VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València podrá ceder la antigua base del Alinghi en la Marina al servicio de empleo de la Generalitat Valenciana, Labora. Pero lo tendrá que hacer como máximo hasta 30 años, y no se podrá prorrogar el plazo hasta los 50 como había aprobado en un principio el gobierno municipal.
Es la conclusión a la que ha llegado uno de los secretarios del consistorio después de que el grupo municipal del PP presentara un recurso a la cesión de este enclave aprobada por el ala de Compromís del ejecutivo local, con el rechazo del PSPV. Concretamente, se había dado luz a la cesión de la planta baja y la primera planta del edificio -casi 2.100 metros cuadrados- para los próximos 30 años con posibilidad de prorrogarlo por periodos de cinco años hasta los 50.
El secretario municipal estima parcialmente el recurso de los populares, que alegaban entre otras cosas el incumplimiento de la normativa en cuanto al plazo de cesión. Así, la ley permite la cesión de este tipo de inmuebles hasta los 30 años, pero "sin hacer alusión a las posibles prórrogas, ni siquiera de forma excepcional". Una consideración que obligará al equipo de gobierno a "corregir el acuerdo, así como el borrador del contrato", según explica la propuesta de acuerdo suscrita por el habilitado.
Sin embargo, el secretario cierra la controversia generada en torno a la falta de concurrencia para la adjudicación de este espacio y el bajo coste que supondrá para la administración autonómica el alquiler del enclave. En ese sentido, hay que recordar que Labora abonará casi 4.700 euros al mes, un 40% menos de lo que abonaría una empresa, al ser el inquilino un ente público.
En ese sentido, el acuerdo desestima estos argumentos y señala que el precio no se ha fijado con un precio de mercado por "las peculiares circunstancias del emplazamiento del edificio", en La Marina de València, donde hay usos y actividades exclusivas y excluyentes al margen del resto de la ciudad, y que "los únicos datos económicos disponibles de alquileres son los que hasta ahora ha realizado el Consorcio Valencia 2007", que son los que se han tenido en cuenta.
En cuanto a la falta de concurso público, como sí se ha producido en la adjudicación de otros espacios de La Marina, el secretario alude a "la peculiar naturaleza de la entidad que solicita el aprovechamiento privativo". Esto es, que es un organismo administrativo de la Generalitat Valenciana, por lo que la ley permite adjudicar el espacio "directamente o por concurso".
Tras conocer la resolución del recurso, la edil del PP Paula Llobet aseguró que la concesión está "llena de despropósitos por la opacidad y oscurantismo del alcalde Ribó". En ese sentido, criticó que haya sacado adelante un acuerdo "sin consenso ni con sus compañeros de gobierno", lo que demuestra a su juicio "que sigue siendo un sectario que no piensa en los intereses de los valencianos sino de su partido".