Foto: Alexandros Michailidis/EC/ DPAVALÈNCIA (EFE). Los países de la Unión Europea se darán tres semanas para desbloquear el tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto de sociedades para multinacionales, que este martes no pudo salir adelante por las reservas de Suecia, Polonia y Malta.
Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) fracasaron en su intento de sacar adelante el expediente, que debe ser aprobado por unanimidad y busca trasladar a la legislación comunitaria uno de los dos pilares acordados el pasado año en la OCDE sobre fiscalidad internacional.
En concreto, el segundo pilar del acuerdo global introduce un impuesto mínimo efectivo del 15 % sobre empresas con unos ingresos anuales que superen los 750 millones de euros, con el objetivo de frenar una competencia internacional a la baja entre jurisdicciones para atraer a más empresas.
"Si hace falta darse tres semanas más pare responder a las interrogaciones de algunos Estados miembros en esta mesa nos las daremos. Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo en el Ecofin de principios de abril", expresó al final del debate de los ministros el titular francés de Finanzas, Bruno Le Maire, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.
París había intentado acercar posturas con un nuevo texto de compromiso que abordaba los principales puntos de desencuentro: la entrada en vigor del impuesto y las dudas que genera en algunos socios que no se avance de forma paralela en el otro pilar del pacto en la OCDE: el gravamen sobre los gigantes digitales.
El documento, en particular, retrasaba un año la entrada en vigor de la directiva, hasta el 1 de diciembre de 2024, y también estaba acompañado de una declaración que reiteraba el compromiso de los Veintisiete para avanzar en el gravamen digital en cuanto acaben los trabajos técnicos en el foro internacional.
También introducía un matiz sobre otro de los puntos que generan dudas, la llamada regla de inclusión de rentas (RIR, en inglés), que permite gravar los beneficios de una filial en el extranjero si están pagando un tipo en el impuesto de sociedades inferior al mínimo.
Su aplicación sería voluntaria, según el texto francés, durante un periodo de cinco años, un cambio que permitió que Hungría y Estonia levantaran sus reservas sobre el borrador de directiva.
"Seguimos teniendo algunos problemas", dijo a pesar de todo durante la discusión pública la representante de Malta, país que considera esencial que los dos pilares del acuerdo de la OCDE sean tratados como "un paquete".
Una reticencia similar expresó Polonia, mientras que Suecia señaló que, aunque está a favor de "avanzar" con el proyecto, considera que todavía es "demasiado pronto" para cerrar el acuerdo a pesar de los avances introducidos por Francia.
Donde sí encontraron los ministros la mayoría cualificada necesaria fue en el debate con respecto al mecanismo que gravará las importaciones producidas con altas emisiones contaminantes para evitar la competencia desleal entre los productores de la UE y aquellos que fabrican en países con legislaciones medioambientales más laxas.
El objetivo es evitar la fuga de carbono, es decir, que las empresas trasladen su producción a Estados más permisivos con las emisiones, y que las importaciones de otros países den al traste con los esfuerzos de la UE en la lucha contra el cambio climático.
En este caso, únicamente Polonia se opuso explícitamente al texto adoptado, que fija la posición de los Estados miembros para negociar con el Parlamento Europeo la legislación definitiva.
No obstante, muchos Estados pidieron asegurar que este mecanismo no perjudica la competitividad de las industrias y exportaciones de la UE y es compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio, por lo que llamaron a la Comisión a analizar estos puntos.
También instaron a finalizar cuanto antes otros expedientes climáticos muy vinculados al mecanismo de ajuste, en particular, la revisión del sistema de comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono.
Además, los ministros modificaron la propuesta de la Comisión para introducir un umbral mínimo de 150 euros, de modo que las importaciones inferiores a ese valor no serán gravadas. Esto permitirá reducir la burocracia, ya que estos paquetes representan un tercio de los que llegan a la UE, pero una parte "insignificante" de las emisiones, según el Consejo.
A la reunión asistió la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, quien trasladó el apoyo de España tanto a la directiva para establecer un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades como al mecanismo de ajuste de carbono en frontera.
