València cambia el pago por enganche por una 'tarifa plana' a la contrata de la grúa

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València por fin ha adjudicado el servicio de recogida de vehículos en la vía pública, comunmente conocido como el servicio de grúa municipal, una de las contratas importantes del consistorio que desde 2017 se encontraba en situación irregular. El gobierno municipal aprobó este viernes la adjudicación del contrato a la única firma que se había presentado al concurso, la compañía Trans-asistencia La Chica.

Entre otras novedades, el nuevo contrato incluye un pago mensual fijo a la empresa, a diferencia del sistema de pago por enganches que fijaba el anterior contrato y que había traido problemas por falta de rentabilidad para la concesionaria del momento. El contrato se ha adjudicado por más de 9 millones de euros, con una 'tarifa plana' mensual de 300.000 euros.

La contrata, que depende de la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por el edil socialista Aarón Cano, dispondrá de 250 plazas para albergar vehículos adicionales, así como otros 50 plazas de rotación; 14 para motos adicionales y vehículos de movilidad personal y 5 para vehículos con etiqueta ECO.

Hay que recordar que la empresa adjudicataria de podrá retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), fundamentalmente patinetes eléctricos, además de los vehículos habituales. Algo que hasta ahora no podía hacer. De esta manera, se adapta el servicio a la actual realidad de la movilidad de la ciudad, en la que patinetes de todo tipo han inundado las calles y los carriles bici, y a la nueva ordenanza de movilidad.

La adjudicación supone poner fin a la interinidad de la anterior contrata tras cinco años. Y es que en los últimos ejercicios, el consistorio ha tenido que lidiar con varios problemas relacionados con el contrato de la grúa adjudicado en 2014, con el PP todavía en el gobierno. Entonces, la licitación dio como adjudicataria a la unión de empresas Pavapark-Auplasa. Pero las previsiones económicas que se habían hecho en el contrato no se cumplieron: se preveían 6.000 retiradas de coches mensuales, pero a la postre no llegaban a las 3.000. 

Por ello, la UTE alegó falta de rentabilidad para solicitar el cambio de las condiciones. Pero el consistorio se negó, ya con la edil Sandra Gómez al frente de la concejalía, lo que llevó a la empresa a reclamar la resolución del contrato. Explicaban las empresas que el Ayuntamiento había "impuesto como nuevo principio de su política de movilidad" el criterio de "la grúa amable" -menos agresiva, y que conllevaba menos gasto para el Ayuntamiento-, "con las graves consecuencias" económicas, insistían las adjudicatarias.

El asunto acabó en los tribunales y el Ayuntamiento ganó, si bien las compañías recurrieron. Pero ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso: el Ayuntamiento resolvió el contrato con una indemnización para la empresa de 2,5 millones de euros y debía sacar un nuevo concurso, pero hasta que se adjudicara de nuevo, el servicio continúa prestándolo la UTE fuera de contrato y percibiendo un abono mensual de 360.000 euros. Y según la Agencia Valenciana Antifraude, muy por encima de lo que debería percibir.

Antifraude considera "acreditado" que la compañía que ha gestionado la grúa "ha obtenido unos beneficios" extracontractuales de más de 614.000 euros desde 2017. De hecho, como publicó este diario, el organismo que dirige Joan Llinares instó al Ayuntamiento de València a revisar estos pagos injustificados de dinero que nunca debió haber salido de las arcas municipales. El Ayuntamiento acabó rechazando esta reclamación de Antifraude.