Una sentencia difícil de digerir 

La semana en que la ciudad de Valencia ha sido sede del Congreso de la Unión Internacional de Abogados (UIA), a la que han asistido más de 1.200 letrados de todo el mundo, los valencianos hemos visto con estupor cómo Vicente Sanz era condenado en sentencia firme a pagar una multa de 15.000 euros, además de a indemnizar a sus víctimas y no acercarse a ellas durante cinco años. Sanz es un acosador y abusador sexual confeso que estaba procesado por hechos gravísimos que incluían lo que eufemísticamente se llama acceso carnal, por los que el fiscal pedía para él casi 21 años de prisión, y las acusaciones, hasta 24 años.

Los 15.000 euros de multa es menos de lo que recibió como indemnización tras ser despedido del ente público RTVV, donde nunca fue expedientado por su deleznable conducta. Una sentencia que, a primera vista, le hace a uno perder la confianza en el sistema judicial.

El desenlace fue sonado, pero aquí va un resumen para quien lo desconozca: El día del inicio del juicio, las partes llegan a un acuerdo por el cual las acusaciones (las víctimas, los sindicatos CCOO e Intersindical Valenciana y el Ministerio Fiscal) y la Generalitat como responsable civil subsidiaria presentan una propuesta de hechos probados –de los que excluyen los más graves (artículo 181.4 del Código Penal)- junto una petición de condena, que Sanz acepta. También acepta la condena la Generalitat, en nombre de RTVV, como responsable civil subsidiaria. La vista oral no se celebra y la Audiencia Provincial dicta sentencia, que es firme.

Como uno no puede ponerse en la piel de las víctimas, tres trabajadoras de RTVV que sufrieron durante años los abusos del jefe de Recursos Humanos, intenta ponerse en la de la fiscal y en la de los responsables de los sindicatos y la Generalitat para digerir el fallo.

Es comprensible que las víctimas no quisieran revivir en la vista oral el sufrimiento de aquellos años, que aceptaran la ridícula condena con tal de cerrar de una vez un lustro de proceso judicial con la satisfacción de la victoria sobre el abusador, que tuvo que admitir los hechos -él dirá que para evitar el juicio-, y la indemnización correspondiente, 210.000 euros entre las tres. Pero para la sociedad es un cierre en falso que no se puede considerar una victoria, sino un fracaso. Un mal ejemplo para quienes abusan sexualmente de empleados/as a su cargo y, quizá, un freno para quienes los sufren y estén pensando denunciarlo. Si todos los hechos denunciados en su día eran ciertos, un acosador que merecería estar en la cárcel anda suelto. 

Lo lamentable es que el Código Penal prevea penas tan bajas para delitos tan graves

Quienes saben de leyes y procesos afirman que las sentencias de conformidad son habituales, aunque no en delitos tan graves. De hecho, no están previstas para delitos cuyas penas superen los 6 años de cárcel, de ahí que en el acuerdo final de este caso se omitieran los hechos más graves. ¿Debería la fiscal, en interés de la sociedad, haber insistido en castigar como se merece al abusador aunque las víctimas se conformasen con menos? Quizá, pero es muy difícil contrariar a las víctimas en este tipo de procesos, ya que su colaboración es imprescindible para conseguir la condena. De hecho, tenían que probar que los abusos más graves se habían producido, algo nada sencillo. ¿Podían haber pactado una condena mayor? Siempre se pacta la mínima. Lo lamentable es que el Código Penal prevea penas tan bajas para delitos tan graves.

A los sindicatos tampoco se les podía pedir que se opusieran a la voluntad de las víctimas, pero sí que intentasen convencerlas de que no pactaran. Desconozco si fue así. Y en cuanto a RTVV, su papel ha sido tan lamentable en este caso, que poco se puede objetar a que la Generalitat no hiciese sino admitir la responsabilidad civil subsidiaria que habría tenido que sustanciarse en la vista oral en la que estaban previstas las declaraciones de José López Jaraba y Lola Johnson, ex director general de RTVV y exdirectora de Canal 9, respectivamente.

La denuncia de Zorío contra Peter Lim

Esta semana, otro caso que nada tiene que ver con el anterior ha hecho que algunos arrojen sospechas sobre el sistema judicial. Se trata del archivo de la denuncia del exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío contra Peter Lim, Amadeo Salvo y Jorge Mendes.

El pasado miércoles, numerosos medios de comunicación se hacían eco de una información según la cual la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias de investigación por la denuncia de Zorío presentada a finales de septiembre. La información partía del propio denunciante, que lo había anunciado mediante una nota de prensa. Bastó una llamada a la Fiscalía Provincial para averiguar que la denuncia estaba archivada, y así lo avanzamos en Plaza Deportiva a media tarde.

Algunos lectores nos hicieron llegar sus sospechas por la supuesta prisa de la Fiscalía por cerrar el caso el mismo día que se abrían diligencias. Conviene aclarar que no fue así. La fiscal encargada del caso abrió diligencias el día 5 de octubre y decidió el archivo al no apreciar ningún indicio de delito el día 21, una semana antes del comunicado y el desmentido. Lo raro es que Zorío no lo supiera el día 28, pero tengamos en cuenta que la agilidad no está entre las virtudes de la justicia española. 

LA FISCAL ABRIÓ DILIGENCIAS EL DÍA 5 DE OCTUBRE Y DECIDIÓ EL ARCHIVO EL DÍA 21. LO RARO ES QUE ZORÍO NO LO SUPIERA EL DÍA 28

En Valencia Plaza y en Plaza Deportiva no dimos mucha importancia a la denuncia y, consecuentemente, tampoco al archivo, y eso que lo segundo era una primicia. Vivimos una época en la que la mera sospecha sirve para desacreditar. Los medios hemos de andar con cuidado, y a veces no lo hacemos, porque de una denuncia que sale gratis puede surgir el titular de que la justicia o el fiscal investigan a X, manchando la imagen de alguien que solo ha sido denunciado, sin que finalmente haya una investigación.

En otras ocasiones se dan como hechos ciertos lo que no son más que informes policiales que ni siquiera han llegado a un juez instructor. O se publica que fulano se querellará contra mengano y luego la querella nunca llega, o se presenta pero se archiva rápidamente porque no hay nada, pero ahí queda el titular. Cada vez ocurre más en la política, pero también en el mundo de la empresa.

Hay mucho ruido y los medios nos sentimos utilizados. Por eso, y esto es una declaración de intenciones, en Valencia Plaza damos más importancia a lo que dicen por escrito los jueces y los fiscales. Las denuncias las valoramos en función de su contenido y nos preocupamos por saber si se han archivado o si acaban investigándose. Y cuando alguien anuncia que va a denunciar lo publicamos sólo cuando el asunto tiene enjundia, como el anuncio de Ximo Puig contra Rajoy a cuenta de la infrafinanciación, que de tanto anunciarse hemos decidido dejar de publicar hasta que se presente, si es que al final se presenta.