València acaba su año de Capital Verde Europea sin haber logrado las ventajas fiscales del Gobierno

VALÈNCIA. La ciudad de València acabó el martes 31 de diciembre su año como Capital Verde Europea y pasó el testigo a Vilna (Lituania), que quizá tenga más maña o suerte para conseguir de su gobierno alguna ayuda con la que llevar a cabo las actividades propias de este tipo de celebraciones. Porque València acaba su año sin haber conseguido del Gobierno las ventajas fiscales para atraer patrocinadores privados que el Ejecutivo central suele otorgar a este tipo de eventos.

Se trata de la declaración de "acontecimiento de excepcional interés público" (AEIP), regulada por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La declaración de AEIP fomenta la participación del sector privado en la celebración al ofrecer a las empresas colaboradoras un conjunto de incentivos fiscales. Concretamente, beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades para los patrocinadores y mecenas, así como bonificaciones, para el organizador, del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el IAE y el resto de impuestos y tasas locales relacionadas con el evento.

El Ayuntamiento viene reclamando al menos desde septiembre de 2023 la declaración de València Capital Verde 2024 como AEIP, pero el Ministerio de Hacienda no ha accedido a ello argumentando que tales declaraciones se tienen que incluir en una ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Lo previsto era incluirlos en los de 2024, pero el propio Gobierno renunció el pasado mes de marzo a presentar un proyecto de PGE y mantuvo prorrogados los de 2023. Tampoco hay de momento PGE de 2025, ya que el Gobierno ha vuelto a prorrogar los de 2023.

El Consistorio que preside María José Catalá pidió en varias ocasiones, la primera en marzo, después de anunciar el Gobierno que no habría presupuestos de 2024, que la declaración se aprobase mediante real decreto-ley o mediante una disposición adicional incluida en otra ley, ya que aunque los beneficios fiscales se extiendan durante tres años –de 2024 a 2026–, el hecho de poder ofrecerlos durante el año de la celebración aumentaba las oportunidades de captar patrocinadores. 

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda se ha negado, a pesar de que es práctica habitual del Gobierno aprobar normas por decreto-ley o aprovechando otras leyes que nada tienen que ver con la materia. De hecho, este Gobierno con María Jesús Montero al frente de Hacienda ha aprobado declaraciones de acontecimientos de excepcional interés público metiéndolos en leyes o decretos-ley. Así se hizo en enero de 2023 con al Bienal Manifesta 15 Barcelona 2024, –colada en un decreto-ley sobre incentivo a la contratación laboral de personas artistas–, dada "la importancia de iniciar en 2023 los preparativos para su celebración", según el texto legal.

Lo mismo para la Copa América de vela 2024 en Barcelona, cuya declaración de AEIP fue metida con calzador en septiembre de 2022 en una modificación de la ley del sector ferroviario que, además, extendía los beneficios fiscales a las empresas colaboradoras más de tres años –máximo legal–, hasta finales de 2025.

Otros ejemplos son el Año Santo Jubilar San Isidro Labrador, declarado AEIP en una disposición adicional de una ley sobre telecomunicaciones o el South Summit de Madrid, que se coló en un decreto-ley para crear un mecanismo para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista un mes antes de su celebración en 2022, cuya clausura corrió a cargo de Pedro Sánchez. Como justificación, el texto legal decía que "resulta de especial interés para el Gobierno apoyar eventos de la índole del South Summit, ya que se podrá aprovechar como un ecosistema de colaboración público-privada, generador de ideas...", por lo que "para poder maximizar este apoyo y la financiación del evento, los mecenas del South Summit 2022 deben poder acogerse a los beneficios fiscales previstos en la Ley 49/2002".

El Congreso de los Diputados aprobó en junio una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a aprobar la AEIP, con los votos a favor de PP y PSOE, pero el Ejecutivo ha hecho caso omiso. 

En una respuesta parlamentaria escrita a varios diputados valencianos del PP emitida en septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica excusaba la ausencia "por motivos de agenda" de la vicepresidenta Teresa Ribera en la Valencia Cities Climate Week, el principal evento del año de la capitalidad, y afirmaba que, una vez "decaídos" los PGE de 2024, "es voluntad del Departamento continuar promoviendo los trámites para la declaración de Valencia Capital Verde Europea 2024 como acontecimiento de excepcional interés público, para lo que resulta esencial el compromiso del gobierno municipal de proseguir con el mismo grado de ambición los proyectos expuestos a la Comisión Europea encaminados a cumplir objetivos y metas para alcanzar una ciudad más sostenible, saludable, resiliente y adaptada al cambio climático". Hasta hoy.

Ni un euro de ayuda

Esas prisas por otorgar beneficios fiscales a los patrocinadores de otros eventos no las ha tenido el Gobierno con la Capital Verde 2024 de València, a la que además no ha aportado ni un euro de ayuda para colaborar en su celebración. Tampoco ha estado apenas presente, ya que a la inauguración hace un año acudió la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la valenciana Diana Morant, pero no la entonces titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que envió un vídeo.

Ni Ribera ni su sucesora desde el 25 de noviembre, Sara Aagesen, han asistido a ningún acto de los celebrados durante el año de la capitalidad verde. Sí lo ha hecho el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Aún sin incentivos, el Ayuntamiento de València ha contado con patrocinadores o colaboradores, entre los que están, según figura en su página web, AsoPMR, Bioparc, Cajamar, FCC, Fundación Aguas de Valencia, Global Clean Energy, Kiwa, Mercadona, Naturgy, Power Electronics o PowerCo.