València aprueba cláusulas 'antifraude' para sus contratos 'a dedo' de los fondos europeos

VALÈNCIA. Una de las preocupaciones de los organismos de control y fiscalización son las posibles irregularidades que puedan darse en la gestión de los fondos europeos Next Generation. De ahí que las instituciones estén aprobando planes antifraude para evitar que se den situaciones en los procesos de contratación. Unas dinámicas a las que no es ajeno el Ayuntamiento de València, que este viernes dará luz verde a unas nuevas instrucciones para realizar contratos menores -sin concurso- de proyectos financiados con los Next Generation.

El contrato menor es una fórmula ya contemplada en la ley que permite hacer encargos pequeños directamente a una empresa, sin concurso ni publicidad hasta un determinado límite de dinero por contrato. Así pues, entre las obligaciones que marcan las nuevas normas internas del consistorio para este tipo de contratos, se incluye la obligación de evaluar los posibles riesgos de fraude en la contratación.

La concejalía deberá así hacer "una evaluación del riesgo de fraude, corrupción o conflicto de intereses aplicada al contrato" y tener "un procedimiento para abordar conflictos de intereses y fraudes" llegando a verificarse que "la ausencia de doble financiación". También deberá reflejarse que el Ayuntamiento ha "definido y planificado la selección del contratista" y la ejecución del contrato, así como que el servicio contratado no sea una "necesidad cíclica, recurrente o estructural", que requeriría de una licitación.

En ese sentido, aunque el Ayuntamiento ya aprobó hace varios años la obligación de las concejalías de pedir al menos tres presupuestos a empresas diferentes para celebrar un contrato menor, sin concurso público, las instrucciones para el caso de los Next Generation lo subrayan: "Se deberán solicitar al menos tres ofertas en todos los contratos, independientemente de su valor estimado, debiendo quedar debidamente acreditado en el expediente".

Pero además, será preceptivo adjuntar unos "breves pliegos" donde se recojan las obligaciones técnicas que deben cumplir las empresas contratistas, algo que hasta ahora no ocurría con tanto detalle. Y deberá también incluirse en el expediente una declaración de "ausencia de conflicto de intereses" firmada por el jefe de servicio de la concejalía e incluso por el propio concejal del área en cuestión, así como por los técnicos que hayan redactado los pliegos mencionados.

El objetivo de todo ello -según la propuesta de acuerdo que eleva el vicesecretario general del Ayuntamiento, habilitado nacional, José Antonio Martínez- es "dotar de seguridad jurídica a la actuación administrativa" en la contratación de los proyectos financiados a cargo de los fondos Next Generation. Y se hace después de que el pasado mes de marzo, el gobierno municipal aprobara también el paquete de medidas antifraude general para todos los proyectos de este programa que obliga el Ministerio de Hacienda.

Asímismo, el Ayuntamiento de València, mediante la concejalía de Transparencia que dirige Elisa Valía, firmó un convenio con la Agencia Valenciana Antifraude que obliga a probar "medidas antifraude" para reforzar que los fondos europeos de este programa "se han utilizado de conformidad con las normas aplicables" respecto a "prevención, detección, corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses".