Una protesta exige al Consell la homologación salarial y la licitación de contratos de centros de mayores

VALÈNCIA (EP). Una concentración a las puertas del Palau de la Generalitat, convocada por CCOO y UGT, ha exigido este martes al Consell la homologación salarial acordada en 2022 para los trabajadores de centros de personas dependientes que tienen gestión integral (centros de día, residencias de mayores, centros mujer y servicio de ayuda a domicilio, entre otros), así como la licitación de los contratos de estos servicios en los que trabajan unas 4.000 personas en condiciones "precarias".

Personal de estos centros, de titularidad pública pero gestión privada, ha protestado ante el Palau al grito de "Susana Camarero, ¿dónde está mi dinero?" (en alusión a la La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales), "licitaciones ya", "queremos vivir y no sobrevivir" y "mayores olvidados, trabajadores mal pagados". Entre otras pancartas, han mostrado lápidas con nombres de los centros que tienen los contratos caducados y el mensaje 'la Conselleria nos olvida'.

El responsable del ámbito sociosanitario y dependencia de UGT PV, José Marchante, ha explicado que en noviembre de 2022 los sindicatos firmaron con el Consell del convenio unos acuerdos para aplicar las tablas B salariales con la entrada en vigor de los nuevos contratos de los centros, que se preveía que entrasen en vigor en el primer semestre de 2023 y que suponían homologar los salarios de las personas trabajadoras de gestiones integrales con las de los centros gestionados directamente por la Generalitat,

Tras el cambio de gobierno, el nuevo Consell "lo único que ha estado haciendo es retrasar" las licitaciones "con excusas como el decreto de tipología las modificaciones" y el pago de los proveedores.

Marchante ha explicado que hay "alrededor de 33 contratos caducados en los que intervienen tanto centros de día como centros de mayores y centro de mujer, y hasta que no se formalice el nuevo contrato, la tabla B, que es la que equipara salarialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de este sector, no se podrá poner en marcha".

El resultado, ha denunciado, es "una pérdida de poder adquisitivo bastante considerable y, de hecho, hay personas que no llegan a fin de mes".

En la misma línea, la responsable de sectores privados de Comisiones Obreras, Ana Sánchez, ha exigido que "saquen ya las licitaciones de los centros" porque "están todos los centros en prórroga esperando".

Sánchez ha explicado que la falta de este incremento salarial "hace que los profesionales se estén yendo hacia otros sectores donde se paga mejor" y "esto afecta a la calidad asistencial".

La responsable de CCOO PV ha lamentado que el diálogo con la Conselleria sobre este asunto es "escaso". "Hemos tenido alguna reunión, lo que nos han dicho hasta ahora es que estaban a la espera de la publicación del decreto de tipologías, el cual se preveía que iba a aminorar las ratios de personal y nada. En esa llevamos así esperando dos años".

Simplificación administrativa

Por otro lado, a preguntas de los medios, Sánchez ha señalado que los sindicatos no están de acuerdo ni avalan la Ley de Simplificación Administrativa "porque empeora las condiciones para el personal y para las personas usuarias", al establecer modificaciones que abren la puerta a que se atienda a más usuarios con menos personal.

Para Marchante, "la ley de simplificación administrativa básicamente, lo que hace es reducir los ratios" y "hay posibilidad de que en los centros de mayores se pueda incrementar el número de usuarios y se pueda bajar el rato de la plantilla".

Además, "hasta estos momentos, la preferencia era la gestión directa con la administración de esos centros. Eso se elimina y abre la posibilidad de que entre el sector privado a gestionar estos centros. Con lo cual, nos vamos a ver abocados a una regresión a la época de los años 96-98" y el "inicio" de una privatización de estos servicios, ha criticado. "Lo que les queda ahora es ir avanzando para que el sector privado vaya metiendo cabeza", ha añadido.