València buscará bufetes para reducir el riesgo legal de sus empresas tras el fraude de la EMT

VALÈNCIA. El fraude perpetrado el pasado mes de septiembre por parte de unos estafadores anónimos contra la EMT de València ha puesto el foco en la necesidad de mejorar los protocolos de la administración municipal y especialmente en su sector público. No ha sido el único ataque registrado. Poco tiempo después del ataque a la empresa municipal de transportes se registraron más intentos de ciberestafa similares en el consistorio del 'cap i casal'. En este contexto, el Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra con el propósito de reducir al máximo los riesgos legales de sus entes dependientes. Y para ello precisará el asesoramiento de despachos y gabinetes externos.

A raíz de la mencioanda estafa, en octubre, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción que obligaba a establecer unos protocolos de control en todos los organismos municipales así como a la implantación del llamado compliance penal en todos los entes dependientes. Esta es una herramienta de gestión que permite a una empresa u organización poseer un mayor control y una mejor visibilidad sobre su funcionamiento.

Y lo que es más importante, en casos de posibles delitos perpetrados por la empresa en cuestión, el compliance serviría para avalar ante cualquier autoridad que se habían tomado las precauciones necesarias conforme a un estándar, demostrando así su compromiso con la buena praxis en la administración y con la legalidad. Este sistema cuenta cada vez con mayor implantación en el sector privado. Ahora, el consistorio se pondrá al día con motivo del fraude y reducirá así los riesgos legales en su sector público.

Sin embargo, no será una tarea fácil. El diseño de este programa y su tramitación puede durar años. Por el momento, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ya se ha reunido con expertos en la materia para conocer cómo se debe aplicar el compliance. La intención del ejecutivo local es elaborar un reglamento general a modo de normativa marco para todo el consistorio que recoja las directrices a las que, más tarde, cada uno de los entes dependientes del Ayuntamiento deberá acogerse obligatoriamente.

La Mesa de Armonización y Homologación del Sector Público Local, un órgano del Ayuntamiento conformado por altos funcionarios, será la encargada de aprobar este reglamento. Ahora bien, según explicaron fuentes municipales, la intención es sacar a concurso público el servicio de asesoramiento y de acompañamiento en la elaboración de este plan, dada la tecnicidad de este tipo de planes y la precaria experiencia en el consistorio para su implantación. Así, bufetes, despachos y otros expertos podrán asesorar al consistorio en esta materia.

Se tratará, como se ha dicho, de un documento marco. A continuación las empresas mercantiles dependientes del consistorio -como por ejemplo la EMT o Aumsa- tendrán que sacar sendas licitaciones para la elaboración de su compliance penal, cuyos pliegos técnicos y administrativos deberán regirse por las directrices aprobadas por el consistorio. En el caso del resto de entes que no sean empresas mercantiles, bien sean fundaciones, organismos autónomos, o entidades públicas empresariales, se estudia que sea el consistorio quien se encargue de la licitación.

Se parte de cero y hay que construir el sistema prácticamente desde cero. Es por tanto un procedimiento administrativo farragoso y lo previsible es que, tal y como admiten en el equipo de gobierno municipal, se dilate en el tiempo. Con todo, no se ha fijado un plazo temporal.

Más protocolos de control

La aplicación de programas compliance no es el único cambio que se introducirá con a partir del fraude de cuatro millones acaecido en la EMT. Además, según explicó Vilar en diciembre, la mencionada Mesa abordará también la decisión de "establecer protocolos y mecanismos económico-financieros de comprobación de pagos, facturas, arqueos, conciliaciones bancarias y firmas mancomunadas". "Un protocolo con un conjunto de medidas y metodología para el funcionamiento financiero de todos los organismos periféricos del Ayuntamiento", aseguró entonces.

Y es que, huelga recordar, si bien la empresa municipal de transportes que dirige Giuseppe Grezzi (Compromís) arguye que fue una empleada la que se saltó los protocolos internos de pago a proveedores, lo cierto es que la oposición y el PSPV han insistido en criticar que dichos protocolos no estaban correctamente definidos, lo que habría facilitado la consumación de la estafa. Ahora, se quiere evitar futuros fallos de los protocolos internos no sólo en la EMT, sino en el resto del sector público local de la ciudad.