Puig se compromete a llevar el acuerdo "a todos los ámbitos" y dice que tras el 9 d'Octubre "estaremos bien cerca de la solución valenciana"
VALENCIA (EP/VP). El pleno de Les Corts Valencianes acordó este martes por unanimidad, aunque en una sesión con ciertas estridencias, una propuesta de resolución por la que exige al Gobierno central una reforma "inmediata" del sistema de financiación autonómica, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2014, el reconocimiento de la deuda histórica y un mecanismo para compensarla, además de la ejecución de inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat.
Una jornada de intenso debate, en el que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recibió palabras de apoyo por parte de Compromís y de Podemos, aunque en este caso con algunos matices, críticas mesuradas desde Ciudadanos y ataques notables por parte del PPCV.
Así, y pese a ciertos rifirrafes en la sesión que se prolongó casi cinco horas, la propuesta de resolución fue suscrita por los portavoces de todos los grupos parlamentarios: Isabel Bonig (PP); Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís), Carolina Punset (Ciudadanos) y Antonio Montiel (Podemos).
En concreto, el Parlamento autonómico reclama reformar el modelo de financiación, con efectos a 1 de enero de 2014, que posibilite a los valencianos "disponer de servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y protección social- de calidad" y permita el ejercicio del resto de las competencias propias, alcanzando, como mínimo, la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.
También pide el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados desde que se transfirieron las competencias a la Comunitat, cifrados en al menos 12.433 millones entre 2002 y 2013, así como el establecimiento de mecanismos de compensación de estos déficits. Finalmente, reclama más inversiones compensando la falta de los últimos años.
En la iniciativa, Les Corts destacan que los valencianos "nos hemos empobrecido, pero continuamos pagando como ricos" y critican que a pesar de que la Comunitat cuenta con el 11% de la población española, las inversiones del Estado en esta autonomía se han situado frecuentemente entre el 6% y el 7% del total.
Por todo ello, el Parlamento autonómico considera que "maltratados" a los valencianos, por "la prolongación de viejas inercias históricas, a las que se ha sumado una falta de presión reivindicativa por nuestra parte". En todo caso, los grupos parlamentarios entienden que también tienen sus "propias responsabilidades".
Sin embargo, en los firmantes del escrito se muestran convencidos de que "todo puede cambiar" para lograr "un trato justo" del Gobierno, porque existe "una total coincidencia entre todas las fuerzas políticas y sociales para acabar con esta situación". Por tanto, subrayan que "frente al victimismo insustancial y la autosuficiencia irresponsable hace falta decir basta".
En este sentido, exigen que los valencianos "no sean tratados como ciudadanos de segunda" y defienden un modelo que atienda "las singularidades de cada territorio español" y, al mismo tiempo, "garantice la igualdad entre ciudadanos".
Tras el pleno, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en declaraciones a los medios de comunicación quiso reconocer el "esfuerzo" que han hecho los grupos para llegar a este acuerdo "histórico" para una financiación "justa" para la Comunitat Valenciana. "A partir de ahora tenemos más fuerza para negociar con el gobierno de España y para pedir lo que nos toca" para "hacer viable la autonomía de los valencianos", subrayó.
Puig se comprometió a llevar este acuerdo "a todos los ámbitos" y recordó que este miércoles se firmará el acuerdo con la sociedad civil y "a partir del 9 d'Octubre vamos a comenzar una etapa en la que vamos a estar ya no en el problema valenciano, sino bien cerca de la solución valenciana", subrayó.
Durante el pleno, la portavoz del PP, Isabel Bonig, valoró que con este acuerdo el PP demuestra que está "a la altura de las circunstancias". "Hoy damos al pueblo valenciano un consenso, el que ustedes ayer nos negaron", aseguró Bonig a los socialistas.
La síndica popular destacó que la propuesta de resolución votada es "prácticamente igual" que la que el PP presentó en 2013 y señaló que sólo su grupo votó a favor. Del mismo modo, Bonig instó a Puig que, "con independencia de la financiación", tiene que "gobernar y tomar decisiones, no puede echar la culpa a Madrid y a que no tiene dinero". "Reduzca gastos y reduzca la administración", le pidió.
Por parte del grupo socialista, el diputado José Muñoz resaltó que el modelo de financiación "es clave para llegar a una España justa", mientras que el síndic de Compromís, Fran Ferri, destacó que se trata de una resolución "histórica, muy importante", fruto del consenso.
Desde Ciudadanos, la portavoz, Carolina Punset explicó que su partido ha votado a favor porque se trata de "una cuestión de Estado", pero indicó que hay partes del texto que su partido habría "enfocado de otra manera" y, por ello, anunció que presentarán una proposición no de ley para "matizar" determinadas cuestiones", entre ellas, para exigir que se acabe con los "privilegios fiscales".
Desde Podemos, Antonio Montiel también valoró el consenso en este tema "para reivindicar lo que es justo", y pidió que los presupuestos de la Generalitat para 2016 estén "a la altura de lo que ha manifestado la ciudadanía".
Al margen de la propuesta de los cinco grupos, el PP presentó otras cuatro propuestas de resolución, que fueron rechazadas por el PSPV, Compromís y Podemos, mientras que Ciudadanos se abstuvo, porque entiende que estas propuestas se deberían llevar a comisión.
En concreto, el grupo popular, tal y como explicó el diputado Rubén Ibáñez, pedía en sus propuesta que se "haga valer" el informe de los expertos nombrados por las Corts y que el Consell negocie con el Gobierno para establecer un calendario de retorno de la deuda histórica que ha sufrido la Comunitat desde las transferencias de competencias de los años 80.
En otras de sus propuestas, el PP instaba al Consell a poner en marcha un Consejo por la Transparencia en materia de financiación autonómica y control presupuestario, así como que la mayor parte de recursos que se reciban del nuevo modelo de financiación sean destinados a educación, sanidad y políticas socialista, lo que el portavoz socialista, Manolo Mata, ha calificado de "tautológico".
Del mismo modo, el grupo popular solicitaba que la Generalitat elaborara de forma "urgente" un plan anual de su deuda, lo que según Rubén Ibáñez, el PSPV debería votar a favor porque el presidente Ximo Puig "se queja amargamente de la deuda que tiene esta comunidad". Sin embargo, Manolo Mata rechazó esta propuesta y afirmó que "el Gobierno no hace otra cosa que ver cómo puede pagar la deuda".
Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà manifestó que las propuestas del PP se quedan "mucho más cortas" que la firmada de forma unánime y, en la misma línea, el portavoz de Podemos señaló que son "redundantes" y fruto de un ejercicio de "hipocresía política".