ALICANTE. El juzgado de primera instancia número 7 de Alicante ha estimado la demanda de un afiliado de Nuevas Generaciones del PP de Alicante, Álvaro Alarcón, y ha condenado al Partido Popular a la celebración de un congreso extraordinario para elegir al presidente de sus Nuevas Generaciones en Alicante y al pago de las costas. La organización juvenil del PP no tiene presidente oficial desde 2015 -el último fue elegido en 2013- y ejercía Francisco Joaquín Sempere Buyolo al frente de una gestora hasta 2017, cuando presentó la dimisión.
Según los demandantes, el fallo emplea una argumentación idéntica a la que estos meses ha mantenido la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigiendo la aplicación de los estatutos de la formación para permitir la celebración de un congreso del partido, en este caso en su rama juvenil, que se mantiene intervenida por una gestora al menos desde 2016.
En el acto de juicio, acudieron a declarar en calidad de testigos el
antiguo presidente de NNGG Alicante, Francisco Joaquín Sempere Buyolo, el antiguo secretario general de NNGG, Lorenzo Lorenzo Silvestre, y el actual secretario general del PPCV, Juan Carlos Caballero Montañés. Como indica la sentencia, no acudió el representante de la organización NNGG de Alicante, que actuó bajo la dirección letrada de Manuel Villar, quien actualmente ostenta, entre otros cargos, el de concejal en el Ayuntamiento de Alicante y asesor jurídico del grupo municipal popular.
En conclusión, dice el fallo, "no resulta admisible la situación de excepcionalidad que invoca la parte demandada para justificar el incumplimiento de los estatutos o la omisión de nombramiento por elección entre afiliados. Habiendo transcurrido cerca de 9 años desde el último nombramiento de presidente por los afiliados, es evidente que la situación no resulta aceptable y que debe ser subsanada a través de la medida interesada por el actor en la demanda, medida que ya fue interesada por el actor de forma extrajudicial por vía de requerimiento notarial, lo que resulta del documento 8 de la demanda, requerimiento que a la vista está que no surtió efecto y obligó a la interposición de la demanda".
La sentencia se une a la doctrina emanada del Tribunal Supremo, en la que se condenó al Partido Popular liderado entonces por Rajoy por idénticas circunstancias, estimando que se vulneró el derecho de participación democrática de los afiliados y sienta un precedente jurisprudencial que podría desbloquear la celebración de otros congresos como el que Ayuso reclama en Madrid, dando solución por la vía de los tribunales a las decenas de gestoras que el partido mantiene en toda España en contra de sus propios estatutos, según asegura Alarcón en una nota de prensa.
