El Ayuntamiento de València ordena el cierre de 26 pisos turísticos ilegales en el último trimestre

VALÈNCIA. La batalla contra los pisos turísticos ilegales continúa en el Ayuntamiento de València pese a las dificultades de detección. A lo largo del primer trimestre, entre enero y marzo, la concejalía de Urbanismo ha emitido un total de 26 resoluciones para ordenar el cierre de apartamentos turísticos que operaban fuera de la legalidad, sin la preceptiva autorización municipal.

Actualmente, los pisos turísticos que quieran operar de manera legal deben estar inscritos en el registro autonómico de la Generalitat Valenciana y, además, contar con la compatibilidad urbanística otorgada desde el Ayuntamiento de València. Un doble filtro con el que las administraciones pretenden poner freno a la actividad turística irregular. En ese sentido, para la vicealcaldesa y edil de Urbanismo, Sandra Gómez, la ciudad de València es "un ejemplo" porque dispone de "una de las normativas más estrictas y rigurosas a la hora de operar con este tipo de alojamientos turísticos que generan molestias a los residentes".

Las normas urbanísticas en vigor en el Cap i Casal circunscriben las viviendas turísticas a las plantas bajas y primera planta y siempre por debajo de un uso residencial, o en bloques exclusivos de pisos turísticos -a los que también se quiere poner limitaciones, cuestión que sigue en el aire-. Además, el PEP de Ciutat Vella impone mayores restricciones en el casco histórico, y el Plan del Cabanyal todavía sin aprobar busca también restringir las viviendas turísticas a un 10% por manzana en la fachada marítima.

Así pues, con este entramado normativo operando, entre los 26 pisos turísticos ilegales que funcionaban en la ciudad y cuyo cierre ha sido ordenado, el Ayuntamiento ha detectado que una veintena pertenecían a una misma entidad que opera en el casco histórico de la ciudad, en Ciutat Vella. Por ello, la concejalía del ramo ha ordenado la restauración de la ordenación urbanística en el plazo de dos meses. O dicho de otro modo, estos pisos turísticos deberán dejar de ser turísticos para circunscribirse al uso de vivienda.

El movimiento vecinal insiste en la necesidad de aumentar los inspectores autonómicos para mejorar la efectividad de la normativa. Con ello, hay que recordar que la inspección de la Generalitat Valenciana está actuando en la ciudad en coordinación con la Policía Local, que colabora en la inspección y atiende todas las denuncias que presentan los vecinos sobre esta materia. Gómez celebra esta colaboración porque con ella "se ejerce una presión constante con este tipo de establecimientos ilegales" .

A lo largo de 2021 se dictaminaron 149 resoluciones de cese de actividad para viviendas que se estaban utilizando como alojamiento turístico de manera fraudulenta. Incluso en 2020, el año de la pandemia, cuando la movilidad estuvo restringida durante meses, se emitieron 53 resoluciones de cese de actividad de apartamentos turísticos.

Ordenanza de pisos turísticos en el aire

Además de las restricciones ya vigentes en las normas urbanísticas, el Ayuntamiento de València trabaja en una ordenanza propia de apartamentos turísticos para toda la ciudad, aunque sus efectos se circunscriben sólo a los pisos turísticos ocasionales -excluyendo los profesionales-, que están regulados en el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP) como aquellos domicilios habituales de un particular -debe estar empadronado- que decide comercializar hasta 60 días al año.

Lo cierto es que, desde que se aprobara el PEP y se anunciara la creación de esta nueva ordenanza hace dos años, se conoce bien poco de su contenido más allá de algunos apartados publicados en Valencia Plaza. Entre ellos, se quiere introducir la obligación por parte de las plataformas de pisos turísticos y de los propietarios de dar cierta información sobre su actividad a la administración para asegurar el control de la legalidad.

En este sentido, el borrador reza que el Ayuntamiento "podrá requerir a las plataformas digitales que publicitan y comercializan el alojamiento turístico la información necesaria para el ejercicio de las competencias municipales de supervisión y control público de las viviendas turísticas". Además, prevé que el consistorio impulse "acuerdos de colaboración" con las plataformas para "facilitar el intercambio de información" y así "velar" por la legalidad en el sector.