AEC reclama más inversión pública para la conservación de carreteras locales

VALÈNCIA. El presidente de la Asociación Española de Carreteras (AEC), Juan Francisco Lazcano, ha reclamado un "impulso" de la inversión pública ante el déficit de conservación y mantenimiento de la red de carreteras española.

Lazcano ha asegurado a EFE que ese mayor esfuerzo de inversión para devolver a las carreteras su estado de seguridad y comodidad se producirá cuando las administraciones públicas puedan obtener ingresos a través de una "tasa por uso", aunque reconoce que eso "muchas veces no se entiende políticamente".

Lazcano ha inaugurado en València, junto al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, la vigesimocuarta edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal), organizado por la AEC y promovido por la Corporación provincial. 

Según el presidente de la AEC, en España todas las carreteras, tanto de la red estatal como de la autonómica, provincial y local, tienen un déficit de conservación y mantenimiento, que "deviene de la crisis y la falta de inversión pública", y se estima en 6.600 millones de euros. 

Por su parte, Jorge Rodríguez ha afirmado que la Diputación ha hecho un "cambio de paradigma" en el área de carreteras, y en lugar de hacer "obras faraónicas" apuesta por conservar la red de carreteras de la provincia, que supone un total 1.800 kilómetros.

Según Lazcano, las administraciones tienen conciencia de la necesidad de esa mayor inversión pero si en la sociedad queremos políticas de bienestar y que aumenten los gasto de sanidad, dependencia o educación, "la inversión pública va a ser la hermana pobre de todas esas necesidades de gasto público".

"Una de dos, o hay un aumento de los impuestos para invertir, lo cual a ninguno nos agradaría, o el que usa paga y el que contamina paga", ha afirmado el presidente de AEC, quien ha considerado que esto es "de sentido común. Tarde o temprano tendremos que ir asimilándolo en nuestro ADN", ha añadido.

De otra forma "no mantendremos nuestras infraestructuras y no las podremos tener en estado de revista", ha asegurado Lazcano, para quien las carreteras deben ser proyectadas y construidas "pensando en una conservación fácil, buena y económica".

A su juicio, debería haber una tasa por uso la red de alta capacidad, formada por autopistas y autovías, y donde las autopistas de peaje, libres de peaje o por disponibilidad, o los peajes en sombra, "deberían ordenarse y gestionarse de la misma manera".

"Hay que invertir para poner las carreteras en estado cero de conservación", ha afirmado Lazcano, quien ha agregado que no se puede decir que las carreteras españolas no sean seguras, ya que la seguridad vial en los últimos años "ha cambiado mucho" y ha descendido el número de accidentes.

Según un estudio de la AEC, con una inversión de 730 millones de euros en tres años "se podría dar un vuelco al tema de la seguridad vial en las carreteras convencionales, con actuaciones de pequeño coste sobre los márgenes, las intersecciones o la señalización".

También haciendo en algunas de ellas tramos 2+1, vías con dos carriles independientes separados por una mediana que se va adentrando en una u otra vía, dejando un segundo carril para adelantar que se va turnando en un sentido o en otro.

En la Comunitat Valenciana, el 44 % de los casi 8.311 kilómetros de carreteras son de la red local, 3.626 kilómetros de vías gestionadas por las diputaciones provinciales que dan servicio a los 542 municipios valencianos. 

Según se ha puesto de manifiesto, en esta red de carreteras se invirtieron en 2016 cerca de 13.700 euros por kilómetro, cifra que supera la media nacional (de 9.000 euros/km) para este tipo de infraestructura. 

En la Diputación de Valencia, según Rodríguez, de los 30 millones de euros que gestiona el área de carreteras de la Diputación, un 35 % se destina a su mantenimiento, a cerrar puntos negros en materia de tráfico y a mejorar los accesos a las ciudades.

Rodríguez ha subrayado la doble función de la red de carreteras locales, como vía de conexión y articulación del territorio y por su implicación en el fomento de la igualdad de derechos, ya que todas las personas, con independencia del lugar donde vivan, pueden tener acceso a los servicios básicos.