Una mayoría parlamentaria apoya cortar los abusos por parte de senadores en las preguntas

VALÈNCIA. (EFE). El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha asegurado que la "inmensa mayoría" de los grupos de la Cámara están de acuerdo en que hay que regular las prácticas abusivas por parte de algunos senadores en la formulación de preguntas y las solicitudes de información a ayuntamientos y comunidades autónomas.

El asunto ha sido estudiado en la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, que seguirá estudiando fórmulas para poner coto a unas prácticas que se han agravado en esta legislatura, sobre todo por el aluvión de requerimientos de documentos a consistorios de toda España.

De momento, los portavoces han analizado un informe de los servicios jurídicos de la institución, encargado por la Mesa, donde se constata que sólo en lo que va de legislatura se han tramitado más de 3.300 solicitudes de documentos, cifra que quintuplica el número total de las presentadas en la X Legislatura.

El dictamen propone soluciones, como establecer cupos para las preguntas escritas u obligar a los senadores a justificar las peticiones de información a las instituciones públicas.

El problema deriva, ha dicho hoy Pedro Sanz, de que estas solicitudes tienen que hacerse respetando la autonomía municipal y las competencias de las comunidades autónomas, que también tienen sus propios mecanismos de control parlamentario.

Por ello, la Mesa ha propuesto pedir a los senadores que justifiquen que sus requerimientos están relacionados con el ejercicio de su actividad parlamentaria, para poder aceptar o desestimar su tramitación en caso de no cumplir con este requisito.

Sanz ha dejado claro que no se trata de pedir la justificación para todas las peticiones, sino sólo para aquellas sobre las que la Mesa entienda que no tienen relación con las funciones del senador.

Ha apuntado el vicepresidente que la mayoría de los grupos "entienden perfectamente" el problema y consideran que es "adecuado" abordar su regulación, algo que para algunos aspectos exigiría modificar el Reglamento, tal y como sugería el informe de los servicios jurídicos del Senado.

Aunque la Mesa no ha mencionado a ningún senador en concreto como responsable de estas prácticas, el portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional cualquier recorte de derechos si el Senado decide "censurar las iniciativas" y poner límite a las peticiones de documentación y preguntas escritas de los senadores.

En esta legislatura, el parlamentario valenciano ya ha formulado 13.860 preguntas y ha pedido más de 2.510 informes a instituciones públicas, la mayoría dentro de su campaña para pedir a ayuntamientos de toda España justificación de que cumplen la Ley de Memoria Histórica y no tienen calles con nombres vinculados al franquismo.