VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros a los pisos turísticos ilegales y pedirá al Consell las competencias para poder sancionarlos. El gobierno municipal, dirigido por la alcaldesa, María José Catalá, activará de este modo una nueva herramienta para impedir la aparición de apartamentos ilegales en la ciudad.
El anuncio, realizado por la propia alcaldesa en el Debate del Estado de la Ciudad, se basará en diferente normativa que, entiende el gobierno local, le faculta para poder hacerlo. Así, aunque la Ley de Bases de Régimen Local señala como competencia propia del municipio el abastecimiento de agua potable como obligatorio, fuentes del ejecutivo señalan que "de ahí no puede deducirse que se trate de un servicio público de prestación incondicionada, sino que la propia normativa sectorial permite condicionar su prestación a determinadas condiciones".
"En concreto, entendemos que la legislación permite ordenar a una empresa concesionaria (que puede ser una empresa mixta) la suspensión del suministro de un servicio público a una vivienda turística que carezca de título habilitante", aseguran desde el gobierno, donde explican que "siempre" se respetarán los derechos de los propietarios con un procedimiento previo de restauración de la legalidad urbanística que ordene el cese de la actividad.
Desde el punto de vista de la normativa urbanística, la vivienda turística está calificada como uso terciario, por lo que -señala el gobierno local- "desde esta perspectiva, al no tratarse de un uso residencial, sino terciario que supone un uso ocasional limitado a una breve estancia de tiempo (tiempo igual o inferior a diez días), el acuerdo de suspensión de los suministros no pugna con el derecho de los ciudadanos a la permanencia en la vivienda habitual".
Asimismo, recuerdan que el objetivo es "proteger el derecho a la vivienda, evitando el incremento indiscriminado de este uso terciario", que como reconoció el Ayuntamiento al aprobar la moratoria a pisos turísticos en mayo, "impacta en el precio de los alquileres; desplaza a la población debido a la terciarización; supone la paulatina desaparición del comercio de proximidad en favor de tiendas para turistas; y supone un desajuste de las dotaciones públicas al concentrase población flotante donde se contemplaba población residente estable".
Así, la normativa autonómica fija la obligación de las empresas suministradoras, que deben ejecutar la suspensión del suministro en un plazo máximo de diez días desde la emisión de la orden por parte de la administración. "Esta suspensión de los suministros solo podrá levantarse una vez que se haya procedido a la legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante notificación expresa en tal sentido de la administración a las empresas suministradoras", prosigue el decreto urbanístico en el que se basará el Ayuntamiento.
Dicho decreto añade que las compañías suministradoras de energía, agua, gas, telefonía y otros servicios han de "abstenerse de extender las redes y prestar servicios o suministros a terrenos, edificaciones, instalaciones, obras o construcciones, si no se les acredita que estas cuentan con los correspondientes instrumentos de intervención urbanística y ambiental para el uso efectivo al que se destinen, una copia de la cual exigirán de quienes les requieran los servicios y custodiarán bajo su responsabilidad".
También el Reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad de València contempla la suspensión de suministros "en todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para usos distintos de los contratados". Así, el gobierno local entiende que "si una vivienda está siendo utilizada como vivienda turística sin la correspondiente licencia o autorización, se trataría de un uso distinto al contratado, lo que justificaría la suspensión del suministro de agua". La extinción del servicio prevé entre sus causas la persistencia durante más de tres meses de alguna de las causas de suspensión; y también por el cambio en el uso de los servicios para los que se contrató.
Entre los anuncios de la alcaldesa, también destaca que el Ayuntamiento reclamará al Consell la delegación de competencias en materia de sanción de pisos turísticos ilegales, que según el nuevo decreto autonómico podrían enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros. Catalá ha asegurado, en esa línea, que la actividad irregular es "el verdadero problema y quien no cumpla esta ley en esta ciudad lo va a pagar caro".
Ha afirmado que las inspecciones de apartamentos turísticos se han incrementado un 454 % y ha detallado que en el primer semestre de 2023 hubo 48 inspecciones y en el primer semestre de 2024 ha habido 266 inspecciones. La actividad policial contra los apartamentos turísticos ilegales ha pasado de 73 actas en 2022 a 449 en lo que llevamos de 2024 y ya se han emitido 278 órdenes de cierre.
Igualmente, se ha referido a que la llegada de cruceros a la ciudad "también merece una reflexión" y ha recordado que fue la primera en "hablar de limitar y reducir la llegada de megacruceros".
Catalá ha sostenido que trabajan en "buscar un equilibrio" y por eso se va a poner en marcha un grupo permanente de trabajo de cruceros entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y el sector "para ordenar el tráfico de cruceros"
"Queremos diseñar una estrategia de sostenibilidad social y medioambiental compartida de cruceros y velar por un turismo de cruceros de calidad, buscando la desestacionalización de las escalas, la distribución del flujo de cruceristas en destino y la planificación", ha detallado.
Por eso, ha indicado que van a "priorizar aquellos buques que utilizan València como puerto base, es decir, que hagan noche en la ciudad y, por tanto, que generen un mayor impacto económico".
"No habrá atraques de cruceros simultáneamente al día, salvo circunstancias excepcionales, y vamos a apostar por aquellos que sean menos numerosos en pasaje, pero que tengan un mayor impacto económico en la ciudad", ha dicho y ha recordado que el turismo es "a fuente de ingresos de miles y miles de personas en esta ciudad" pero que hay que "tomar medidas para buscar un turismo de calidad".