MADRID (EFE). Una quita de la deuda a las comunidades por parte del Gobierno de Mariano Rajoy comportaría "un montón de problemas" con la Comisión Europea dado que vulnera el marco de disciplina fiscal de la UE, que no contempla el "rescate" unilateral de los gobiernos regionales, sean cuáles sean los motivos.
Así lo ha expresado a Efe el experto designado por la Comunidad de Madrid y uno de los autores del informe que sentará las bases de la nueva financiación, Jorge Onrubia, al hilo de la reciente propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de "reestructurar la deuda de las comunidades" y tender la mano a las regiones más lastradas por el endeudamiento, que en este momento son Cataluña y Comunitat Valenciana.
Para Onrubia, profesor de Economía Aplicada en la Complutense, abrir el debate de asumir toda o parte de la deuda autonómica es un "señuelo" para ver cómo reaccionan las comunidades y recuerda al Gobierno que una quita exige autorización comunitaria.
Onrubia subraya que el informe de expertos dejó muy clara la idea de "evitar tentaciones como la quita" y está convencido de que el Gobierno sabe que ni la Comisión Europea ni el Banco Central Europeo van a dar el visto bueno a una asunción de deuda por parte del Estado.
Y, además, si el Gobierno central se queda con la deuda autonómica, las comunidades no tendrán incentivos para cumplir con su restricción presupuestaria, lo que favorecerá la indisciplina fiscal. "El riesgo moral originado sería un error económico de manual" añade.
Onrubia informa de que la disciplina fiscal en la UE está regulada en los reglamentos Six-Pack de 2011 y Two-Pack de 2013 en los que se establece el carácter preventivo sobre la supervisión fiscal, que es punitivo si se incumple.
Para el experto designado por Baleares, Guillem López Casasnovas, la reestructuración de la deuda es una solución cortoplacista, "ponen poco dinero ahora o nada y prometen que a futuro será todo más liviano para las comunidades".
"Para un político que dentro de cuatro años no estará, que el Estado asuma la deuda autonómica le quita responsabilidades a futuro porque no estará y no le tocará gestionar" explica.
En definitiva, dice, "pan para hoy y hambre para mañana".
El experto balear también subraya que la comisión técnica que aborda la financiación no avanza, algo de lo que culpa al Gobierno que en lugar de dar directrices "pone problemas. El conflicto está asegurado".
Además, López Casasnovas critica que se use a Cataluña como excusa, "la quieren meter en el sistema pero la comisión de política fiscal entre Cataluña y Baleares no se reúne desde mucho antes de Navidad.
"Y sin propuestas nuevas su entrada no servirá sino para atizar el fuego y cualquier cosa que se haga tiene el peligro de percibirse como un premio a los secesionistas", comenta.
Mientras el experto designado por el Gobierno y director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, también se manifiesta en contra de las quitas por suponer un "riesgo moral" y dar a las comunidades la idea de que siempre se las rescata, aunque sea a posteriori.
De la Fuente insiste en que con las quitas las regiones no tienen incentivos a "portarse bien" presupuestariamente ya que saben que, al final, el dinero llegará.
No obstante, este experto admite dudas sobre qué habría que hacer con las comunidades peor financiadas (Comunitat Valenciana o Murcia) a las que por motivos de equidad habría que "echarles una mano".
Y considera "razonable" que las comunidades que están por encima de la media en términos de financiación por habitante ajustado, incluyendo las forales, se hagan cargo de parte de esa deuda.
De la Fuente opina que el Gobierno ha abierto una "rendija" para hablar de una posible reestructuración pero "no ha firmado un cheque en blanco".
Y el experto designado por Murcia, una de las comunidades peor financiadas, José Carlos Sánchez, se posiciona a favor de un proceso de quita "pero con condiciones", es decir, vinculada "a la infrafinanciación y al estricto cumplimiento" de los objetivos de déficit.
Respecto a si la reestructuración choca con Bruselas, este experto dice tener dudas "que, aparentemente, se disiparon cuando el Gobierno abrió esa puerta".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral