Apartamentos turísticos. Foto: VPVALÈNCIA. La batalla de las instituciones contra el intrusismo que supone la implantación de pisos turísticos irregulares no sólo pasa por la persecución y clausura de aquellos que no cumplen la normativa, sino también por colocar filtros con el propósito de verificar los requisitos a priori. Con este fin la nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Generalitat Valenciana, que entró en vigor en 2018, permite que un Ayuntamiento como el de València fije su propio filtro.
Así, desde el pasado año, los solicitantes de licencia para establecer pisos turísticos en la capital deben pasar por el consistorio para que le otorgue la compatibilidad de usos urbanísticos. Y desde que entró en vigor la normativa, el consistorio ha recibido un total de 107 solicitudes para establecer viviendas turísticas. De ellas, se han resuelto favorablemente 30 solicitudes y se han denegado otras 24 por incumplir las normativas urbanísticas de la ciudad. El resto, 53 peticiones, todavía están en instrucción.
La antigua normativa turística autonómica únicamente exigía a los responsables de las viviendas turísticas que las registraran en la base de datos de la Generalitat Valenciana. Ahora, desde 2018, pide también este visto bueno del Ayuntamiento, que verifica así el cumplimiento de las normas consistoriales.
La regulación redactada por el Ayuntamiento de València fija que las viviendas turísticas sólo pueden situarse por encima de comercios y oficinas y por debajo de viviendas, siempre sin superar el 50% de los edificios. También en pisos superiores cuando bajo ellos no se encuentre ninguna vivienda de carácter residencial. Esta es la normativa general en la ciudad, pero hay barrios en los que se ha implantado o se quiere implantar una regulación especial, dada la elevada concentración de esta actividad en ellos.
Es el caso de el centro histórico, Ciutat Vella. Aquí rige actualmente una moratoria temporal de licencias hoteleras y apartamentos turísticos hasta que se apruebe el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP), que ultima su tramitación entre el consistorio y la Generalitat. Cuando este entre en vigor, se prohibirá la implantación de cualquier apartamento turístico ocasional. Este tipo de apartamentos es aquel que funciona como domicilio habitual de un particular -debe estar empadronado- y que este decide comercializar con fines turísticos hasta un máximo de 60 días al año.
Así, cuando se aplique el PEP, se permitirán las viviendas turísticas profesionales, situadas en bloques exclusivos para esta actividad, aunque habrá limitaciones. Sólo en la zona de Sant Francesc (delimitada entre la calle Colón, la avenida del Oeste, y la calle de la Paz aproximadamente) se permitirá la mencionada tipología.
En el barrio marítimo del Cabanyal también está pendiente la aprobación de su propio Plan Especial, el PEC. En él se distinguen tres áreas que restringen en diferente medida la presencia de pisos turísticos en relación a la manzana. Así, en la zona interior del Cabanyal sólo podría haber un 10% de pisos turísticos por manzana, mientras que en primera línea de playa, hasta un 30% y un 40%. Sin embargo, más tarde el área de Urbanismo que dirigía el socialista Vicent Sarrià aseguraría su intención de reducir estas cantidades y endurecer así las limitaciones.
En ocasiones, la actividad turística desarrollada en un piso produce alguna que otra molestia al vecindario. No es extraño que residentes cercanos llamen a la Policía Local para advertir de actitudes poco cívicas e incómodas. Los agentes policiales son los que, además de ir detrás de los pisos turísticos irregulares, deben atender las quejas que brotan a los alrededores de estos negocios. Ahora, en la llamada de aviso que realizan los vecinos, la Policía intenta esclarecer si las molestias están producidas por un piso turístico o no.
En total, en 2018 la Policía Local de València registró 78 quejas o llamadas vinculadas con apartamentos turísticos. Hasta mitad deste año, ya son 48. "Es difícil saber si están relacionadas o no con los pisos turísticos", explican fuentes municipales, puesto que "una denuncia por ruido puede estar motivada por otro vecino". En este caso, aseguran las mismas fuentes, "las denuncias conllevan una inspección para acreditar si se trata de molestias entre vecinos, si existe un apartamento turístico clandestino o si es un apartamento turístico legal pero molesto".
