La alcaldesa de València, María José Catalá, junto al jefe de la Policía Local de la ciudad, José Vicente Herrera, en una imagen reciente. - Foto: Rober Solsona - Europa PressVALÈNCIA. (EP) El Ayuntamiento de València dará de baja en el padrón municipal a quienes estén inscritos en él tras haber okupado de manera ilegal una vivienda y ofrecerá atención y asesoramiento a las personas que hayan accedido a un inmueble sin permiso de sus propietarios siempre que se acredite que se ha hecho por "necesidad social".
Así lo ha indicado este martes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir en el consistorio al presidente de la Diputación de Alicante y próximo jefe del Consell, Carlos Mazón.
Catalá ha mostrado, preguntada por las políticas de vivienda que acometerá el nuevo ejecutivo municipal que preside y las oficinas antiokupación que ha anunciado, su idea de combatir la okupación ilegal de casas con tres instrumentos: esas oficinas, encaminadas a "trabajar con diálogo y a asesorar a las comunidades de propietarios" con inmuebles ocupados; una unidad de la Policía Local destinada a trabajar en este ámbito; y la decisión de "dar de baja en el padrón municipal" a quienes okupen un inmueble.
María José Catalá ha comentado que las citadas oficinas se implantarán como "un servicio para que las comunidades de propietarios tengan toda la información en caso de que tengan alguna persona okupando una vivienda en su comunidad y que genere problemas de convivencia".
Asimismo, ha precisado que estarán "totalmente coordinadas con la unidad de la Policía Local" que se va a "recuperar para trabajar en esta materia", según ha dicho, una cuestión "importante para todos los valencianos". "La okupación irregular es una cuestión que para el PP es una tema a combatir legalmente y formalmente con todos los medios que tengamos", ha expuesto la responsable municipal.
Catalá ha apuntado que tiene "muy claro que hay competencias que son del Estado, como endurecer las sanciones en el Código Penal", pero ha añadido que "todo lo que dependa del Ayuntamiento ha de hacerse" y ha citado como "ejemplo dar de baja en el padrón a las personas que están okupando irregularmente una vivienda". "Ahora se va a dar de baja al okupa en el padrón", ha insistido.
No obstante, la alcaldesa ha matizado que los casos de okupación que responden a una necesidad social" se trabajará "con los servicios sociales" del Ayuntamiento. Así, ha concretado que la familia que esté en esa situación de okupación "tenga todas las ayudas del mundo para tener una vivienda en condiciones y no perjudique a otra persona con legitimidad sobre su propiedad".
"En la okupación irregular pero con necesidad social" estaremos "detrás, al lado de esa familia", a la que "vamos a ayudar", ha agregado la primera edil, que ha apuntado que será necesario "acreditar esa necesidad social". Catalá ha aseverado que "otra cosa son las okupaciones irregulares que no responden a situaciones sociales", para las que no se prestará esa atención de los servicios municipales.
Preguntada por las medidas que pondrá en marcha su equipo de gobierno para hacer frente al incremento del precio de la vivienda en València, la alcaldesa ha respondido que la salida será "vivienda pública de protección oficial".
"Estamos trabajando en las promociones que en campaña anunciamos. Es muy importante poner en marcha por parte de --la empresa municipal-- Aumsa las próximas promociones en terrenos y solares municipales para ofertar vivienda de protección oficial", ha expuesto la alcaldesa, que ha considerado que "eso va a regular un poco la oferta y la demanda en una ciudad como València" donde "en los últimos ocho años apenas se ha puesto a disposición del mercado una decena de viviendas públicas".
María José Catalá ha asegurado que "diez" inmuebles "no resuelven el problema de la oferta y la demanda", pero "sí" que "ayudan a resolverlo" las cerca de mil viviendas --"ochocientas y pico en dos promociones" que plantea-- ha remarcado.
Igualmente, preguntada por si declarará zonas de la ciudad como tensionadas por los precios del alquiler ha rechazado esa opción. "Esa es la aplicación de la Ley de Vivienda en la que mi partido no está muy de acuerdo. Estamos trabajando de alguna manera, reflexionando sobre esa cuestión. Estoy convencida de que mi partido tendrá una política distinta de vivienda. Estamos valorando en este momento no hacer ese tipo de declaración", ha expuesto.
Desde la oposición en el consistorio, la portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, ha dicho, en un comunicado, que el PP está "alejado de la realidad de muchas familias y jóvenes que no pueden hacer frente a pagar el alquiler de una vivienda" y ha lamentado que rechace "iniciativas que benefician a todas las personas".
"Lo que propone Catalá es castigar con medidas ilegales, porque toda persona tiene derecho a estar empadronada cualquiera que sea su solvencia económica. También pone incluso en riesgo el derecho a voto de las personas por el simple hecho de no poder pagar el alquiler. Con estos planteamientos el nuevo gobierno del PP no hace más que demostrar su posicionamiento más ultra y reaccionario", ha señalado.
El portavoz de la coalición y exalcalde, Joan Ribó, ha considerado un "grave error" del PP renunciar a topar los precios del alquiler en València y ha precisado casi el 80% de las viviendas okupadas pertenecen a bancos o fondos de inversión. "Nos da la sensación de que el PP está pensando solo en estas grandes empresas o ha hecho caso a la propaganda de determinadas agencias de seguridad y de extrema-derecha", ha manifestado.
Por su lado, la portavoz del PSPV-PSOE y exvicealcaldesa, Sandra Gómez, ha censurado que Catalá asuma "el discurso de Vox también en vivienda" y haya "abandonado a las familias y a quienes más dificultades tienen para acceder a la compra o al alquiler, como los jóvenes". Ha considerado una "cortina de humo" las oficinas antiokupas y ha apuntado que el "problema real" es "poder acceder a una vivienda".
Gómez ha instado a la alcaldesa a "ser valiente y aplicar la Ley de Vivienda para declarar la ciudad zona tensionada", a la vez que le ha invitado a "ponerse del lado de la mayoría y no de la minoría que representan los bancos, las entidades financieras y quienes más recursos tienen".
