar al Ayuntamiento el "respaldo legal" para la producción y venta de esta energía en el mercado.

Además, la creación de una comercializadora plantea posibilidades "interesantes" porque "podría actuar como representante de los consumidores que dispongan de placas fotovoltáicas en sus hogares". ¿Cómo? Agilizándoles a estos los trámites y facilitándoles el ahorro económico, y de manera indirecta, incentivando que los consumidores inviertan en generación renovable, de forma similar a lo que hace la empresa pública de Barcelona.

Riesgos: burocracia y reticencias de los funcionarios

Por otro lado, Mateo señala "riesgos y barreras" para un proyecto de este estilo. Por un lado, las barreras burocráticas que implica hacerse agente del mercado, pues se requieren permisos y acreditaciones ante diferentes organismos de control y los trámites no se conocen hasta que se inicia el proceso de acreditación. Esto genera "desconfianza" en las administraciones que se plantean empresas así.

Asimismo, pueden encontrarse "reticencias en el funcionariado", señala, que tendría que realizar labores diferentes a las que tenía asignadas cuando entró en sus respectivas plazas, y ello conllevaría un proceso de aprendizaje sobre el mercado eléctrico y su funcionamiento, "un proceso complejo y que requeriría una importante dedicación". Pero esta inexperiencia precisamente conlleva un riesgo mucho mayor, que es la posible mala gestión de las garantías que exige el operador del mercado. 

Ello puede ocasionar "problemas muy graves como la inhabilitación para operar o cuantiosas multas". Y lo primero sería "especialmente grave porque supondría el desabastecimiento" del Ayuntamiento "provocando un colapso de la administración". Aunque es un riesgo que se puede solventar pues las garantías se pueden presentar en forma de avales bancarios, algo accesible para una administración como el consistorio.